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La Procuraduría General de la República confirmó durante visita al Ministerio de Educación que no existe una fecha contractual para que la EAP atienda a las comunidades IENachasín y Nonam.
Noticias del Valle.
En Buenaventura, la Fiscalía General de la República alzó su voz a favor de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas.
En un reciente comunicado, la Procuraduría General de la República solicitó a las autoridades locales garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estos grupos poblacionales, reflejando una situación preocupante por la falta de acción de las entidades competentes.
Una visita de representantes de la Procuraduría General de la República al Ministerio de Educación local reveló una verdad incómoda: la ausencia de una fecha específica para la realización del PAE destinado a satisfacer las necesidades nutricionales de las comunidades estudiantiles de los establecimientos educativos Nachasín y Nonam.
La Procuraduría General de la República afirma que esta inacción no sólo pone en peligro el suministro de alimentos tan necesario para el adecuado desarrollo físico y cognitivo de los estudiantes, sino que también amenaza con desencadenar un fenómeno preocupante: la deserción escolar.
La Procuraduría General de la República intercede por los derechos de los estudiantes
Ante esta situación, la Fiscalía General de la República emitió un aviso de control dirigido a las autoridades competentes de Buenaventura.
La alcaldesa local, Ligia del Carmen Córdoba; la secretaria de Educación, Irlanda Rodríguez Castro; y el jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Edison Bioscar Ruiz, fueron designados para tomar medidas concretas para garantizar el suministro regular de PAE a las comunidades indígenas.
En su comunicado, la Procuraduría General de la República resalta la vital importancia de garantizar que los estudiantes reciban la alimentación necesaria para su desarrollo, enfatizando que no se trata sólo de una cuestión de nutrición, sino también de acceso a la educación y garantía de otros derechos fundamentales.
El compromiso de las autoridades
Ante esta situación de emergencia, el Ayuntamiento de Buenaventura fue llamado a informar sobre la situación en un plazo de cinco días hábiles. Este requisito pretende resaltar la necesidad de una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades locales.
