“Aquí también hay una realidad. Este proceso necesita pedagogía todos los días. Esto no quiere decir que mañana o pasado mañana las dificultades se hayan ido. Vienen dos nuevos operadores a invertir, a transformar y a ayudarle a la ciudadanía, y la pedagogía debe estar orientada a que (esta) también colabore y contribuya en este proceso”.
Con esta precisión del presidente Iván Duque, el Gobierno presentó ayer a las empresas Afinia y Air-e como operadores del servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la región Caribe, que reciben los mercados con los peores indicadores en materia de pérdidas de energía y de calidad de servicio, luego de la era de Electricaribe.
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La entrega de las llaves a las firmas marca enormes desafíos en variables como el recaudo, la subnormalidad y el fraude, fenómenos que todavía persisten.
Y, precisamente para iniciar el cambio de rumbo, ayer en Barranquilla y Cartagena se suscribieron los compromisos para la celebración de los programas de gestión con ambos operadores.
Con base en ello, la Superintendencia de Servicios Públicos le hará seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones pactadas entre el Gobierno y Afinia (Empresas Públicas de Medellín-EPM) y Air-e (Consorcio Energético de la Costa, conformado por la Empresa de Energía de Pereira y Latin American Corp). Según el organismo de control, así se da fin a la operación de Electricaribe, intervenida en noviembre de 2016, para dar paso a un cronograma de inversiones y al restablecimiento de la confianza de más de 10 millones de habitantes de esta región.
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Según la entidad, con la protocolización del proceso y la recepción de la operación, los nuevos operadores asumieron dos compromisos principales.
El primero es la sustitución patronal para garantizar la estabilidad laboral y la protección de los trabajadores vinculados a Electricaribe, en aplicación del Código Sustantivo del Trabajo
El segundo es la ejecución de inversiones por al menos 5,8 billones de pesos en cinco años, en la infraestructura y zonas de operación, cifra que en un período de 10 años superará los 10 billones de pesos, según explicó Duque.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se comprometió a vigilar el cumplimiento del plan de inversiones, que para el caso de Afinia, la compañía de Empresas Públicas de Medellín a cargo de la operación en Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, sumará 3,2 billones de pesos.
En el caso de Air-e, responsable de la operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira, será de 2,6 billones de pesos.
La Superservicios hará seguimiento permanente para evaluar el avance de las obras, así como el mejoramiento de los indicadores de duración promedio de las interrupciones (Saifi) y de número de interrupciones (Saifi).
“Durante los próximos cinco años se controlarán ocho tipos de indicadores y subindicadores para un total de 27 ítems relacionados con las inversiones, y la calidad, continuidad y cobertura del servicio”, indicó la Superservicios.
En medio del hermetismo sobre los detalles financieros del contrato de cierre de transacción con cada operador, Javier Lastra, exagente interventor de Electricaribe, llamó la atención porque tras la entrega de las llaves el Gobierno, a través de un decreto establecido en la emergencia económica (Decreto 809 del 4 de junio), les prestará dinero a las nuevas firmas para realizar otras garantías.
Otras fuentes del mercado eléctrico señalaron que el esquema sería un aval de la Nación para estas operaciones y las compras de energía, pero el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, descartó cualquiera de estas posibilidades.
“El único mecanismo alternativo de financiamiento, pero de manera generalizada para todas las empresas de energía, es el esquema de bancarización de subsidios. El Gobierno Nacional no financiará ni garantizará a las nuevas compañías”, aseguró el funcionario.
Desde noviembre de 2016, el Fondo Empresarial de la Superservicios ha destinado 4,56 billones de pesos a Electricaribe en créditos para su operación (4,1 billones y créditos para garantías de compra de energía por 460.000 millones de pesos.
Además, la Nación otorgó recursos para inversión, vía Conpes, por valor de 860.000 millones de pesos. Para el arranque de operación en la primera fase, que se dará en firme desde el 1.° de octubre, Afinia y Air-e realizarán labores conjuntas de carácter transversal a través del Centro de Servicios Compartidos, según explicó la Superservicios.
Esta empresa fue constituida por los dos operadores para atender temas comerciales y de facturación, entre otros.
Su existencia está contemplada a dos años, plazo que podrá ser menor dependiendo de la agilidad con la que cada operador asuma estas actividades de manera independiente.
Las peticiones, quejas, reclamos y todos los trámites en curso interpuestos por los usuarios ante Electricaribe serán asumidos por las nuevas empresas y, paralelo a la entrada en servicio de los nuevos operadores de red, el proceso de intervención de Electricaribe continuará con los trámites de ley para su liquidación y término de su existencia legal.
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El gerente general de Air-e, John Jairo Toro, reveló que la situación en que se asume la operación es muy compleja por el estado de deterioro de la red, a lo que se suman unas “pérdidas preocupantes de energía” del 35 por ciento y recaudo del 70 por ciento, frente a un promedio nacional del 14 por ciento y del 94 por ciento, respectivamente.
Además, en la calidad del servicio el índice Saidi, que mide el tiempo de la duración de las interrupciones, es de 120 horas al año y el Saifi (frecuencia con que se da una interrupción) está en 104 veces al año.
La firma Air-e tiene un plan de inversión de 4,4 billones de pesos para sus 697.304 clientes en Atlántico, 308.181 en Magdalena y 169.179 en La Guajira.
Entre tanto, las inversiones de Afinia en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar en el primer quinquenio se estiman en 4 billones y para los primeros 10 años sumarían 8 billones de pesos.
Blanca Liliana Ruiz, gerente general de Afinia, aseguró que si bien la compañía a su cargo se encuentra comprometida con el mejoramiento en la prestación del servicio, no lo podrá hacer sola y para ello necesita del aporte de todos los grupos de interés, en especial de los mandatarios locales y regionales.
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