Ha causado revuelo la revelación de no desagregación de gastos de varios proyectos de infraestructura en el país dentro del Presupuesto General de la Nación, así como la incertidumbre relacionada con la no asignación de 13 billones de pesos.
Estos problemas de presupuesto, revelados esta semana por Portafolio, han venido acompañados por situaciones puntuales que han derivado en salidas de varios funcionarios del Gobierno, como el caso de Jorge Iván González del Departamento Nacional de Planeación.
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El analista económico Ricardo Ávila, en un análisis para EL TIEMPO, argumenta que la eliminación de los gastos discriminados habría sido decisión de la Casa de Nariño, «que derivó en la eliminación de 108 rubros que no quedaron discriminados, por un valor cercano a los 13 billones de pesos y que acabaron en una partida global«.
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Y agregó: «¿Qué pasa con la suma que quedó en el aire y equivale a algo más de una séptima parte de los recursos pertenecientes a la inversión pública en 2024? La respuesta no está clara todavía, pero sí parece que una gran cantidad de obras de infraestructura –donde está el grueso de los recursos en veremos– que van desde las autopistas de cuarta generación hasta la construcción del metro de Bogotá habrían quedado en el aire«.
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El experto asegura que el hecho generó discordia dentro del Gobierno, las cuales derivaron no solo en la ya citada salida de González del DNP, sino también la del subdirector de la entidad y la coordinadora del grupo de asuntos jurídicos de la Dirección de Presupuesto en el Ministerio de Hacienda, entre otras personas.
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Frente a la situación, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, citado por EL TIEMPO, afirmó que «entre todo lo sucedido hasta ahora, este es el mayor atropello que ha cometido el Gobierno«, y agregó que esto «desconoce la ley y acaba con la obligación de honrar no solo lo que se aprobó en el Capitolio, sino los contratos suscritos por la Nación, lo cual es una especie de default o incumplimiento de varias deudas«.
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Juan Camilo Restrepo, ex ministro, sostiene que «esto nace de la creencia de Petro de que él puede ser un reyezuelo en materia presupuestal, para darles garrote a unos y beneficios a otros«.
Ante la situación, funcionarios de Planeación Nacional, Hacienda y Presidencia se han reunido en la Casa de Nariño para encontrar una solución.
Entre tanto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que «no hay ninguna opacidad en el Presupuesto«; resaltando, además, que hay una discusión sobre partidas globales «y qué tanto se están ejecutando los proyectos«.
Presupuesto General de la Nación.
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Agregó, además, que se desarrolló «un ejercicio de priorización que pidió el presidente para que miremos el estado en que está cada una de esas obras (que ahora no tienen asignación específica), porque necesitamos recursos para otras obras y hoy está cerrado el espacio«, admitiendo que vendrá una renegociación de las vigencias futuras.
Tras las declaraciones de Bonilla, Juan Camilo Restrepo sostuvo que «no solo reconoce que en el Presupuesto de 2024 ahora hay partidas globales, lo que está prohibido, sino que surge un factor más de incertidumbre e inseguridad jurídica que se introduce a todo lo que tiene que ver con la infraestructura«.
Puede leer el análisis completo de Ricardo Ávila en este enlace.
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*Con información de EL TIEMPO – ECONOMÍA