Por estos días son muchos los sectores políticos que están presentando ideas para conseguir los recursos que se requerirán para reactivar la economía tras la crisis por el coronavirus, entre las cuales está recortar el Congreso y ahorrar alrededor de 316.000 millones de pesos, que bien le servirían al país para invertir en otras cosas.
El propósito es que el Congreso pase de tener 280 miembros, como sucede actualmente, a que tenga 157: 51 senadores y 106 representantes a la Cámara.
La propuesta fue bien recibida dentro del Centro Democrático, partido en el que milita su principal impulsor, el representante a la Cámara, Óscar Villamizar. El jefe máximo de esta colectividad, el expresidente Álvaro Uribe, reiteró sus postulados de ahorro estatal y reducción burocrática a los que se llegaría si se consigue este cambio.
Para varios observadores, la decisión de recortar el Congreso es algo que no solamente redundaría en beneficios económicos, sino que también agilizaría muchos procesos que hay en el Legislativo, permitiría un control ciudadano mucho más eficaz y respondería al reclamo democrático de una gran parte de la población, entre otros puntos a favor.
Conocida la propuesta, lo que muchos se preguntan ahora es, ¿cómo se haría este recorte y qué tan factible es?
El camino para llegar a esta modificación, en principio, sería un proyecto de acto legislativo que se presentaría ante el mismo Congreso, la instancia más expedita que existe para reformar la Constitución.
Como la iniciativa fue radicada este miércoles, según lo dijo el representante Villamizar, comenzará su trámite el próximo 20 de julio ya que, por tratarse de una enmienda a la Carta Política, debe superar ocho debates en dos periodos legislativos.
Esto significa que tendría que pasar cuatro debates en el periodo legislativo que va del próximo 20 de julio al 16 de diciembre y otros cuatro en la etapa que va desde el 16 de marzo del próximo año hasta el 20 de junio. Si los logra superar, la iniciativa estaría lista a medidos del 2021.
En ese momento le faltará un año de periodo al actual congreso y la aplicación de esta modificación dependerá de lo que se decida en el trámite del proyecto. Esto significa que en este proceso habrá quienes propongan que se aplique tan pronto sea aprobado, como otros que plantearán que cobije al próximo legislativo, que comenzará su periodo el 20 de julio de 2022.
¿Viable?
Pese a estas cuentas, existe un escollo que parece insuperable en el Capitolio: la posición de varios partidos políticos ante un remezón de esta naturaleza.
No se puede olvidar que los congresistas estarían decidiendo sobre algo que, para muchos, los estarían impactando directamente: el tamaño de su lugar de trabajo y el número de curules a las que pueden aspirar.
Dentro de las normas existe algo que se llama el conflicto de interés, el cual consiste, en el caso de los congresistas, en que deben separarse del trámite de proyectos legislativos en los que se presuma que están interesados ellos o sus familiares más cercanos, ya sea a favor o en contra.
Esto se traduce en que, por ejemplo, si en el Congreso se tramita una ley que le otorgue beneficios al sector de los transportadores de carga y un hermano de un legislador es propietario de una empresa de camiones, el congresista debe declararse “impedido” para tramitar esta norma y sus compañeros deben decidir si esta petición se acepta o no se acepta.
La idea de este recorte es conseguir 316.000 millones de pesos que podrían invertirse para reactivar la economía tras la crisis por el coronavirus.
Cabe recordar que una de las causales para la pérdida de la investidura de los legisladores es la violación al régimen de conflicto de interés, la cual podría configurarse si los congresistas deciden sobre asuntos que los impacten -a favor o en contra- de manera directa.
Este hecho, a la luz de varios observadores, será la principal traba que tendrá el proyecto de acto legislativo que propone recortar el Congreso ya que lo más seguro es que la mayoría de los legisladores argumentará que estaría decidiendo sobre un asunto que los toca directamente: reducir las curules a las cuales pueden aspirar.
Un caso similar a este sucedió el año pasado en el Congreso cuando se tramitaba un proyecto de ley que buscaba reducir los salarios de los legisladores, una de las propuestas de la consulta anticorrupción de agosto de 2017.
Cuando la iniciativa llegó a la Comisión Primera de la Cámara casi todos sus integrantes -34 de 35- tomaron el camino de declararse impedidos y el proyecto naufragó en una sesión bochornosa en la que los ciudadanos vieron cómo se iba acabando el quórum para decidir, incluso, sobre los mismos impedimentos.
Así las cosas, habrá que esperar a ver si esta vez los congresistas realizan un debate serio sobre los beneficios que tendría una modificación de esta naturaleza. O si, como en otras ocasiones, la mayoría de ellos antepone sus intereses personales a los colectivos.
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