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Privados de la libertad dos hombres por porte ilegal de armas en Tumaco (Nariño)

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Privados de la libertad dos hombres por porte ilegal de armas en Tumaco (Nariño)

Al acoger la solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de Luis Fernando Ortiz Villa y José Alejandro Franco Gómez, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado, en calidad de coautores. 

Los dos hombres fueron detenidos en flagrancia en la entrada al río Caunapí, vereda Santa María, en Tumaco (Nariño), donde uniformados del Gaula Ejército y Policía los abordaron, debido a que portaban armas de fuego, visiblemente.  

Luis Fernando Ortiz Villa y José Alejandro Franco Gómez fueron capturados en Tumaco, cuando al parecer portaban dos pistolas.

Durante el registro a José Alejandro Franco le fue hallada una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros con un proveedor para 15 cartuchos.  

Por su parte, Luis Fernando Villa supuestamente emprendió la fuga mientras requisaban a Franco Gómez y  se refugió en una vivienda, pero allí las autoridades le hallaron una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, con un proveedor para 15 cartuchos.  

Adicionalmente, en el registro al inmueble fueron hallados 92 cartuchos calibre 9 milímetros, 15 cartuchos calibre 7.62, un radio base y un radio escáner. Alrededor de la casa fueron hallados cultivos de coca.  

Durante las audiencias concentradas, los asegurados no aceptaron cargos.  

La Fiscalía habla con resultados. 

JGPV/JP/DLBM 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.   

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