Redacción
Tres iniciativas mineras a gran escala y producción industrial, que están entre los diez primeros lugares de una lista de 552 proyectos estructurados por el Gobierno para la reactivación económica, no alcanzarían a iniciar su desarrollo en el actual período presidencial.
(Gran Colombia estima producción para 2021 en 200.000 onzas de oro).
Se trata de los futuros complejos extractivos de Quebradona, Gramalote y el tajo La Puente en el Cerrejón, los cuales en conjunto desembolsarían inversiones por cerca de $10 billones y que contribuirían con la generación de 200.000 puestos de trabajo.
(Crisis carbonífera le pasó factura a Colombian Natural Resources).
De acuerdo con el portal del Compromiso por Colombia, del listado total de iniciativas para la redinamización de las finanzas en el país, por nivel de inversión indican que el cuarto lugar lo ocupa el proyecto cuprífero de Quebradona con recursos aprobados por $4,5 billones, en el quinto lugar está el de Gramalote, para la producción de oro con dineros trazados en $3,8 billones, y en el octavo lugar se ubica la obra para el desarrollo del tajo La Puente por $1,1 billones.
“Nos hemos puesto como meta avanzar con la exploración de nuevos proyectos, consolidarnos y pasar de ser un país con potencial, a convertirnos en una Nación minera moderna, tecnológicamente transformada y competitiva mundialmente”, señaló la viceministra de Minas, Sandra Sandoval.
Sin embargo, las tres iniciativas extractivas, dos de ellos consideradas como Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pine), y el tercero como baluarte de la operación carbonífera del país, aún surten sus trámites de licenciamiento ambiental, así como procesos legales, que retrasarían su entrada en operación.
En el caso del proyecto para la producción de cobre de Quebradona, que lídera la multinacional AngloGold Ashanti (AGA), su proceso para solicitar la licencia ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) comenzó en diciembre de 2019 con la radicación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y en enero del 2020 fue anunciado por esta entidad el auto de inicio de evaluación.
Así, tanto la minera como la citada entidad, le contaron a Portafolio que el pasado 27 de noviembre, mediante Acta 66 de 2020, la autoridad ambiental solicitó información adicional a AGA, que se materializó en más de 174 requerimientos. Además, que la empresa radicó el 27 de enero del presente año la información requerida para continuar con el proceso de evaluación del EIA.
“Este es un paso significativo para el proyecto, en la medida en que nuestro equipo técnico tuvo la capacidad de dar respuesta a todas las solicitudes con información rigurosa, amplia y suficiente. Gracias a ello, hemos podido hacer mejoras puntuales que optimizan el EIA y que hacen de este proyecto una alternativa aún más concreta para el progreso social, ambiental y económico de Jericó y el suroeste antioqueño”, señaló Felipe Márquez, presidente de AGA Colombia.
Por su parte, la iniciativa aurífera de Gramalote, que desarrolla la minera canadiense B2Gold (en un joint venture con AGA), si bien ya tiene la licencia ambiental de la Anla, antes de iniciar su montaje y entrada en operación comercial debe cumplir con varios requisitos.
“El proyecto de explotación de oro, licenciado en 2015, localizado en el nordeste antioqueño, municipio de San Roque, la Anla autorizó un ajuste, vía seguimiento, a la licencia ambiental en este Gobierno, en 2019”, señaló un vocero de la entidad.
Así, hasta que no se demuestre que el proyecto minero de Gramalote se sobrepone a una vía nacional, desarrolle un plan de formalización y realice un cierre ambiental con el relleno de dos tajos, no tendrá vía libre para su desarrollo.
Finalmente, el tercer proyecto minero con líos, pero legales, es el desarrollo del tajo La Puente, en el Cerrejón, obra que incluye la modificación parcial del arroyo Bruno, el cual es clave para el complejo carbonífero para no solo aumentar su producción, sino la vida de operación de la mina.
En 2017 las comunidades de Paradero, Gran Parada y La Horqueta interpusieron una tutela ante la Corte Constitucional. En la sentencia el alto tribunal solicitó suspender el avance en la operación minera hacia el arroyo Bruno, y ordenó un estudio técnico para dar respuesta a siete preguntas.
Para esto se dictaminó que se reabriera una Mesa Interinstitucional conformada por 17 entidades regionales y nacionales, que dio inicio a sus reuniones en abril de 2019 y planteó un cronograma de acción para dar respuesta a las mismas.
Portafolio pudo establecer que Cerrejón ha entregado los estudios técnicos con sus respectivos soportes para despejar las inquietudes con respecto a la modificación del citado arroyo, y que está a la espera del visto bueno parar operar en esa zona.
Así mismo, la minera avanzó en las consultas previas con las cuatro comunidades de las cuales dos se encuentran finalizadas (Campo Herrera y La Horqueta).
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
