Redacción
El Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación de 2022, que tendrá un monto de $350,4 billones, un aumento de $17,6 billones frente al dato de este año, que incluye adiciones presupuestales.
Las prioridades irían en línea con lo que ha planteado el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFPM) en las que plantea que habrá una política expansionista, es decir, de mayor gasto social debido a las necesidades que ha dejado la pandemia por coronavirus.
(Vea: Empresas grandes superarían ingresos prepandemia en segundo trimestre).
Eso incluye, como se plantea en el proyecto de reforma tributaria, llamado de Inversión social, en el que proponen la extensión de Ingreso solidario hasta diciembre de 2022 y del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) para este año, así como otros apoyos para impulsar los puestos de trabajo para mujeres y jóvenes.
(Vea: Aumentó creación de empresas en el país: a qué se debe el crecimiento).
De manera paralela a ese aumento de la inversión en sectores clave para la reactivación, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha reiterado en varios escenarios que habrá un recorte de gasto en el funcionamiento para tener unos recursos adicionales.
Según información del Minhacienda, los sectores con más recursos serían educación ($49,3 billones), defensa ($41,9 billones), salud ($41,2 billones), trabajo ($36 billones), hacienda ($23,9 billones) e inclusión social ($21,7 billones).
(Escuche: El abecé de la reforma tributaria 2.0 explicado por el Minhacienda).
Y si se comparan esos montos con lo que hasta ahora se tiene del PGN de 2021, incluyendo las adiciones presupuestales, el que más tendría un incremento de gasto sería hacienda, con un aumento de $9,3 billones, seguido de defensa (alza de $4,3 billones) y trabajo ($2,6 billones).
(Vea: Ganancias de los bancos llegaron a $3,96 billones, a mayo pasado).
EL ANTEPROYECTO
Ahora bien, el anteproyecto presentado en abril, y que este diario había registrado en su momento, es una recopilación de lo que las entidades del Estado y el Gobierno le solicitan a la cartera de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que a su vez las entidades se encarguen de armar el proyecto de ley y que tendrá que avanzar en el Congreso al mismo tiempo que la tributaria 2.0.
De acuerdo con lo solicitado en ese proyecto, para educación, el ministerio de esa cartera tendría el grueso del total, con alrededor de $47,3 billones.
En salud, el Minsalud tendría $35,6 billones y el resto se repartiría en entidades como el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud, y el Invima, entre otros.
Para el caso del trabajo, esa cartera ministerial tendría asignados $29,7 billones y el resto se repartiría en el Sena, la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias y el Servicio Público de Empleo.
Por otro lado, también se ve que el reglón de transporte tiene una apuesta de gasto de $15,1 billones, de los cuales se reparten en ese ministerio, el Invías, la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia de Seguridad Vial, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Unidad de planeación del sector de infraestructura de transporte.
Asimismo, el rubro de protección social tendría unos recursos que ascienden a los $11,5 billones.
Teniendo en cuenta que esos serían los datos preliminares, queda pendiente que el Ministerio de Hacienda radique el proyecto para ver cuál es la hoja de ruta del país para el próximo año, que sería electoral y clave para la recuperación de la economía.
Ese proyecto también se tendrían que tramitar y aprobar de forma paralela a la reforma. El Congreso tiene plazo máximo de aprobarlo en septiembre.
ASÍ VA LA EJECUCIÓN
Mientras se tramita el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Gobierno y sus entidades también están avanzando en la ejecución del PGN de este año.
Según el Ministerio de Hacienda, a junio de 2021, el total de los compromisos asumidos asciende a $169 billones, lo cual corresponde al 50,8% del total de la apropiación vigente, es decir los recursos disponibles.
Del total de los compromisos el 61,6% corresponde a funciona- miento, el 22% al presupuesto de inversión y el 16,4% al presupuesto de servicio de la deuda pública. Y el para el caso de las obligaciones el 66,3% corresponde a funcionamiento.
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