Redacción
Hay preocupación en Cali por el futuro del MÍO, generada principalmente por las manifestaciones de la Administración Municipal frente a la posibilidad que este cese operaciones y las fuertes consecuencias en términos ambientales, económicos y sociales.
Esta situación generaría que el uso del vehículo particular se incremente notablemente, lo que implica un aumento de las externalidades propias de su operación, como mayor congestión, más emisiones contaminantes y mayor ruido vehicular.
Es imperativo que la Administración presente una estrategia integral que garantice una prestación adecuada del servicio de transporte, la cual debe abordar los aspectos institucionales, infraestructura, financieros, ambientales y sociales.
Aquí, algunas ideas para avanzar en la estructuración de este plan.
Frente a los aspectos institucionales, la Autoridad Regional de Transporte, creada para el Tren de Cercanías, debe asumir como Autoridad Única de Transporte en la región. Se requiere que el Ministerio del Transporte delegue sobre ella el ejercicio de la Autoridad de Transporte Masivo y que los alcaldes hagan lo propio sobre el ejercicio del Transporte Publico Colectivo.
Con esta iniciativa estaría en condiciones de regular la prestación del servicio de transporte colectivo y masivo adecuadamente integrados, garantizando que su complementariedad permita llevar el servicio a todos los centros poblados de la región, a través del tren de cercanías, el MIO, rutas de buses complementarias y rutas de buses alimentadoras, entre otros.
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Es necesario construir la infraestructura de transporte requerida para hacerlo eficiente: el Tren de Cercanías, finalizar el corredor de la Troncal Oriental del MIO y otros corredores adicionales, especialmente conexiones oriente-occidente. Además, se debe mejorar la eficiencia de la malla vial arterial, mediante su rehabilitación y ejecución de obras en sitios neurálgicos como la Avenida Roosevelt entre las carreras 36 y 44. También se debe avanzar en la red de ciclo-infraestructura, construir una red de ciclo-parqueos que facilite el uso de la bicicleta y garantizar el buen estado de los corredores de circulación peatonal.
Teniendo en cuenta el fuerte desafío financiero que esto representa, es necesario que como región se sumen esfuerzos y se integre a la Nación en la financiación de un proyecto integral que incluya las obras físicas, la tecnología y material rodante como inversión pública, garantizando así una tarifa baja al usuario y facilitando la movilidad en él territorio.
Frente a lo ambiental, es necesario considerar tecnologías limpias, de bajo costo de operación, como vehículos eléctricos y a gas.
Finalmente, la política de transporte debe considerar los aspectos sociales y, por ende, incluir compensación para los propietarios de más de 700 buses del colectivo, 800 camperos del oriente y los vehículos intermunicipales de corta distancia que se vean afectados. También se requiere la participación, en el nuevo diseño de la operación de las empresas de transporte (urbano e intermunicipal) que se vean desplazadas, a quienes se les entregarían los vehículos adquiridos por el proyecto y se encargarían de las coberturas de riesgos, la operación y el mantenimiento.
Estas reflexiones solo son unas ideas que buscan contribuir en la búsqueda de soluciones. Qué bueno que las administraciones municipal, departamental, Metro Cali SA y el Gobierno Nacional le presenten a los caleños una hoja de ruta que dé tranquilidad a los ciudadanos. Que evidencie que no se trata de gastarse unos recursos en una acción aislada, si no que estamos ante un plan estructurado y novedoso, que cuenta con el acompañamiento y compromiso moral y financiero de la Nación y que, además, permitirá llevar transporte de calidad a toda la región.
