La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios y particulares de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) para examinar posibles irregularidades en el uso de los recursos asignados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en 2020.
La investigación surge a raíz del informe de Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, realizado por la Contraloría General de la República, en el que se detectaron anomalías en la administración de los recursos correspondientes a las Unidades de Pago por Capitación (UPC). Estos dineros están destinados a financiar servicios y tecnologías de salud no cubiertos con recursos de la UPC.
La Procuraduría, a través de la delegada para la Economía y la Hacienda Pública, busca determinar si los recursos fueron correctamente utilizados y si se respetó el principio de anualidad presupuestal, que establece que los dineros asignados deben ser utilizados en el año fiscal correspondiente. La investigación también tiene como objetivo individualizar a los posibles responsables, identificar si hubo faltas disciplinarias y evaluar si los involucrados actuaron bajo causales de exclusión de responsabilidad.
El resultado de esta indagación será clave para definir la posible responsabilidad de las EPS en la administración de los recursos del sistema de salud colombiano, en un año marcado por la pandemia y el aumento en la demanda de servicios médicos.
