En un debate contrarreloj, tanto el Senado como la Cámara de Representantes discutieron y aprobaron el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2021, que marcaría el ritmo de recuperación del país para el otro año, en medio de uno de los momentos más difíciles y determinantes para la economía colombiana.
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El monto que se aprobó el lunes en horas de la noche fue de $313,9 billones, e incluye $58,5 billones para la inversión -el aumento más alto en 12 años-, $70,5 billones de deuda y $184,9 billones de funcionamiento. El documento también contempla incrementos en sectores clave para la reactivación como salud, educación, transporte e inclusión social y reconciliación.
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Según la ponencia que se aprobó en el Congreso, educación es el rubro que tiene una mayor asignación presupuestal, con $47 billones, seguido de defensa y policía, con $39,1 billones; salud y protección social, con $35 billones; trabajo, con $27 billones, y hacienda con $19,9 billones. En ese orden, la variación con respecto al presupuesto del 2020 fue de $2,7 billones, $3,7 billones, $3,1 billones, $-4,4 billones y $7,7 billones.
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Esas inversiones, que algunas tuvieron adiciones durante las discusiones en el Congreso, son clave teniendo en cuenta que el plan de reactivación del Gobierno, llamado ‘Compromiso por Colombia’ tiene apuestas en dichos sectores.
“Es la primera vez en muchos años que un presupuesto de inversión pública se focaliza en una estrategia de reactivación económica y en programas de ayuda social a la población más afectada por la pandemia”, afirmó Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
En ese sentido, el borrador del Conpes de reactivación que publicó recientemente el Departamento Nacional de Planeación señala que para esa estrategia, el 40% de los recursos para ‘el campo y paz con legalidad’ provienen del gasto público, seguido de las ayudas a los más vulnerables, en las que el 29% son transferencias monetarias, como las de Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Ese plan contempla $170 billones de inversiones, entre públicas y privadas, y tiene una participación mayoritaria de las empresas.
LAS MOFIDICACIONES
Si bien el proyecto de ley inicial contemplaba un monto mayor del servicio de deuda, este se redujo con el fin de aumentar la inversión a $58,5 billones.
De acuerdo con Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, los esfuerzos que se hicieron son claves, teniendo en cuenta el crecimiento en el nivel de recursos, en medio de una crisis económica que mantiene un alto nivel de incertidumbre a futuro.
“La labor de los congresistas de Senado y Cámara ha sido de destacar, nos ayudaron a replantear e identificar fuentes de recursos dentro del mismo proyecto para dirigirlas a la inversión en sectores que tanto se necesita en un momento en el que nuestra economía está resentida por todo lo acontecido en este 2020”.
Se destaca que entre las adiciones que se hicieron, se le aumentaron $469.000 millones al sector de inclusión social y reconciliación, principalmente al ICBF, para proyectos para la primera infancia y protección de los niños, niñas y adolescentes, así como al Departamento de Prosperidad Social para programas en el marco de la reactivación económica.
De igual manera, al sector de vivienda, ciudad y territorio se le adicionaron recursos por $236.000 millones para ser invertidos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), y para el programa de vivienda rural, entre otros.
A educación también le subieron $207.000 millones para 170.000 nuevos cupos del programa ‘Generación E’ y al Fondo Estampilla Prounivesidades Públicas, así como un traslado por $146.000 millones para la cofinanciación del PAE y construcción, mejoramiento y dotación de espacios de aprendizaje.
Ahora bien, como ya lo han alertado en varias ocasiones expertos y observatorios fiscales, será clave que el Gobierno Nacional tenga mayor claridad con los $12 billones que se estiman de ingresos por disposición de activos y otros $26 billones por ‘otros recursos de capital’, que suman $38 billones y que todavía no se han estipulado los mecanismos para obtener dichos recursos.
A esa preocupación se le suma que habrá una caída en el recaudo por los efectos de la pandemia, y que significará un reto para el presupuesto del 2021. Por lo pronto, se espera que el proyecto de ley sea sancionado de aquí a diciembre.
SITUACIÓN EMPRESARIAL
Paralelo al impulso que pueda dar el Gobierno para la reactivación, se espera que también el sector privado tenga una mejora de sus actividades y, según la última encuesta de expectativas económicas que hace el Banco de la República a empresarios, hay mejores proyecciones para el cierre de año.
Si bien el 62,7% de los consultados dijo que sus ventas se han reducido en los últimos doce meses, el 45,8% prevé que en el próximo año estarán mejor. Asimismo, el 15,8% considera que el número de empleados de tiempo completo que piensan contratar aumente en los próximos 12 meses.