Con esto se iniciaría la ruta para concertar el plan de reparación integral y exponer los daños colectivos que provocó el conflicto armado a este pueblo raizal.
La Unidad para las Víctimas reconocerá este viernes, 15 de diciembre, al pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como víctima del conflicto armado y sujeto de reparación colectiva.
Es importante resaltar que esta inclusión en el registro único de víctimas es un hecho clave a favor de los pueblos étnicos, cuya pervivencia se ha visto afectada por los estragos de la guerra en Colombia.
Además, según la Unidad para las Víctimas, esta es “una oportunidad histórica para que el Estado lo repare y garantice los derechos colectivos a la autonomía, la integridad cultural y al maritorio y territorio, que fueron vulnerados”.
El reconocimiento de este pueblo raizal estará a cargo de la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, quien desde Providencia, presentará la resolución 2023-111763 del 29 de noviembre que contiene los daños que debilitaron su proyecto colectivo.
“Este reconocimiento permitirá visibilizar y entender cómo las dinámicas del conflicto se adaptaron de manera diferencial a la insularidad, habla de cómo sus expresiones son distintas a las del resto del país continental”, indicó Tobón Yagarí.
Cabe mencionar que con este proceso se espera iniciar la ruta para concertar el Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc) para resarcir los daños y los derechos vulnerados con ocasión de la guerra.
En el 2007 la Corte ya había atribuído a Colombia la soberanía de las principales islas del archipiélago: San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Durante 2023, la Unidad realizó diálogos comunitarios con representantes del pueblo raizal e instancias del Gobierno local, con miras al fortalecimiento organizativo y la reconstrucción de la confianza en la institucionalidad.
En el marco de estos encuentros, el pueblo raizal relató la historia que hay detrás de la llegada del narcotráfico a las islas en la década de 1980, de las disputas territoriales, y de la instrumentalización y estigmatización que han sufrido sus navegantes y pescadores por el conocimiento que ostentan sobre el mar.
A pesar de las decenas de testimonios de los raizales, de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, y de los diversos informes que retrataron —más recientemente— los escenarios de violencia ejercidos contra esta población declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el pueblo raizal ha padecido las consecuencias del conflicto sin la atención adecuada del Estado.
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En el marco de estos encuentros, el pueblo raizal relató la historia que hay detrás de la llegada del narcotráfico a las islas en la década de 1980.
¿Cuáles son los daños colectivos que reconoce la Unidad?
La Unidad para las Víctimas incluye en el Registro Único de Víctimas (RUV) a la comunidad perteneciente al pueblo raizal del archipiélago y establece que existen daños a los derechos colectivos, vinculados de forma directa e indirecta al conflicto armado.
De acuerdo con el documento de la Unidad, el derecho a la autonomía fue vulnerado, pues su ejercicio político y de gobierno propio se vio limitado, toda vez que se afectaron sus liderazgos, sus formas organizativas, y se impusieron patrones de conducta distintos a los de su cultura, que afectaron el transcurso libre de su vida comunitaria.
Asimismo, indica que los patrones de victimización que relató la declarante Rossana Teresa Livingston Henry, primera vicepresidenta del Raizal Council, dan cuenta del daño al derecho a la integridad cultura, puesto que, según la resolución, el pueblo étnico se ha enfrentado a hechos de violencia que han “producido la pérdida de su identidad”.
La entidad expone que las afectaciones derivadas del narcotráfico, de la implantación del modelo de desarrollo ligado al turismo y de la sobrepoblación han causado una disminución a la calidad de vida y una pérdida paulatina de sus prácticas, “fracturando su preservación, su existencia física y cultural y la efectividad plena de sus derechos sociales, económicos y culturales”.
Finalmente, se afectó el derecho al territorio y maritorio porque las dinámicas de violencia derivadas del narcotráfico tuvieron un especial impacto sobre el mar, “por la reconfiguración del maritorio y por el cambio de los significados y usos culturales y de protección ambiental”, señala el documento.
Daños individuales con efectos colectivos
La resolución, también, enumeró cuáles fueron los daños individuales que provocaron efectos colectivos en el pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre ellos: la desaparición forzada, el homicidio, los delitos contra la libertad e integridad sexual, las lesiones personales, la esclavitud, la servidumbre o trabajo forzoso, los allanamientos, las amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal, el daño por racismo, y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
Sólo en desplazamiento forzado, el conflicto colombiano deja más de cuatro millones de víctimas desde 1985.
Por último, la Unidad para las Víctimas evidenció que con este reconocimiento la colombianización es el punto de partida de dichas vulneraciones. Esta se entiende como un proceso de modernización impuesto desde el centro del país para homogeneizar la cultura de la región y asimilar la identidad nacional.
“Una de las exigencias que ha tenido históricamente el pueblo raizal al Estado colombiano es que las instituciones podamos avanzar en la superación del racismo institucional y podamos reconocer los derechos establecidos y continuar con la garantía de sus derechos”, expresó al respecto la directora de la Unidad para las Víctimas. Fuente EL PAIS
