Procuraduría asegura que restricciones de Ley de Garantías deben mantenerse en Código Electoral

La Ley de Garantías, ese mecanismo que impide la contratatación directa en un periodo de 4 meses antes de elecciones, debe mantenerse tal cual en la propuesta de articulado para el Código Electoral.

La afirmación la estableció el Procurador General Fernando Carrillo al enviar un concepto técnico a las comisiones que discuten el proyecto de ley, que se espera aprobado en el último tramo de las sesiones ordinarias del Congreso.

Mecanismos prohibitivos de dicha Ley, de acuerdo con Carrillo, tienen su origen en momentos en que las reglas electorales demandaban de éstos, por lo que garantizan un ‘juego limpio’ en las elecciones nacionales y locales.

Sin embargo, en pasillos del congreso, el consenso está orientado a suprimir algunos de esos mecanismos. Entre quienes apoyan este cambio se encuentran los alcaldes asociados en Fedemunicipios, dado que consideran que la Ley de Garantías restringe su marco de acción, más aún en épocas de crisis económica en donde el imperativo es reactivar la inversión pública, especialmente en infraestructura.

Ante ello, la Mesa de Observación Electoral (MOE) ha aseverado en distintas tribunas que “La reactivación no puede estar basada en mermelada”, con lo que ha llamado la atención de la opinión pública en torno a los debates del Código Electoral.

Para este organismo, suprimir los mecanismos de la Ley de Garantías, abrirían un ueco por el que pasarían corrupción, nepotismo, y otros males de la micropolítica colombiana.

La Procuraduría en su concepto enfatiza en la importancia de restricciones para evitar el favorecimiento electoral y así restringir al máximo la incidencia del estado en el juego electoral a través de la contratatación directa: “La razón es evitar que el presupuesto y las nóminas públicas se pongan al servicio de una determinada opción electoral y de esa forma garantizar la transparencia e igualdad electorales. Estas prohibiciones son necesarias y proporcionales (…) en época electoral se exige la aplicación irrestricta de las reglas de contratación, en donde es máxima la excepción de la contratación directa, en tanto está queda proscrita”.

Lo anterior, subraya, no deslegitima ciertas excepciones, basadas en criterios de seguridad y defensa del estado, pero su generalidad salvaguarda la transparencia, moralidad e igualdad electorales.

Paridad a discusión

Pese a que la discusión ha estado centrada en el 50/50 entre hombres y mujeres, en la misma comunicación, la Procuraduría advirtió que de no acompañarse de medidas efectivas para implementar este concepto lo que ocurrirá serán “simples manifestaciones no llamadas a producir efectos reales” en el funcionamiento del estado.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, luego de surtir trámites en el Legislativo, el Código Electoral debe implementarse en 2022, pero la Procuraduría ha insistido en que un cambio de esa envergadura debería contar con un tiempo prudencial entre 2024 y 2026.

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