La investigación que el Presidente pidió a la Fiscalía General de la Nación en contra de su hermano Juan Fernando Petro y su hijo mayor Nicolás Petro Burgos es el último capítulo de los escándalos de los allegados al Mandatario.
Nicolás Petro Burgos
El pasado jueves, el Jefe de Estado le pidió a la Fiscalía General que adelante las investigaciones pertinentes sobre las actuaciones de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, “debido a la información que se rumora en la opinión pública” y que indica que habría recibido sobornos de exnarcotraficantes durante la campaña presidencial, cuando presos de la cárcel La Picota, de Bogotá, hablaron de supuestos ofrecimientos jurídicos que él y su tío, Juan Fernando Petro, les habría hecho en visitas al penal.
El escándalo se incrementó luego de que Day Vásquez, exesposa de Nicolás, en diálogo con la revista Semana lo acusara de recibir pagos de empresarios que, pensando que estaban contribuyendo a la campaña de Gustavo Petro, le habrían entregado dinero a su hijo.
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“Nicolás le recibió dinero a ese señor (Santander Lopesierra), más de 600 millones de pesos para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña, porque él se quedó con ese dinero, y así otros”, dijo su expareja.
Vásquez también aseguró que quien actualmente es diputado a la Asamblea del Atlántico recibió grandes sumas de dinero de contrabandistas y narcotraficantes, pero que todo fue a espaldas de su padre.
Por lo pronto, la procuradora general, Margarita Cabello, le ordenó la apertura de una investigación en contra de Nicolás Petro, dada su condición de servidor público.
Antes de la primera vuelta de las presidenciales el hoy Mandatario dijo que, de ganar él, su hijo mayor debería retirarse de la política e irse a estudiar al extranjero.
Y lo cierto es que el escándalo no está cerca de acabar, porque en su edición de este fin de semana la revista Semana reveló que tiene en su poder más de 1600 páginas de chats entre Nicolás Petro y su exesposa que evidencian que el hijo del Presidente viajaba a Bogotá a reunirse con altos funcionarios del Gobierno a los que les pedía favores.
Es así como en las conversaciones publicadas se lee que Alfonso Prada, ministro del Interior, le habría otorgado “diez cupos” o puestos de trabajo que el diputado repartió entre su familia y políticos de Barranquilla.
Juan Fernando Petro
La investigación que el Presidente le pidió adelantar al Fiscal General también se refiere a su hermano, Juan Fernando Petro, quien ya había estado en el foco de la opinión pública durante la campaña del año pasado, cuando fue visto ingresando a la cárcel de La Picota para, supuestamente, dialogar con algunos reclusos.
Ahora bien, según se conoció el pasado viernes, Juan Fernando se habría reunido con miembros de grupos armados ilegales en un reconocido restaurante de Medellín el 7 de junio, antes de la segunda vuelta presidencial.
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El hecho, denunciado por Caracol Radio, da cuenta de que en el momento del encuentro el establecimiento no estaba prestando servicios al público y que las cámaras de seguridad habían sido apagadas antes de la reunión. Además, dice que la cuenta del consumo fue pagada en efectivo para no dejar rastro.
De otro lado, Juan Fernando fue citado, en reiteradas ocasiones, por la Fiscalía para que ampliar la denuncia sobre los supuestos pagos que estarían haciendo narcotraficantes para ser nombrados como gestores de paz, escándalo que fue revelado por la revista Semana en enero pasado, al señalar que se estarían vendiendo cupos hasta por un millón de dólares para que estas personas fueran parte de la llamada Paz Total del Gobierno Petro.
“Algunos narcotraficantes le estarían pagando a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. La situación más crítica se vive en las cárceles de Antioquia y en La Picota, en Bogotá”, aseguró entonces la publicación.
Para esta investigación, la Fiscalía también citó al alto comisionado de Paz, Danilo Rueda.
