Cada Semana Santa la comunidad de Punta del Este, un barrio de Buenaventura, se reúne para el desfile de los “matachines”, una celebración con monigotes disfrazados que representan, entre danzas y algarabías, el martirio de Jesucristo. Los muchachos se ponen sus máscaras y ejecutan un baile impetuoso en la calle embarrada y sin pavimento, rodeada de muros manchados por la humedad y casas muy humildes.
La celebración, en el principal puerto de Colombia, sería otra más en el larguísimo calendario de santos y fiestas cristianas si los muchachos que danzan, las señoras que cantan y los niños que curiosean por montones en los andenes no supieran que están celebrando algo más que la crucifixión del hijo de Dios.
La comunidad de Punta del Este cada Semana Santa aprovecha la fiesta de los matachines para recordar a sus 12 muchachos secuestrados y asesinados el 14 de abril de 2004, cuando salieron a un partido de fútbol en un barrio vecino y nunca volvieron. Se los llevaron engañados: les prometieron 200.000 pesos si ganaban el partido que nunca jugaron.
¿Quién se los llevó y por qué? ¿Alguien se beneficiaba de la brutal violencia que sufría la ciudad en esos años? ¿Existen una relación entre las grandes inversiones logísticas y de infraestructura que llegaron al puerto con el incremento de homicidios, desplazamientos y desapariciones? Esas son algunas de las preguntas que busca responder la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) en Buenaventura, donde ha priorizado un caso de investigación cuyo eje temático es el impacto de los megaproyectos sobre el territorio. O dicho de otro modo: la relación entre el supuesto “desarrollo” y el conflicto armado.
“Las comunidades tienen muchas expectativas frente a la CIVP, porque es un proceso autónomo cercano a las dinámicas de las organizaciones y las comunidades” explica Mary Cruz Rentería, una joven lideresa del Proceso de Comunidades Negras que además fue designada como comisionada local de la CIVP en Buenaventura.
Rentería cree que aunque han habido apuestas de memoria y verdad en el puerto, en el grueso del país todavía no conocen lo que ocurrió en la ciudad y su zona de influencia, ni cuáles fueron las lógicas económicas y políticas que convirtieron al principal puerto del Pacífico en un campo de batalla.
“La gran expectativa que tenemos es que podamos develar en clave de esclarecimientos y de verdad esos actores y esos daños, esas afectaciones que de manera colectiva hemos tenido las comunidades indígenas y negras asentadas en el Pacífico, para nosotros es una oportunidad con mucho contenido político, que se reconozca el daño al territorio y las comunidades ancestrales.”
Buenaventura, con el mayor puerto del país, aporta alrededor de 6 billones de pesos anuales al fisco nacional y por allí pasa más del 60 por ciento del comercio internacional de Colombia. No obstante, nada de esa riqueza se queda en el territorio. La ciudad sigue sin un hospital de tercer nivel a pesar de que atiende una población de medio millón de habitantes, el servicio de acueducto no alcanza para muchos barrios, tampoco hay alcantarillado, y los índices de pobreza y marginalidad están entre los más altos de Colombia.
A esto se suma que entre 1990 y 2012 las tasas de homicidios alcanzaron niveles nunca vistos. Las cifras oficiales hablan de 4.799 muertes violentas en ese periodo, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, con picos de 150 homicidios por cada cien mil habitantes en el 2000 cuando los paramilitares llegaron al puerto para disputarse el control territorial con las milicias de las FARC.
El período de mayor violencia coincide plenamente con el de mayor desarrollo. En esos mismos años se privatizó el puerto, que fue ampliado y modernizado, se construyeron nuevos terminales, se implantaron megaproyectos como la vía alterna y el puerto de agua dulce, y también llegaron empresas multinacionales como la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCBUEN), acusadas por las comunidades de que estarían instrumentalizando la violencia para conseguir terrenos y áreas en donde desarrollar sus planes. “Aquí la guerra no fue contrainsurgente, fue una guerra contra la gente para apropiarse de la tierra, un control territorial real” asegura Adriel Ruiz, un líder social de la ciudad, defensor de derechos humanos y también miembro del equipo técnico de la CIVP.
A esto se suma que entre 1990 y 2012 las tasas de homicidios alcanzaron niveles nunca vistos. Las cifras oficiales hablan de 4.799 muertes violentas en ese periodo, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. © CIVP
Buenaventura es uno de los territorios más activos y donde las comunidades mejor han acogido la iniciativa de la CIVP. En una gira reciente que hizo el filósofo y pensador portugués Boaventura de Soussa Santos recorrió la ciudad y consiguió que junto a la activista francesa Meirelle Fanon se convirtieran en acompañantes y veedores internacionales de la Comisión. También han realizado actos públicos de lanzamiento, charlas y foros, e incluso han presentado la iniciativa en cátedras académicas de universidades bogotanas. Ahora empezaron con el proceso de investigar y documentar los daños que el conflicto armado produjo en su región.
Héctor Micolta, otro miembro de la Comisión en el Puerto, explica que hasta ahora han avanzado en delimitar tres casos puntuales: “tienen que ver con el tema portuario, del despojo y los macroproyectos que afectan las comunidades en los territorios ganados al mar. Estas están en las comunas número 5 y 6 por la llegada de TCBUEN. El otro es el caso de Bajo Calima por la expansión portuaria con el Puerto de Aguadulce. Y tenemos también afectaciones por la construcción de la doble calzada con las comunidades del Alto y Medio Dagua”.
De este proceso participan varias organizaciones sociales del puerto que apoyaron el trabajo de la CIVP. Algunas son organizaciones reconocidas por su trabajo en defensa de los derechos humanos, como el Espacio Humanitario de Puente Nayero o la organización Fortalecimiento de Espacios para la Convivencia y el Desarrollo Social (FUNDESCODES), pero también hay comunidades de base agrupadas en el Proceso de Comunidades Negras y los Consejos Comunitarios.
“Para nosotros el panorama es hostil” reconoce Mary Cruz Rentería. “Aún hay presencia de actores armados que no sabemos a veces ni siquiera quiénes son, no podemos olvidar el exterminio sistemático contra líderes y lideresas que exigen los derechos, que de manera profunda nos afecta a nosotros”. Y es que en Buenaventura, como en muchas partes del Pacífico, la paz con las FARC no significó el fin del conflicto. Nuevos y viejos grupos armados coparon los territorios. No obstante, las comunidades insisten en esclarecer la verdad con clave étnica, confiando en que esto sirva para la construcción de paz.
“Es importante que el país conozca la verdad de lo que pasó en Buenaventura porque así sabrá a costa de qué se ha construido este puerto, para nosotros es estratégico y urgente que se pueda reconocer todo lo que pasado con las comunidades acá, en materia de discriminación, de racismo estructural. Que el país sepa que todo esto ha pasado con el auspicio de instituciones de todos los niveles, tanto a nivel local, regional y nacional, que se den cuenta cómo la dinámica del conflicto ha instrumentalizado a nuestros jóvenes. Esa es nuestra apuesta política: que Colombia y el mundo sepan qué ocurrió en Buenaventura” concluye Mary Cruz Rentería.
Por: Camilo Alzate / Semanarural.com