También fue procesada la madre de la niña, de 12 años; y otras dos personas que supuestamente se ofrecieron a agilizar los trámites.
Luego de varios meses de investigación, la Fiscalía General de la Nación procesó al Comisionado de Familias del Municipio de Trinidad (Casanare), Roberth Enrique Mendoza Merchán, y a tres personas más, como presuntos responsables del caso. Delito de corrupción abusiva y corrupción por donación u oferta. Acusación aceptada por los acusados.
Según la investigación, el 20 de mayo un fiscal de la seccional de Casanare abrió una investigación contra Zuly Libeth Preciado Villarreal y Deomedes Correa Bedoya, quien presuntamente fungió como intermediario entre el funcionario y la madre de una menor, interesada en viajar con su hija de 12 años a Europa. Para ello, la entrega requería un documento oficial que acreditara que ostentaba la patria potestad.
Al parecer, Preciado Villarreal, haciendo uso de sus conocimientos de derecho, le pidió a la mujer 7.500.000 de pesos para seguir adelante con el proceso. Ella habría sido la encargada de contactar a Correa Bedoya para que aprovechara su aparente cercanía con el Comisionado de Familias y, a cambio de un soborno de 1.000.000 de pesos, entregara en tiempo récord el citado documento. El dinero restante se dividiría entre los dos intermediarios.
El trabajo coordinado entre los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar permitió la captura de los imputados durante Procedimientos simultáneos realizados el 3 de octubre en Trinidad y Yopal (Casanare) y en Bogotá.
El juez encargado de supervisar las garantías impuso medida de seguridad carcelaria a Preciado Villareal y Correa Bedoya. Mendoza Merchán deberá respetar la restricción en su domicilio, mientras que la madre del menor deberá afrontar libremente el procedimiento penal.
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La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de hechos objetivos de actualidad, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General. Al momento de la difusión de esta comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre conforme a los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política. 7 de la Ley 906 de 2004.
