Redacción BL
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional tumbar el decreto 1085 del 2023, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica, social y ambiental en el departamento de La Guajira.
«Resulta inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia» se menciona en el documento de solicitud emitido por el Ministerio Público, conocido en primicia por EL TIEMPO.
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Según mencionó el jefe de Estado en audiencia pública el pasado 11 de agosto, este decreto es necesario, pues esto le permite al Gobierno decidir de forma directa para contrarrestar la situación de falta de acceso a servicios básicos vitales en el departamento del norte del país.
La Procuraduría no hizo acto de presencia en dicha audiencia, pues, en ese entonces, no había emitido su concepto, lo cual le impedía hacerlo por temas de procedimiento. Ahora, tras la negación de impedimento presentada por la procuradora Margarita Cabello, la entidad mostró su postura.
«Se advierte que la crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno Nacional«, se menciona en el documento conocido por EL TIEMPO.
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La Guajira
Eliana Mejía / Archivo EL TIEMPO
Además, en el archivo se hace mención de que la entidad no desconoce la situación que afronta La Guajira, sin embargo, se menciona que los argumentos utilizados para declarar el estado de emergencia en el departamento son de vieja data y sí pueden ser atendidos mediante mecanismos de carácter ordinario.
Según agregó el Ministerio Público, el Gobierno Nacional está en mora de acatar las órdenes dadas desde la Corte Constitucional en el año 2017, luego de que el organismo judicial haya declarado un Estado de Cosas Inconstitucional relacionado con la atención primaria de los niños indígenas wayuú en varios municipios.
«Resulta inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimando las medidas a su alcance dispuestas por el legislador, las instancias técnicas del Ejecutivo y la Corte Constitucional para atender en el corto, mediano y largo plazo la situación estructural que afecta al departamento«, dijo la Procuraduría.
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«Al respecto, se reitera que los estados de excepción no pueden ser utilizados por el Gobierno Nacional para eludir la potestad que tiene el Congreso para dictar leyes o el cumplimiento de los fallos judiciales«, se agregó en el documento.
Facultades, Plan de Desarrollo y Estado de derecho
Para el Ministerio Público, el Gobierno no sustentó el agotamiento de las medidas ordinarias: «se evidencia que, en principio, a pesar de estar disponibles, las mismas no han sido utilizadas en debida forma o a plenitud«.
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Mediante estas afirmaciones, la Procuraduría dijo que el decreto del estado de emergencia debe caerse, al indicar que va en contravía al funcionamiento normal del Estado de derecho que el Gobierno «pretenda ampliar indebidamente sus facultades«, saltándose los poderes que ya posee para buscar una solución a la crisis en el norte del país.
Firma de decretos de La Guajira.
Presidencia
En el documento también se hace mención de que el estado de emergencia no era necesario, pues el Gobierno pudo haber implementado medidas respecto al Plan Nacional de Desarrollo y el de la adición presupuestal, indicando también que, al momento de hacer una revisión del marco legal, «no se evidencia que el Gobierno haya pretendido incorporar una política especial y concreta para atender la crisis, ya que la mayoría de las estrategias que se adoptan son transversales a las materias, así como aplicables a todo el país«
La Procuraduría agregó que el Gobierno, ante la contingencia climática a raíz de eventos como el fenómeno de El Niño o el calentamiento global, pudo acudir a mecanismos ordinarios, pues están previstos en la ley y facilitan la articulación institucional entre las autoridades nacionales y territoriales e, incluso, haber declarado desastre o calamidad pública, que da facultades especiales para atender la situación en temas de contratación, crédito público, transferencia de recursos, refinación de deudas y disposición de bienes.
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«Si bien las contingencias naturales asociadas al calentamiento global y el fenómeno de El Niño son situaciones que pueden agravar las problemáticas sociales y económicas de un territorio, lo cierto es que, desde las dificultades que en ocasión de dichas manifestaciones naturales llevaron a declarar el estado de emergencia en 1992, la institucionalidad adoptó instrumentos para evitar que sea necesario acudir a medidas extraordinarias para hacer frente, los cuales están agrupados en el sistema de gestión del riesgo de calamidad y desastres naturales ordenado en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1478 de 2022«, sentenció la entidad.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – JUSTICIA
