En menos de un mes el Ministerio de Hacienda deberá presentar al Congreso de la República el proyecto para definir el Presupuesto General de la Nación del 2025 y desde ya se augura que el trámite de esta iniciativa estará rodeado por fuertes debates y de una fiscalización detenida, no solo desde el Congreso, puesto que organismos de control y centros de estudios económicos esperan que no se repitan los líos que tuvo el Presupuesto este año, revelados por Portafolio.
Así mismo, se espera que en las proyecciones de ingresos y gastos que haga el Gobierno se materialicen, por un lado, el mensaje de austeridad que ya llevó a un recorte en las partidas presupuestales vigentes, y por el otro, que se conozca cómo las autoridades financieras van a sortear la desaceleración, a la espera de la puesta en marcha de un plan de reactivación.
Presupuesto General de la Nación
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Dentro de lo que se sabe hasta el momento, por el anteproyecto que se conoció en abril para su discusión en el Congreso, es que la cifra inicialmente estimada para el próximo año es de $524,4 billones, de los cuales $325,9 irán a gastos de funcionamiento, $128,7 billones al servicio a la deuda, y $69,7 billones quedarían para gastos de inversión.
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Uno de los puntos que más llama la atención en estas cuentas preliminares es el recorte de más de $30 billones que se hizo a los rubros de inversión y que por ahora se proyecta que vayan a parar al pago de las deudas que tiene el Gobierno Nacional, dejando al país sin combustible para impulsar programas que mejoren la dinámica económica y enciendan los motores productivos, que actualmente están apagados.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público
Mauricio Moreno / Portafolio
En un estudio, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana se dio a la tarea de revisar a fondo lo que se viene para el país en materia de presupuesto y cruzar esta información con la actualización que se dio a conocer a mediados de junio del Marco Fiscal de Mediano Plazo, encontrando que las vigencias futuras aumentarán la presión fiscal en 2025.
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Estos expertos arrancan contando que para los dos años que restan de gobierno (2025 y 2026) hay asignados $46,8 billones de pesos por este concepto, de los cuales $37,2 billones son para gastos de inversión ($21,1 billones en 2025 y $16,1 billones en 2026) y los restantes $9,6 billones de las vigencias van para rubros de funcionamiento.
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana
Cortesía
“Sorprende que las Vigencias Futuras (VF) para funcionamiento, no solo no bajaron, sino que por el contrario aumentaron 47,4%, al reportar 3,3 billones adicionales. Además, específicamente para 2025, las vigencias futuras de inversión, que deberán incorporarse en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025 en los próximos meses, pasaron de $16,4 a $22,4 billones de 2023, con un crecimiento de 36,6% real”, explicaron desde Corficolombiana.
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Así las cosas, según las cuentas de este grupo de analistas, el país tendría una de las participaciones de vigencias futuras más altas de los últimos cinco años, quedando por encima incluso de los tiempos de pandemia y posteriores. Esto aumentará la presión fiscal, puesto que se trata de un componente inflexible de la inversión del Gobierno Nacional, ya que son compromisos de pago adquiridos en períodos anteriores.
“El balance de los compromisos de vigencias para 2025 revela que habrá una mayor presión fiscal en el PGN de 2025, por la inflexibilidad que ellas representan para el Gobierno Nacional. Específicamente las vigencias de inversión ganan participación dentro del total de la inversión nacional, lo que según estimaciones del equipo de Corficolombiana podrían alcanzar 42% del total destinado para este fin el próximo año”, manifestaron.
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Esta situación también reduce el margen de maniobra de asignación de los recursos disponibles para gastar en 2025 y le quita espacio al Ministerio de Hacienda para que pueda incorporar sus programas, lo cual es importante si se tiene en cuenta que el país está en un escenario fiscal que ya es retador, dados los compromisos de ajuste fiscal requeridos.
Teniendo en cuenta lo anterior, el informe de Corficolombiana es enfático en su llamado al Gobierno para que se abstenga de repetir lo que calificaron como “intentos jurídicos fallidos” para evitar los compromisos adquiridos con las vigencias que debían girarse este año, haciendo referencia a los ‘Líos del Presupuesto 2024’, que fueron revelados por Portafolio.
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“Lo sucedido con el Decreto de Liquidación del PGN 2024 y el posterior Decreto que incluyó la necesidad de recibir conformidad del Presidente para asignaciones y modificaciones de las vigencias futuras ha despertado señales de alerta entre los participantes del sector de infraestructura en el país”, recalca el reporte.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Archivo particular
Así mismo indicaron que “preocupa la incertidumbre que se generó sobre la incorporación de los pagos obligados de vigencias futuras en el PGN de 2024, dado que se consideraba que tenían una calificación de riesgo equiparable a la deuda pública nacional, y así lo valoraban los inversionistas al definir las respectivas primas de riesgo de la financiación de los proyectos”.
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Si bien la situación de caja no es la mejor y el apretón del cinturón que está haciendo el Ministerio de Hacienda compromete recursos que se podrían usar para impulsar los programas que quiere el presidente Gustavo Petro, estos analistas señalaron que tocar las vigencias futuras no es una alternativa viable, puesto que pone en juego la estabilidad financiera y la percepción de riesgo.
“Lo sucedido este año ha incrementado la percepción de riesgo de impago de estos recursos, lo que encarece la financiación de los proyectos de infraestructura que ellas respaldan. Ante la posibilidad de que el Gobierno enfrente una situación fiscal aún más apremiante en 2025 que este año, y a poco más de un mes de que se radique el Proyecto de Ley del PGN 2025, es determinante analizar anticipadamente la magnitud de los compromisos adquiridos con VF para el próximo año”, agregaron.
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Este informe cierra diciendo que actualmente hay cuatro proyectos de infraestructura 5G en fase de estructuración, con una inversión combinada en capex y Opex (capital o operación) cercana a los $10 billones, los cuales son inversiones que se traducirán en la construcción de aproximadamente 592 kilómetros de carreteras y 558 kilómetros de vías férreas, con el potencial de generar 60.000 empleos y efectos económicos y sociales significativos.
“No obstante, la viabilidad de estos proyectos no está garantizada. Las recientes dudas sobre el mecanismo de las vigencias futuras podrían encarecer la financiación y reducir el interés del sector privado en participar, lo que podría llevar al cierre de estos proyectos”, concluyeron.