Por medio de un comunicado a la opinión pública, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura formal de investigaciones contra cuatro altos directivos de Colpensiones, administradora del régimen público de pensiones, tras hallar presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en esa entidad.
De acuerdo con el Ministerio Público, se trata de procesos disciplinarios contra la vicepresidenta María Elisa Morón Baute, y tres directivos más, por los presuntos sobrecostos en que se incurrió para proveer los servicios de atención multicanal (contact center) y los suministros de trabajadores en misión.
Procuraduría General de la Nación
Hernando Herrera / EL TIEMPO
El requerimiento a estos directivos comenzó tras denuncias de varios medios de comunicación en los cuales se advirtió de irregularidades relacionadas con prórrogas irregulares y aumentos de salario por encima de lo permitido por la ley.
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“La Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, según denuncias que dieron a conocer medios de comunicación, los funcionarios habrían participado en la suscripción de contratos a los que se les hicieron prórrogas y en los que en algunos casos se adicionaron recursos que superaron el 50% del valor inicial, sin que aparentemente existiera justificación”, resaltó.
Colpensiones
César Melgarejo / CEET
En el comunicado también se advierte que “el Ministerio Público incluyó en el expediente al gerente administrativo, Sergio Andrés Gómez Navarro; el vicepresidente de Planeación y Tecnologías de la Información y al gerente administrativo, Wilson Fernando Melo Velandia, todos con asignación de funciones de vicepresidente de Gestión Corporativa”.
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Con esta investigación y la solicitud de pruebas que se hizo el ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Pesos colombianos
Todo este proceso parte del denominado caso BPO, conocido a finales del 2023, en el cual se adjudicó el servicio de Contact Center para Colpensiones por $65.000 millones a la empresa Millennium BPO (que participa con un 90 % en la Unión Temporal MZ-2023) y que ya había prestado este tipo de servicios a la administradora del régimen de prima media.
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Cabe resaltar que este manejo lo perdió en un proceso licitatorio anterior en el que Telefónica se impuso con una oferta en la que no sólo prestaba el servicio del centro de contacto, sino también conectaba a Colpensiones con el mundo exterior, a través del servicio de Internet.
Estos dos servicios, sumados al manejo de las terminales de acceso, daban a la entidad un paquete completo de beneficios que sólo costaba $28.000 millones y se terminó cambiando por uno mucho más caro y que no ofrece lo mismo que ya se tenía.
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Cabe resaltar que este proceso fue anunciado por el Gobierno Nacional y criticado por senadores de la oposición como Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien en su momento dijo que no era cierto que se estuvieran ahorrando recursos de la Nación.
Colpensiones.
“Miente Colpensiones al decir que se logró una reducción del 10% en la adjudicación del contrato de Contact Center. En 2023 se licitó por 72 mil millones y se adjudicó por 65 mil millones. Aun así, el contrato de 2020 fue adjudicado por 25 mil millones de pesos. Colpensiones lo adjudicó por un 151% más alto”, publicó la senadora en su cuenta de Twitter.
Si bien Colpensiones, cuando se conoció la denuncia, argumentó que no se podían comparar los contratos por factores como la tasa de cambio y los cambios macroeconómicos que vive el país, ahora deberá responder por estos requerimientos ante la Procuraduría General de la Nación.