Verónica Alcocer
Desde la campaña presidencial quedó en evidencia la influencia que la hoy Primera Dama ejerce sobre su esposo, Gustavo Petro, lo que, una vez posesionados en la Casa de Nariño, se ha evidenciado en la polémica selección de varios colaboradores del Gobierno dentro y fuera del país.
Sin duda, el caso más sonado fue el nombramiento de Concepción Baracaldo como directora del Instituto Colombiano de Bienestar (Icbf), quien en su momento contó: “Yo estaba tranquila en mi casa, estoy pensionada, y me dijeron: ‘quieres venir a colaborarme en el Instituto y trabajar’. Y yo dije ‘sí, bueno, tengo que pensarlo un día’. Y me dijeron ‘tienes un día para pensarlo’”. Luego confesó que la autora de la llamada había sido la propia Verónica Alcocer y que admitió que ella no tenía experiencia en la atención a la primera infancia. Lo cierto es que, cinco meses después, Baracaldo renunció al cargo.
Otra de las acciones de la hoy Primera Dama que han sido censuradas es la rapidez con la que se adelantó el trámite de nacionalización de la española Eva Ferrer, su mejor amiga, y quien el pasado 20 de enero fue nombrada consejera presidencial para la Reconciliación.
Según informaciones de prensa, quienes hoy ocupan las embajadas de Italia y España también son personas cercanas a Alcocer. Se trata de la abogada Ligia Margarita Quessep, quien estudió con ella en el colegio y ha sido su amiga desde entonces, y de Eduardo Ávila, un administrador de empresas que trabajó como gerente en la precampaña de Gustavo Petro.
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La fuente indica que la influencia de la Primera Dama se extiende a la Gerencia de Artesanías de Colombia, ocupada por Adriana Mejía, una artista plástica que, al parecer, era asidua compañera de viajes de la Familia Petro.
También se ha criticado que Alcocer haya asumido funciones diplomáticas en eventos como el funeral de la Reina Isabel II, en Reino Unido; el sepelio del exprimer ministro de Japón, Shintzo Abe, y en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU. y que los viáticos fueran cubiertos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Deben alejarse?
“El Presidente, en una actuación sensata, debe alejar a su hermano lo más posible de la escena política nacional. Incluso, pedirle que se retire del país para que despeje cualquier duda sobre el interés que tiene Juan Fernando de mantenerse vigente en la política con el fin de cumplir los compromisos que presuntamente pudo haber adquirido con delincuentes ya condenados”.
Así opina Jaime Gutiérrez, director de Innopolítica, tras el escándalo protagonizado por el hermano y el hijo de Gustavo Petro, quienes han sido señalados de, presuntamente, recibir favores de delincuentes.
El analista agrega que, en el caso de Nicolás Petro, “solo por el ‘tufo’ del escándalo, debería renunciar, porque tiene que mandársele un mensaje de tranquilidad ética al país, donde el Mandatario entienda que ni él ni su familia están por encima de los preceptos éticos, para que la democracia se mantenga y no se den los desastrosos resultados de otros países, donde las esposas de los presidentes meten las narices en la administración de los recursos públicos”.
De su lado, la politóloga Nury Astrid Gómez señala que la solicitud de investigación que Petro le hizo a la Fiscalía, “fue la elección más inteligente”, porque “el compromiso discursivo que tiene desde su posesión contra la corrupción le podría salir costoso. Además, el nepotismo, usado por la oposición, se queda sin piso en la agenda pública”.
Sostiene que “ellos no son funcionarios que puede ‘sacar del llavero’ por una falta. Así, el Twitter presidencial no sale con demagogia e ‘impolutez’, sino que exhibe, con dolor, que la ‘traición’ está en la casa”.
A su vez, el analista político Laureano Tirado señala que se le debe “dar sentido al orden constitucional y jurídico que hoy está al servicio de los delincuentes. Ellos parecen ser la prioridad para el Gobierno, la ley de Paz Total es la prueba”.