A través de una acción popular, presentada ante el Tribunal Administrativo de Villavicencio- Meta, la Procuraduría General de la Nación, pidió garantizar la defensa y protección de los derechos colectivos de las 130 personas privadas de la libertad, que según el ente se encuentran en condiciones precarias y hacinamiento en el centro carcelario de la ciudad de Puerto Carreño.
La acción popular, se presentó después de que la Procuraduría Regional de Vichada recibiera denuncias y realizara una visita de inspección al centro carcelario, donde lograron identificar varias irregularidades.
“Opera en una casa privada semidestruida, con permanentes fugas de agua, humedad en las celdas, carencia de baños, y un sistema eléctrico obsoleto que le impide a los reclusos estudiar para resocializarse y cumplir con las obligaciones que puedan redimir sus penas.” Indica el documento.
Además de lo anterior, la Procuraduría Regional de Vichada evidenció que tanto hombres como mujeres conviven hacinados en el mismo lugar.
“son aproximadamente 40 Personas privadas de la libertad quienes duermen en un pasillo a la intemperie porque no tiene tejas, los demás reclusos están ubicados en lugares con poca ventilación e iluminación, donde las temperaturas superan los 40º y los olores se concentran” señala el ente de control.
Paralelamente, encontraron que el establecimiento no está custodiado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sino por un vigilante de turno y que el área de sanidad del centro carcelario, según indica el documento, no cuenta con habitaciones adecuadas para la recuperación digna y exitosa de los pacientes, ni el aislamiento requerido para quienes puedan padecer de Covid-19 u otra enfermedad infectocontagiosa.
Por lo tanto, la Procuraduría concluye que esas circunstancias reflejan la violación de las autoridades competentes hacia los derechos colectivos de seguridad y salubridad pública, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la misma, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, y la moralidad administrativa.
Con la medida, el Ministerio Público busca adelantar gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas, presupuestales y financieras para dar soluciones a las problemáticas y mejorar las condiciones de los privados de la libertad conforme a la política carcelaria.