En los últimos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores retomó el proceso licitatorio para el suministro y personalización de pasaportes, un contrato que cuenta con un presupuesto cercano a los 600 mil millones de pesos.
El trámite se había suspendido de manera temporal por diferentes denuncias que apuntaban a que las condiciones estaban dadas para favorecer al actual contratista (Thomas Greg & Sons) y por el supuesto lobby de dos españoles en favor de una multinacional europea.
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Una vez reanudada la licitación, el pasado 12 de julio se adelantó la audiencia en la que se recibirían las propuestas de los interesados y, además, unas muestras del producto que se habían solicitado en los pliegos.
A pesar de que se conocía que empresas húngaras, alemanas y portuguesas, entre otras, estaban interesadas en el contrato, sólo se presentaron dos oferentes.
Las compañías son: la Unión Temporal Libretas 2023, la cual está integrada por las firmas Cadena S. A., Cadena Courrier S. A. S. y la Imprensa Nacional-Casa Da Moeda S. A. Y la otra, la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por Thomas Greg & Sons de Colombia S. A., Thomas Greg Express, Seguridad Móvil de Colombia, Tomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S. A., Thales Colombia S. A. y Thales DIS Finland Oy.
En el caso de esta última, el representante de la UT Libretas 2023 se negó a entregar las muestras y dejó una constancia en la que asegura que la Cancillería no ha ajustado los pliegos.
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¿Qué denuncian las empresas?
En días pasados, EL TIEMPO había revelado dos cartas de las firmas Mühlbauer ID Services GmbH (alemana) y Banknote Printing Shareholding Company (húngara). En las misivas se señalaba que “el pliego actual disuade la libre competencia y bloquea la aparición de múltiples licitadores, ya que no refleja la realidad del mercado e impide la entrada de nuevas empresas interesadas”.
Ambas empresas también aseguraron que los tiempos estipulados en el cronograma para la preparación de una oferta de condiciones técnicas, financieras y jurídicas requeridas eran insuficientes.
Además, solicitaron que los plazos de la licitación e implementación se modificaran, para que de esta manera fueran acordes con los tiempos del mercado y los estándares internacionales.
Cancillería
Archivo particular
Por esa misma línea va la constancia que radicó la UT Libretas 2023, en el que se asegura que desde que se celebró la anterior licitación de pasaportes (en 2019), la cual culminó con la adjudicación del contrato vigente con Thomas Greg & Sons, se cuestionó tanto las especificaciones técnicas como el pliego de condiciones.
Entre las razones que expone la firma para solicitar los ajustes se destacan el establecimiento de plazos excesivamente estrechos que impedían o dificultaban considerablemente la participación de terceras empresas en condiciones de igualdad de oportunidades y la libre competencia.
En el documento también se manifiesta que “en múltiples ocasiones se puso de presente a la Cancillería que una de las principales barreras en los procesos de licitación de pasaportes era el escaso tiempo entre su apertura y el inicio de la ejecución del correspondiente contrato, por lo que resultaba prudente que la nueva licitación iniciara con al menos seis meses de antelación”.
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La UT Libretas 2023 enfatiza que las condiciones con las que se reanudó el proceso de adjudicación no difieren de las publicadas en mayo, las cuales, como ya se mencionó, fueron objeto de observación por la mayoría de las empresas interesadas.
Al consultar con algunas de las compañías que inicialmente participarían, voceros de un par de empresas declararon que su retiro de la licitación se dio por los mismos señalamientos: un presunto favorecimiento al actual contratista.
Lo que viene con el proceso
El 18 de julio se conocerá la evaluación de la propuesta presentada por la UT Pasaportes 2023. Y el primero de agosto próximo se celebrará la audiencia de adjudicación del millonario contrato.
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Por su parte, se le hizo un otrosí a Thomas Greg & Sons para que continúe con la ejecución de las actividades requeridas en el contrato mientras se lleva a cabo el trámite.
En cuanto a la respuesta de la Cancillería, EL TIEMPO consultó con la entidad para conocer si emitirán un pronunciamiento oficial sobre el tema, pero, a la fecha, no hay respuesta.
EL TIEMPO – UNIDAD INVESTIGATIVA