El Metro de Bogotá parece estar sufriendo otro revés pues todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre su diseño. Además, recientemente, la Procuraduría emitió una advertencia sobre el contrato.
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Desde el Ministerio Público escendieron las alarmas por los posibles riesgos que implicarían las modificaciones al contrato de concesión de la primera línea del Metro ante la intención del Gobierno de modificar el trazado para construir un tramo subterráneo.
Según el organismo de control, los riesgos estarían dados por los impactos de las modificaciones como tener que aumentar los plazos en la ejecución del proyecto, incrementar los precios de diseño y construcción que acentúan su gravedad teniendo en cuenta la volatilidad del dólar.
La Procuraduría también señaló que existe incertidumbre por la destinación de gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado. Junto a ello, el detrimento patrimonial y las vulneraciones del precio de planeación contractual que esto generaría.
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Finalmente, genera preocupación las posibles afectaciones a la movilidad de los habitantes de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público. En consecuencia, el Ministerio Público informó que revisará los conceptos e informes en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión del metro.
Gobierno y Alcaldía harán mesas de trabajo para analizar futuro del metro
El pasado miércoles 25 de enero se realizó una reunión entre Claudia López y Gustavo Petro donde analizaron las cinco alternativas que presentó el consorcio China Harbour Engineering Company, una de las firmas que conforman el consorcio Metro Línea 1 (Apca Transmimetro).
El consorcio recomendó solo una de las opciones que sería la de realizar una extensión subterránea de la calle 72 con Caracas hasta la calle 100 con autopista Norte, con tres estaciones más y 3,9 km adicionales.
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Para esta alternativa, la alcaldesa aseguró que existe viabilidad técnica, económica y financiera, pero tendría un costo adicional de 12 billones de pesos y tomaría seis años más terminarla.
Otra de las opciones presentadas fueron descartadas por el consorcio chino debido a razones jurídicas y el costo de más que implicarían, según explicó la alcaldesa Claudia López.
Por ejemplo, una cuarta opción, el tramo de la calle 1.ª a la calle 72, fue considerada viable económica pero no jurídicamente.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro realizó una contrapropuesta. Se trata de un tramo subterráneo desde la Primero de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72, que para el consorcio no es ni jurídica ni económicamente viable.
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Aún así, la alcaldesa de Bogotá informó que el Gobierno pidió realizar un análisis detallado de esta opción a través de dos mesas de trabajo: una jurídica y otra técnica y financiera.
“El Presidente pidió dos conceptos jurídicos, según los cuales sí se puede modificar el objeto del contrato, y el análisis que hace el concesionario es que sería muy riesgoso modificar el objeto. Como hay dos versiones jurídicas contrapuestas, que no conocen el concesionario ni la alcaldía, se acordó continuar la discusión en dos mesas de trabajo”, concluyó sobre ese tema López tras terminar la reunión con el Presidente.
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