Tal y como se anunció desde su aprobación exprés en la Cámara de Representantes, la reforma pensional enfrentará una dura prueba ante los estrados judiciales, luego de que sectores de la oposición pasaran del dicho al hecho y, haciendo a un lado sus denuncias, radicarán la primera demanda formal contra esta ley por considerar que su articulado va en contra de la Constitución.
En una comunicación oficial, presentada este jueves 18 de julio, el representante Óscar Villamizar allegó ante la Corte Constitucional un oficio 1.200 páginas, en el que sostiene y demuestra desde su perspectiva, que la reforma “contraría los preceptos Constitucionales y legales que en cada caso se indica, que regulan el procedimiento legislativo para la aprobación de leyes de la República, como se adjunta en el documento a continuación”.
Aportando pruebas recolectadas durante el trámite de la pensional en el Congreso, las cuales fueron contrastadas con múltiples artículos de la Constitución, esta demanda sostiene que su petición cumple con los principios de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que pide la Ley y por tanto confían en que llegará a buen término.
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Una primera petición que los demandantes, mientras se surte el debido proceso, es que se ordene la suspensión de la entrada en vigencia de la reforma pensional, que ya fue sancionada esta semana por el presidente Gustavo Petro, puesto que si se empieza a implementar, esto podría acarrear graves consecuencias.
Sanción reforma pensional.
Cortesía – Presidencia / A.P.I.
“Su complejidad podría ocasionar que entre en vigencia antes de completar el control constitucional, lo cual podría ocasionar daños irreversibles y graves para toda la población colombiana cotizante o con expectativa de pensión”, dice la demanda, donde también se “pide completar el control posterior a la entrada en vigencia retrotraer los actos jurídicos que se causen como consecuencia de la entrada en vigencia de la ley”.
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En el texto también se observa que los argumentos con los que se pide tumbar la reforma pensional, apuntan a que esta norma infringió varias normas establecidas en la Constitución Política de Colombia, el Reglamento del Congreso de la República y las sentencias de la Corte Corte Constitucional que reglamentan el trámite de este tipo de leyes.
Así las cosas, de acuerdo con el representante Óscar Villamizar en su demanda, la aprobación de esta reforma, tal y como pasó, va en contravía de tres artículos de la Constitución, de 10 de la Ley 5, que pone las reglas de juego en el Congreso, y de los principios de publicidad y deliberación que rezan en la legislación nacional.
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“Bajo ese contexto la reforma pensional en su “fondo” inició su discusión el 13 de junio del 2024 de manera formal aprobando negando la ponencia de archivo propuesta por los representantes de oposición Betsy Pérez y Juan Felipe Corzo y aprobando la ponencia mayoritaria”, se lee en la demanda.
Con todo lo anterior sobre la mesa, la demanda plantea tres cargos que serán estudiados por la Corte Constitucional para analizar si les asiste lugar. El primero de ellos advierte que desconoció el principio de deliberación, puesto que pese a que la oposición pidió tiempo para radicar su ponencia negativa en las discusiones de esta ley, este espacio no se dio, así como pasó con la petición de que este articulado no se votara en bloque.
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“El atropello no obedeció a premura o votos apretados, solo a evitar que las minorías pudiesen ser escuchadas en sus propuestas y preocupaciones. Volviendo a la declaración unilateral de la presidencia para declarar suficiente ilustración cuando había transcurrido menos de 1 hora desde que se inició el debate de la proposición, tal es manifiestamente contraria a la ley y al principio de deliberación”, agregaron.
El segundo cargo va más de la mano con lo que se ha indicado desde diversos sectores y está relacionado con la jugada inesperada que se dio en la plenaria de Cámara, donde de manera sorpresiva se propuso aprobar en bloque lo votado en el Senado, desconociendo los avances que se tenían hasta el momento en esta ala del Congreso.
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“En ningún momento se publicó en el orden del día las ponencias correspondientes al Senado de la República o sus textos como marco de estudio del Proyecto de Ley. Lo anterior ya que el texto base de debate y votación es aquel que producen los ponentes como delimitadores del debate de acuerdo con lo reglado por la ley 5 de 1992”, explicaron.
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EFE
Por último, la demanda advierte que hay inconstitucionalidad por la “falsedad contenida en la proposición aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes”, ya que si bien se vulneran dos principios que no rigen explícitamente el trámite legislativo, sí lo hace con dos aspectos elementales del derecho, como son la “Buena Fe y la Transparencia y probidad”.
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“Aprobar una proposición y si quiera ponerla en consideración cuando tal contiene información manifiestamente falsa y que pretende subsanar aquellos que es insubsanable haciendo incurrir en error a los congresistas por parte de los proponentes y pretendiendo precaver de forma tramposa litigios de constitucionalidad son actos de mala fe”, agregó.
Dicho todo esto, la demanda pretende que se declare la inexequibilidad de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), situación que ahora entrará a ser estudiada con detenimiento por parte de la Corte Constitucional, mientras que desde ya se augura que esta discusión dará mucho debate en los próximos meses. La entrada en vigencia de esta normativa está proyectada para el 1 de julio del 2025.
