Redacción
El presupuesto general de la nación (PGN) para 2023 tiene poco más de dos meses para ser aprobado en el Congreso, y aunque el proyecto no ha empezado formalmente su discusión, ya ha despertado varias críticas.
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El gobierno de Gustavo Petro ha calificado de “desfinanciado” el proyecto que dejó radicada la administración de Iván Duque, que persigue un monto de $391,4 billones para la próxima vigencia fiscal. Por ello se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de modificar los plazos actuales que tiene el trámite legislativo, de modo que con los cambios de gobierno la administración entrante tenga mayor libertad en la designación de recursos para los diferentes sectores.
“Es una reforma estructural que tiene que haber. No tiene sentido que estemos discutiendo el presupuesto que presentó el gobierno pasado cuando estamos en el nuevo gobierno. Hay que hacer una reforma estructural que diga que todos los plazos para el primer presupuesto de un nuevo gobierno se haga gradualmente, de modo que se tenga más tiempo para su aprobación. Es una reforma que se debe hacer para siempre”, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
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Los plazos
Según establece la norma actual, el Gobierno debe formular anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, y este “será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura”, es decir, entre el 20 y el 29 de julio. Por esto el gobierno anterior fue quien radicó el presupuesto y no el actual.
También se tiene definido que antes del 20 de octubre a la media noche se debe dar la aprobación del PGN en el Congreso de la República, para lo cual, en primer lugar, debe pasar por las comisiones económicas (tercera y cuarta) en primer debate, y en las plenarias de Cámara y Senado en segundo debate. Finalmente, la Ley estipula que antes del 31 de diciembre el Presidente debe sancionar la Ley de Presupuesto.
Además, según conoció Portafolio, el 14 de septiembre sería la fecha máxima para que se apruebe el monto; antes del 24 del próximo mes el PGN 2023 debería quedar aprobado en las comisiones y el 1 de octubre deberían estar iniciando las discusiones en plenarias.
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Las alternativas
El centro de estudios económicos Anif emitió un comentario en el que señala que este sería “un presupuesto sujeto a cambios”, teniendo presente que “fue desarrollado bajo prioridades de gasto que podemos esperar disten de aquella del nuevo gobierno”.
La institución dijo estar a la expectativa de las modificaciones que sufra el presupuesto durante su tránsito en el Congreso de la República, y que espera “cambios importantes en el monto de inversión y en la fuente de recursos, dada la presentación de una nueva reforma tributaria que daría recursos adicionales al gobierno de turno, de ser aprobada”.
Desde el Legislativo, la representante a la Cámara por el partido Dignidad en la comisión cuarta (la de presupuesto), Jennifer Pedraza, dijo que considera acertada la propuesta de modificar las fechas de definición del Presupuesto General de la Nación en el primer año de Gobierno.
“Es absurdo que las prioridades de gastos, de inversión y distribución la defina un gobierno saliente, porque precisamente la gente votó por un cambio que se ve reflejado en distintas distribuciones presupuestales”, dijo Pedraza.
Frente al cronograma, aclaró las fechas anuales de las entregas están especificadas por medio de decretos, “como el Decreto 1068 de 2015 donde se establece que en el mes de abril se debe enviar el anteproyecto al Congreso. Estos son decretos que puede modificar el Ejecutivo y se vuelve necesario para no generar este choque de trenes cada cuatro años”.
El senador Gustavo Bolivar, presidente de la comisión tercera de Senado, aseguró que “hay tres caminos. Aceptar ese monto y hacer una redistribución interna; el segundo es devolverlo para que el gobierno lo vuelva a presentar porque está desfinanciado y ahí no se necesitaría una reforma tributaria sino una ley de financiamiento”.
La tercera opción, dijo, es que “con algunos ingresos sobrevivientes, como por ejemplo los del petróleo, algunos excedentes que está presentado el recaudo, pudiéramos por el camino hacer una refinanciación del presupuesto sin necesidad de verlo ahora”.
Desde la oposición, el representante por el Centro Democrático ante la comisión cuarta, Christian Garcés, dijo que “la idea podría sonar bien, sin embargo, sería necesario modificar la Constitución en varios aspectos, y podría causar enredos en nuestra arquitectura institucional”, y defendió que la presentación del presupuesto obedece a un ‘criterio de planeación’, lo que se radica, es fruto de un trabajo técnico y de análisis, que comienza desde febrero”.
Adicionalmente, el representante de la oposición Garcés reiteró que el PGN, por mandato constitucional, debe corresponder y garantizar los recursos para el Plan Nacional de Desarrollo, que tienen un desfase también, pues el Presidente entrante termina de ejecutar el plan del Presidente saliente.
Así están los montos del proyecto del PGN
El proyecto radicado el pasado 29 de julio persigue un monto total de $391,4 billones, de los cuales el 64% ($250,6 billones) irián a gastos de funcionamiento, $78 billones (19,9%) al pago del servicio de la deuda y $62,8 billones (16%) a inversión. Como porcentaje del PIB, el presupuesto pesa el 27%.
De aprobarse así, el PGN aumentaría en 11,1% sus recursos; el monto de funcionamiento vería un aumento de 18,7% frente al de este año y el servicio de deuda incrementaría en 8,8% y la inversión, al contrario, caería 9,8%.
Por sectores, la mayor asignación en el proyecto de PGN son inclusión social y reconciliación, con 25,36% del total, equivalente a $15,9 billones; transporte, con $9,66 billones (15,39%); para hacienda está en $6,8 billones (10,94% del total)
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
PORTAFOLIO
