En el marco del seminario Regional de derecho disciplinario desarrollado en Santa Marta la Procuradora General, Margarita Cabello, destacó la importancia de este evento, para conocer retos, modificaciones, el impacto y el alcance de la reforma al Código General Disciplinario en Colombia.
Más de 300 asistentes entre personeros, servidores de la Procuraduría, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de las oficinas de control interno disciplinario de las entidades territoriales participaron en esta eventualidad en donde la Jefe del Ministerio Público resaltó que este evento es de altísimo valor para la sociedad colombiana.
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Además, la procuradora se encargó de escuchar a diferentes personeros del Magdalena, con el fin de conocer a fondo sus necesidades, enfatizando en que el ministerio público, buscará soluciones para sus problemáticas, entendiendo la diversidad de situaciones que existen en el departamento del Magdalena.
En su intervención, destacó que la sanción disciplinaria tiene como objetivo reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico en el país, “pues ningún servidor público (incluidos los de elección popular) podrá estar por encima de la Constitución Política y el imperio de la ley, pues esa particular forma de pensar solo puede tener sentido en regímenes totalitarios o absolutistas”.
Sostuvo que Colombia es una democracia; es un Estado de Derecho y al mismo tiempo un Estado Social. “Para mantener a salvo estos tres elementos, debe respetarse y respaldarse la función de los jueces y de los organismos de control”.
Además, llamó la atención a quienes critican la función disciplinaria de la entidad: “no puede seguir pasando que, cada vez que aparezca una situación digna de ser investigada, de forma automática e irreflexiva, se descalifique a quienes constitucional y legalmente están autorizados para ejercer dicha función”.
Como jefe del órgano de control resaltó que en la función pública, hay dos males que afectan los deberes del Estado: “la corrupción y la ineficiencia administrativa; males que deben ser combatidos por ese instrumento general con que cuenta el país como es el derecho sancionador”.
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Finalmente, la Procuradora Margarita Cabello Blanco añadió qué “cuando se tienen una serie de reformas legales que inciden en la vida de los ciudadanos, en los mecanismos y el acceso a derechos fundamentales, es deber de la entidad hacer los pronunciamientos necesarios, participar y alertar en nombre de la sociedad que representa y en garantía de la defensa del ordenamiento jurídico, de los derechos fundamentales y humanos”.
