Ante los jueces de control de garantías de Zarzal y Tuluá (Valle del Cauca) La fiscalía procesó a Ferney Jaramillo Martínez y Andrés Felipe Castillo López, de 59 y 21 años respectivamente. Ambos individuos son identificados como presuntos responsables de la comisión del delito de violencia intrafamiliar por hechos aislados en los municipios antes mencionados.
El primero de los casos ocurrió el 22 de enero en un despoblado del corregimiento La Paila donde se cree que Ferney Jaramillo agredió física, verbal y psicológicamente a su pareja sentimental, una mujer de 64 años.
Según la investigación, el último episodio de violencia habría implicado amenazas con arma blanca por parte del imputado. Hechos como este, al parecer, se habrían presentado desde hace dos años. Servidores del CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a Jaramillo Martínez en vía pública de La Paila.
El segundo caso se refiere a Andrés Felipe Castillo López, quien presuntamente abusó verbal, económica y psicológicamente de su abuela de 76 años y de su tío de 77, quienes son discapacitados. Estos hechos ocurrieron durante la invasión de La Playita de Tuluá.
Castillo fue capturado en el sector El Lago de Pereira (Risaralda) por la Policía Metropolitana de Pereira, en cumplimiento de una orden judicial.
Durante las audiencias concentradas, los fiscales de la Seccional Valle del Cauca imputaron a los dos imputados el cargo de Violencia doméstica y violencia intrafamiliar agravada. Por decisión de los jueces, cada uno de los presuntos agresores deberá cumplir con la medida de seguridad en los centros penitenciarios.
La fiscalía habla con resultados
TARJETA/MAGA/SMLR/
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
