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lunes, agosto 10, 2020

Puente Nayero, una zona de paz asediada por la pobreza y la violencia

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Hace 4 años, esta calle de Buenaventura, fue declarada por sus moradores ‘espacio humanitario’.

A la vuelta de Puente Nayero, una calle rellenada con basuras y piedras que, como calle de la paz o espacio humanitario, está custodiada día y noche por soldados de la Armada y policías, hay comerciantes, pescadores y residentes del mismo barrio La Playita, a quienes las bandas criminales, aliadas con fuerzas del narcotráfico, les siguen cobrando vacunas.

Las extorsiones no han cesado en esa y otras calles de uno de los rincones más violentos de Buenaventura, los cordones de miseria que rodean a Puente Nayero. Estos cobros oscilan entre 10.000 y 500.000 pesos por mes. Ese último monto, por ejemplo, lo paga un comerciante que tiene una tienda. Lo hace por el miedo de que bandas como ‘los Rastrojos’ –que luego se llamaron ‘la Empresa’, o el ‘clan del Golfo’, antiguo ‘clan Úsuga’, y ‘los Gaitanistas’– lo maten o lo desaparezcan o desaparezcan a algún miembro de su familia.

Otros vecinos de la trocha de Puente Nayero, declarada hace cuatro años ‘espacio humanitario’, afirman que allí, los violentos no entran a cobrarles desde entonces. Quizá porque se mantiene la presencia de la Fuerza Pública desde ese 2014, cuando el presidente Juan Manuel Santos ordenó la militarización del puerto, debido al aumento de los homicidios.

Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Ese año, la Policía reportó 147 homicidios y 45 desaparecidos, cifra que prendió alarmas en un municipio de apenas 400.000 habitantes, al tiempo que la diócesis reveló una de las prácticas de tortura más escalofriantes de las mismas bandas: las ‘casas de pique’ en barrios tan vulnerables y deprimidos como La Playita, un sector de unos 10.000 habitantes, sumidos en la pobreza y la miseria.

Los porteños las bautizaron así porque en esas rústicas viviendas de madera, a un metro de la capa de basuras que flotan en el mar, mutilaban a las víctimas.

En Puente Nayero recalcaron, y lo siguen haciendo con orgullo, que sus 1.300 moradores se impusieron a las bandas en ese 2014 para prohibir su paso en toda la entrada de esta trocha, cuyo letrero en la entrada resalta su estatus de espacio humanitario, con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que conminó al Estado colombiano a brindarles seguridad las 24 horas del día.

Este sector también cuenta con la asistencia diaria de delegados de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que desarrollan allí un trabajo social.

En Puente Nayero mantienen la consigna de proteger sus hogares y tratan de continuar sus vidas. Están los que pescan o venden en locales a la vuelta de esta cuadra, o juegan cartas o dominó, mientras los niños van y vienen, unos en chanclas y otros descalzos, cerca de los soldados y los policías que los custodian.

Allí no hablan de vacunas, y una de las ‘casas de pique’ al final de esa calle fue destruida precisamente en la misma época de declaratoria del espacio humanitario, pero líderes como Orlando Castillo señalan que las amenazas en su contra continúan (según sus cuentas, lleva más de 37 denunciadas ante las autoridades), por lo que pasa gran parte de su tiempo confinado en su vivienda, dentro de los linderos de esta trocha militarizada.

Las demás calles de La Playita, como el resto de Buenaventura, no tienen esa protección, como sí la hubo en ese 2014, cuando los ojos de todo el país estuvieron puestos en el puerto por las temidas ‘casas de pique’.

Castillo recordó que Puente Nayero se formó hace más de dos décadas con 302 familias que huyeron del Naya, en límites entre Valle y Cauca, luego de la masacre que ejecutaron en esa región 200 paramilitares bajo el mando de José Éver Veloza, alias HH.

“¿Que si todavía existen las ‘casas de pique’ aquí en Buenaventura?”. Uno de los pobladores de Puente Nayero, que omitió su nombre por seguridad, repitió con ironía la pregunta, guardó un breve silencio y dijo: “Ya no lo hacen como antes porque atraerían mucha atención. Ahora todo termina en el mar. Nadie habla. Acá es mejor quedarse callado”.

Es que en la mente de los moradores de Puente Nayero y de quienes viven en las calles a la vuelta de este sector aún retumban los gritos de Marisol, la mujer que fue asesinada con su pareja hace cuatro años en una ‘casa de pique’ del sector, destruida cuando la zona se declaró espacio humanitario.

Mantener esta condición no es tarea sencilla por el miedo a las bandas de los alrededores, que impiden que 400 pescadores de La Playita arriben al muelle cercano a Puente Nayero.

Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Uno de esos pescadores dijo que en los últimos dos años, lo han robado cuatro veces. La última, hace dos meses: unos 30 hombres armados que se movilizaban en dos lanchas le robaron su embarcación cuando buscaba atracar en una calle más alejada de Puente Nayero, trayendo los pescados de una faena que valoró en más de un millón de pesos.

“Me dejaron sin nada. Se llevaron hasta el motor fuera de borda, que cuesta entre 7 y 8 millones de pesos. Las tres veces anteriores también me robaron los motores. O sea que se llevaron un total de 28 millones”, dice. “No podemos arribar acá a vender porque aparecen las mismas personas. Lo único que cambia es que lo hacen en lanchas distintas. Yo traté de poner la denuncia ante la Fiscalía en Buenaventura hace poco, y tuve que valerme de un funcionario de Bogotá, de la misma Fiscalía, que viajó hasta acá porque no me creía que no me recibían la denuncia”.

