Los perfilamientos denunciados en el Ejército han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, especialmente para algunos sectores políticos, los cuales siguen analizando sus implicaciones.
Mientras que para los uribistas hay algunos sectores a los que les interesa «bloquear» la inteligencia y la contrainteligencia, y no mencionan a la gente del Gobierno que también ha sido perfilada, para los opositores se trata, sin duda, de una «operación de espionaje» que demuestra que las medidas para evitar este tipo de situaciones han sido «insuficientes».
El tema será objeto en un debate de control político este miércoles en la plenaria del Senado. Previo a esa sesión, EL TIEMPO habló con los senadores Paola Holguín, uribista, y Antonio Sanguino, opositor, sobre su visión de estos hechos.
¿Qué opinión le merecen las denuncias sobre perfilamientos en el Ejército?
Sobre este tema hay varios asuntos que son importantes. El primero es que se están mezclando varias cosas. Hay sectores que les interesa bloquear la inteligencia y contrainteligencia y debilitar la institucionalidad y, además, la información se ha entregado un poco a cuentagotas. Lo primero que es claro es que la inteligencia y contrainteligencia son actividades legítimas, legales, que las amparan la Constitución y la Corte Constitucional en varias sentencias. En la ley de inteligencia y contrainteligencia está definido cuáles son los organismos que pueden hacerlo y en qué condiciones. También hay que aclarar que la Corte Constitucional, en sus sentencias, ha dicho que en su misión constitucional y legal las autoridades pueden hacer perfilamientos de fuentes abiertas. Es decir que pueden conseguir información y análisis sobre personas, organizaciones y demás. La diferencia está en que, si en algún momento se da una interceptación de comunicaciones o correo, eso sí requiere orden judicial.
Para usted, ¿este es un tema de ‘manzanas podridas’ en el Ejército o es algo más delicado?
Lo que a nosotros nos preocupa es por qué esa información se está filtrando, tomando en cuenta que la información de inteligencia y contrainteligencia tiene carácter reservado. También que haya agentes dentro de nuestras Fuerzas Militares y de Policía que en algún momento están violando la ley e incumpliéndola. Para eso es que existe la contrainteligencia y el tema disciplinario y creo que en eso el Gobierno ha actuado con toda celeridad. Desde diciembre del año pasado exigió que se hiciera una revisión de la inteligencia y la contrainteligencia durante los últimos 10 años. Adicionalmente empezó investigaciones desde comienzos de enero y ha remitido a las autoridades competentes -Procuraduría y Fiscalía- todo lo que ha ido encontrando, porque la idea es que se asuman todas las responsabilidades a las que haya lugar.
Paola Holguín es senadora por el Centro Democrático e integrante de la Comisión Segunda del Senado, encargada de temas de seguridad.
Twitter: @PaolaHolguin
¿Entonces este tipo de perfilamientos hacen parte de las labores de las Fuerzas Militares?
Las labores de inteligencia y contrainteligencia están ampliamente amparadas y regladas por sentencias de la Corte Constitucional y están consagradas en decretos y en la ley de inteligencia y contrainteligencia, que es la que establece alcances y límites de estas dos funciones.
A su juicio, ¿estas denuncias desvían la atención de la opinión pública a las labores de seguridad que vienen haciendo los militares?
A uno le preocupa que los escándalos se han vuelto una manera sistemática para tratar de paralizar las fuerzas. Sin embargo, el Gobierno viene haciendo importantes ajustes en el tema de inteligencia y contrainteligencia y se establecieron una 25 tareas en 7 áreas para fortalecer y mejorar el control en estos dos temas.
¿Cree que debe haber responsabilidad política en este asunto?
Nosotros siempre hemos pedido que se establezcan todas las responsabilidades que existan. Nos preocupa un tema de hostigamiento que hay, porque siempre se trata de estigmatizar al partido Centro Democrático y al expresidente Uribe con estos temas. Uno lo ve en la forma tendenciosa en que la se dice, por ejemplo, que son 130 carpetas, pero no salen todos los nombres, y cuando se habla de quiénes están perfilados se habla solo de los de oposición, pero no se mencionan los miembros del Gobierno o personas cercanas a nuestro partido que también están perfiladas.
¿Cómo quién, por ejemplo?
Como, por ejemplo, Jorge Mario Eastman, el coronel retirado que trabaja en la Oficina del Alto de Paz, el hermano del director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que es el general Amaya. No se menciona a Pedro Soto, candidato del Centro Democrático al concejo de Barrqnuilla, ni al general Lemus, ni al coronel Villareal, que fue director de Indumil y que también es cercano al Centro Democrático, en fin. Y también se ha manejado todo de manera tendenciosa, en un delito que está consagrado en el Código Penal, que es hostigamiento, dirigido, principalmente, contra algunos parlamentarios del partido.
¿Cuál es su visión sobre estos perfilamientos en el Ejército?
Tal vez lo más preocupante es que, después de haber liquidad el DAS, haberse aprobado en el Congreso una ley de inteligencia y contrainteligencia, de haber sucedido Andrómeda y de todos los antecedentes con militares en el gobierno del presidente Iván Duque, esto vuelva a repetirse, lo que significa que las medidas que hemos tomado son insuficientes.
Ustedes los opositores han hablado de una ‘operación de espionaje’, ¿por qué?
Porque esta vez no solo son chuzadas, sino que es una operación de espionaje, al parecer, muy completa. Además, un grupo de tres senadores le habíamos informado al Gobierno, desde julio de 2019, que estaba en marcha una operación de espionaje contra nosotros y varios periodistas y el Gobierno no solo no hizo nada, sino que lo negó. Ahora, además, estas operaciones de espionaje se extienden a periodistas extranjeros y se hacen con recursos del exterior. Adicionalmente aparece mezclada, esta operación de inteligencia, con una explícita motivación política y con otros hechos igualmente graves en el Ejército.
Antonio Sanguino, senador poe Alianza Verde, opositor al Gobierno Nacional y también miembro de la Comisión Segunda del Senado.
Juan Manuel Vargas / El Tiempo
Por la información que han recolectado en la oposición, ¿esta era una operación del Ejército o el Gobierno como tal o los implicados son algunos militares?
Por la repetición de los hechos, modalidades y blancos similares, por los protagonistas que sobreviven a las depuraciones y por la cantidad de oficiales esto no es un asunto de ‘manzanas podridas’. Creo que es evidente que estamos en presencia de un entramado y unas características que son estructurales o de un enquistamiento de un sector de la inteligencia militar y las Fuerzas Armadas asociadas a sectores políticos que están todavía atrapados en una lógica de guerra y enemigo interno.
Y, según usted, ¿qué sectores políticos estarían asociados en este tema?
Las informaciones de prensa hablan de políticos del Centro Democrático y del uribismo. Además hay un campo ideológico común. Este tipo de actuaciones casan perfectamente con una lógica y un discurso de extrema derecha.
¿Cuál debería ser la responsabilidad política ante estas denuncias?
Lo que estamos pidiendo es que se establezcan los responsables en las Fuerzas Armadas y hasta el nivel más alto que haya llegado este fenómeno de ilegalidades desde el corazón de la inteligencia militar y el Ejército. No solo producir las decisiones políticas y administrativas que correspondan, sino que esto implique una revisión de la doctrina militar, de con qué doctrina se están formando a los agentes y oficiales de inteligencia del Ejército. Esto implica establecer las responsabilidades políticas correspondientes, es decir quienes, desde instancias políticas, dieron la orden y quienes recibían la información y con qué propósitos. Y además creo que hay que revisar, en general, todos los mecanismos de promoción de los oficiales al interior del Ejército.
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