Las pertenencias hurtadas en los inmuebles fueron avaluadas en $900 millones.
Ante las evidencias y el material probatorio presentado por un fiscal de la Estructura de Apoyo durante las audiencias concentradas, un juez penal de Cali dictó medida de aseguramiento contra 5 presuntos integrantes de la banda ‘HR’ en establecimiento carcelario.
Armando Rodríguez Collazos, Jhon Brandon Valencia Ospina, José Libardo Pantoja Portillo, Alexander Camacho Espinosa y Joan Alejandro Meneses Place fueron imputados con cargos como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.
Según la investigación, la estructura criminal estaba dedicada al hurto de residencias bajo la modalidad de atraco, delinquiendo en Dapa, corregimiento del municipio de Yumbo, Buga (Valle), en Santander de Quilichao (Cauca) y en Cali, en los barrios Juanambú y Miraflores.
De acuerdo con el proceso, cuando los propietarios llegaban a sus viviendas y apartamentos eran abordados, retenidos y atádos con cuerdas, luego con amoníaco dormían a sus mascotas y procedían a saquear los inmuebles apoderándose de sus pertenencias.
La Fiscalía logró asociar diez eventos de hurtos cometidos por esta banda y los elementos hurtados fueron avaluados en $900 millones.
Los 5 asegurados fueron capturados por agentes de la SIJIN de la Policía Metropolitana durante dos diligencias de registro y allanamiento a sus viviendas. Durante los operativos fueron incautados 3 teléfonos celulares, 2 tablets, un vehículo taxi y una motocicleta.
Durante la imputación, los presuntos miembros de la banda ‘HR’ no aceptaron los cargos.
La Fiscalía habla con resultados.
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JGP/CFG/SEG/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