Entre tanto, delegados de la Comisión Intereclesial y los mismos habitantes de La Playita indicaron que las bandas ya no se enfrentan en su guerra sin cuartel. Son una sola fuerza que genera zozobra. Lo hacen por tierra, a pocos metros de la entrada a la calle sin pavimento de Puente Nayero, donde la pobreza se levanta a lado y lado, o por la parte trasera de las viviendas, sobre las aguas de color castaño oscuro del Pacífico, por cuenta de la contaminación de las basuras que se agolpan debajo de las casas.

La Personería de Buenaventura y la Defensoría se unieron para hacer un llamado a la población, porque la denuncia es poca. Se cree que el hecho de que las bandas no estén enfrentándose es una de las razones por las cuales las cifras de los homicidios se han reducido, en relación con los 147 asesinatos de hace cuatro años.

Estos grupos siguen matando, lo que pasa es que a la gente le da miedo denunciar.

En 2017 hubo 73 crímenes y en 2016, 66, según Medicina Legal. En cuanto a las desapariciones, los registros también arrojan una disminución. Medicina Legal dio cuenta de diez desapariciones en este puerto sobre el Pacífico el año pasado, frente a 24 del año anterior.

“Estos grupos siguen matando, lo que pasa es que a la gente le da miedo denunciar, y las vacunas siguen cobrándose igual como hace cuatro años en toda Buenaventura”, comenta un comerciante que trabaja en el centro de la ciudad, a más de 20 cuadras de Puente Nayero.

Que todo está igual lo confirma Manuel Bedoya, presidente de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia (Anpac). Él fue parte del comité que discutió con representantes del gobierno pasado para levantar el paro cívico de 22 días, a mediados del 2017. Según el dirigente, las promesas que les hicieron para disolver la protesta, por la falta de agua potable las 24 horas del día, no se han cumplido.

La Playita y los demás sectores del área insular de Buenaventura siguen sedientos, sin alcantarillado y sin recibir un buen servicio de recolección de basuras, aunque el municipio tiene una empresa para tal fin. “Por eso, todo, hasta los muertos que no se denuncian, terminan en el mar”, reiteran en La Playita.

Por eso, todo, hasta los muertos que no se denuncian, terminan en el mar.

En Punta Icaco, otra calle vecina de Puente Nayero, en la misma La Playita, algunos habitantes dicen que se ha tratado de que esta calle también sea un espacio humanitario, pero “no se ha podido por los paramilitares y el narcotráfico”.

La mayoría de estos pobladores también reclaman una mejor atención en el hospital Luis Ablanque de la Plata, que funciona a medias por la corrupción.

Al mandatario se lo acusa de la presunta malversación de 5.000 millones de pesos que iban destinados al centro médico, el cual reabrió sus puertas en 2017, tras casi cuatro años de estar cerrado, también a causa de la corrupción.

Solo en ese pedacito de La Playita, a la vuelta de Puente Nayero, los vecinos se quedaron esperando un centro de acopio y de pesca en una edificación de dos pisos hoy dominada por el deterioro y el abandono del Estado, pues los gobiernos de turno nunca lo adecuaron para beneficiar a los más de 400 pescadores de la zona, así como a los mismos comerciantes que están siendo extorsionados por las bandas.

Puente Nayero, zona de paz asediada por la pobreza y los violentos
Hace 4 años, esta calle del barrio La Playita, de Buenaventura, fue declarada por sus moradores ‘espacio humanitario’ para frenar el paso de las bandas criminales, pero siguen las amenazas.

Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

El presidente de la Asociación Nacional de Pesca anotó que en el 2014, el gobierno departamental prometió 2.000 millones de pesos para poner en marcha ese centro de acopio. “Pero no pasó nada”. Ahora, según Bedoya, la Gobernación del Valle le ha informado que están disponibles 450 millones a manos de una fundación para esta misma iniciativa, por la cual se requiere arreglar el edificio abandonado y donde solo se observa en los alrededores una docena de mujeres con pescados en sus platones a la espera de alguna venta.

Una de ellas es Rosa Eneida Cabezas, a quien sus allegados y amigos le dicen de cariño la Turquita. Es optimista en tratar de vender todos los pescados que tiene en su platón, en medio de la desolación de esas instalaciones.

El presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexánder Micolta, coincide con el llamado que hace el dirigente Bedoya acerca de las tareas pendientes del Gobierno Nacional, en relación con el paro del año pasado. De acuerdo con Micolta, esas tareas tienen que ver con inversiones establecidas en un plan maestro de acueducto y alcantarillado. Por el primer servicio, la inversión es de alrededor de 200.000 millones de pesos, y en alcantarillado se habla de inversiones de más de un billón de pesos.

En el puerto, el agua llega durante 6,9 horas diarias, en promedio.

Logrando esto, según el directivo, se espera que Buenaventura, en los próximos tres o cuatro años, tenga agua y saneamiento durante las 24 horas del día. En el puerto, el agua llega durante 6,9 horas diarias, en promedio. Añadió que se espera que en el 2019 se logre llegar a 18 horas diarias, con lo que hoy se está interviniendo, que son dos tanques de Loma Alta para el almacenamiento de más 10.000 litros que ya fueron adjudicados.

El presidente de la Cámara de Comercio también recalcó la importancia de abrir más servicios de especialización en el hospital y subrayó que el sector de la pesca está sin dolientes, porque no existe una política que beneficie a unos 2.500 pescadores.

Esta es apenas una muestra de lo que sucede en Buenaventura, que, si bien es el más importante puerto del Pacífico colombiano, no logra salir de la pobreza.

CAROLINA BOHÓRQUEZ
Enviada especial de EL TIEMPO
BUENAVENTURA

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