La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios no identificados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por presuntas interceptaciones ilegales («chuzadas») y seguimientos no autorizados a magistrados de la Corte Constitucional, específicamente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
La investigación surge tras denuncias de posibles persecuciones y monitoreos ilegales a miembros de la alta Corporación. El Ministerio Público indicó que revisará si los órganos de inteligencia contaban con las autorizaciones judiciales pertinentes para realizar estos seguimientos y perfilamientos. En un comunicado, la Procuraduría afirmó: “Se investigarán las denuncias hechas sobre la posible persecución de la que estarían siendo objeto los miembros de la alta Corporación, que también han denunciado seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes”.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez será llamado a rendir testimonio para proporcionar detalles sobre los seguimientos ilegales de los que habría sido víctima. La Procuraduría busca individualizar a los responsables, determinar la existencia de faltas disciplinarias y evaluar si hubo alguna causal de exclusión de responsabilidad. Además, Ibáñez ha entregado material probatorio a la Fiscalía que sugiere que los seguimientos ilegales también habrían afectado a su esposa y a los magistrados auxiliares de su despacho.
En una carta dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, Ibáñez expresó: “Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.
El escándalo ha generado un rechazo unánime entre las altas cortes del país. En un comunicado conjunto, las cortes afirmaron que estas acciones socavan la democracia y ponen en riesgo la autonomía judicial. Además, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha solicitado que se investigue si sus magistrados también están siendo objeto de seguimientos ilegales.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien se unió a la Corte Constitucional en 2020, es conocido por su pensamiento conservador y ha sido ponente en varias decisiones importantes que afectan al Ejecutivo. En 2023, presentó una ponencia que solicitaba anular los artículos de la ley de la Paz Total, la cual proporciona el marco jurídico para negociaciones con grupos armados ilegales. Aunque su ponencia no prosperó, Ibáñez ha sido una figura clave en la Corte.
La investigación de la Procuraduría representa un esfuerzo crucial para esclarecer las denuncias de interceptaciones ilegales y proteger la integridad y autonomía de la rama judicial en Colombia. La respuesta de las altas cortes y la solicitud de la JEP subrayan la importancia de esta indagación para asegurar que no se repitan prácticas ilegales que amenacen la democracia y el estado de derecho.
