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Privado de la libertad por presunta extorsión de $50 millones a un habitante de Hato Corozal (Casanare)

Privado de la libertad por presunta extorsión de $50 millones a un habitante de Hato Corozal (Casanare)

El procesado también respondería por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Un juez con funciones de control de garantías de Sácama (Casanare) acogió la solicitud de un fiscal de la Seccional Casanare e impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de Camilo Andrés Vanegas Pérez, como presunto responsable de los delitos de extorsión agravadaporte ilegal de armas y concierto para delinquirlos cuales no aceptó.

Camilo Andrés Vanegas Pérez pertenecería a un grupo disidente de las Farc, según los informes de las autoridades.

El procesado, detenido por la Policía Nacional en el municipio de Cómbita (Boyacá), supuestamente en el año 2018 llegó a la vereda La Reserva del municipio de Hato Corozal (Casanare) y, en compañía de otras 3 personas, le habría exigido a un habitante de esa población el pago de 50 millones de pesos para evitar su secuestro por parte de integrantes de un grupo armado.

Una vez recibida la denuncia del caso, se coordinó un plan de entrega controlada para el 17 de marzo de 2018. En ese entonces, en medio del operativo, se logró la captura de otro presunto implicado en el hecho y se obtuvo material probatorio que permitió identificar a Vanegas Pérez.

Cabe resaltar que el detenido, quien según informes de las autoridades pertenecería a un grupo disidente de las Farc, tiene otros procesos en su contra en el departamento de Arauca, por rebelión y fuga de presos.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

 

LAZL/DLBM/RLG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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