El Ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, sometió este viernes a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2023.
(Presupuesto, cuentas fiscales y subsidios, claves en empalme).
El valor total del proyecto presentado asciende a $391,4 billones e incorpora las necesidades de gasto conocidas a la fecha de su presentación. De esta cifra, $250,6 billones (64%) corresponde a gastos de funcionamiento, $78 billones (19,9%) al pago del servicio de la deuda y $62,8 billones (16%) a inversión. Como porcentaje del PIB, el presupuesto equivale al 27%.
Al descontar el servicio de la deuda pública, $78 billones, y las transferencias para el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), $19,1 billones (1,3% del PIB), el valor de las apropiaciones asciende solo a $294,4 billones, un 4,9% superior al presupuesto vigente, lo cual muestra el esfuerzo fiscal por consolidar las cuentas fiscales y reducir las presiones inflacionarias sin afectar la actividad productiva.
El ministro destacó que la suma de las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones y el aseguramiento en salud, $143,6 billones, explican más de la mitad del total de los gastos de funcionamiento. Las transferencias para el SGP ascenderán a $54,9 billones, un monto superior en 10,8% al previsto para 2022. El pago de las mesadas pensionales pasará de $50,7 billones en 2022 a $56,0 billones en 2023, 10,3% más y el aseguramiento en salud de $26,9 billones a $32,7 billones, es decir, 21,6% más, que se destinarán a asegurar la prestación de los servicios en salud en esta época de pandemia.
(Los sectores que más recibirían recursos del Presupuesto en 2023).
A nivel sectorial, 89,4% de los recursos del presupuesto de inversión se concentra en los sectores de inclusión social y reconciliación (25,36%); transporte (15,39%); hacienda (10,94%); educación (8,31%); trabajo (7,36%); minas y energía (6,86%); vivienda, ciudad y territorio (3,71%); defensa y policía (3,21%); planeación (2,34%); agricultura y desarrollo rural (2,10%); tecnologías de la información y las comunicaciones (2,02%) y salud y protección social (1,83%).
Cabe resaltar que el sector salud, con $49,0 billones, tendrá este año la segunda mayor participación en el total del presupuesto sin deuda, superando al sector de defensa y detrás del sector educación que tendrá la mayor representatividad con $56,5 billones.
De acuerdo con Restrepo, este proyecto de ley propone avanzar en un ajuste ordenado y gradual de las finanzas públicas. “El PGN 2023 está programado acorde con las posibilidades reales de financiación del país, en un entorno global de incertidumbre y presiones inflacionarias que tiende a elevar el costo de los intereses de la deuda pública y amenaza con restarle dinamismo al crecimiento económico; al tiempo que subraya la pertinencia de mantener la inversión estatal requerida para, de forma responsable, superar las secuelas sociales y económicas dejadas por la pandemia”.
Sostuvo que este presupuesto garantizará que el país alcance nuevamente un superávit fiscal primario de 0,1% del PIB en 2023, un resultado no observado desde 2019, año en el que este gobierno comenzó un proceso de ajuste de las finanzas públicas alcanzando el primer superávit fiscal en siete años. Adicionalmente, con esto se lograría reducir las necesidades de financiamiento de deuda pública a 6,7% del PIB en 2023, cuando normalmente son del 8,2%.
Cabe anotar que como parte de la estrategia de recuperación de la sostenibilidad fiscal del país, el proyecto de ley de PGN para 2023 busca que los programas de gasto previamente iniciados no queden inconclusos y se cumpla con los compromisos para los cuales se apropiaron.
El ministro resaltó que el valor y composición de las propuestas de gasto que se presentan no deben considerarse como definitivas. Así mismo, sostuvo que este proyecto de ley contiene las solicitudes de los órganos que hacen parte del PGN en materia de gasto para atender las políticas y programas a su cargo.
Es de esperar que en las próximas semanas, la administración entrante, en el marco de su propio plan de gobierno, revise cada proyecto, evalúe los faltantes que puedan tener las entidades y efectúe las recomendaciones de cambio que considere más convenientes de conformidad con los mecanismos de ajuste previstos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP), considerando la disponibilidad de recursos y teniendo como referente los parámetros de la regla fiscal y las previsiones de las principales variables macroeconómicas.
(Los sectores con mayor ejecución y asignación del Presupuesto en 2021).
Este proyecto es, además, consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2022), presentado a las comisiones económicas del Congreso de la República el pasado 14 de junio, con el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP 2023-2026) y con el Programa Operativo Anual de Inversiones, POAI 2023, aprobados por el CONPES el 14 de julio, de manera que, en conjunto, se puede afirmar que se está garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.
El repunte de los ingresos corrientes permitirá sustituir ingresos transitorios por ingresos permanentes, en favor de la sostenibilidad de las finanzas nacionales. Los ingresos de capital se reducen 25,6% frente al aforo del año anterior, debido a menores necesidades de financiamiento crediticio que se disminuyen de $102,2 billones en 2022 a $67,9 billones en 2023.
El proyecto incluye las apropiaciones necesarias para cubrir el costo que demanda el funcionamiento de los órganos que conforman el PGN. La programación de los gastos de personal tiene en cuenta las proyecciones de inflación y respeta los mandatos constitucionales y legales sobre la materia. En tanto que las transferencias corrientes, diferentes a las constitucionales y legales, y las adquisiciones de bienes y servicios, están programadas con estrictos criterios de austeridad, para no afectar las metas fiscales, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 2155 de 2021.
En síntesis, Restrepo enfatizó que las cifras que se presentaron permitirán tener una idea cercana del monto de recursos que podrían requerirse en 2023 para cubrir las necesidades de funcionamiento del sector público y para atender el cumplimiento de las metas previstas en el plan de inversiones, que garanticen la atención de los compromisos adquiridos mediante contratos o convenios vigentes, los créditos firmados y las vigencias futuras cuyos cupos hayan sido debidamente autorizados, el cumplimiento de la Ley de Víctimas del conflicto armado interno, del acuerdo de paz y de los mandatos de las altas cortes, especialmente la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento, y, en general, de aquellos otros gastos de ineludible cumplimiento.
RECURSOS PARA FINANCIAR PROGRAMAS SOCIALES
Este presupuesto también incluye recursos para financiar programas como Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción y compensación del IVA, y atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional.
Se respaldará el financiamiento de parte de la tarifa de servicios públicos de acuerdo con los mandatos legales y las acciones para apoyar la protección del empleo, así como potenciar y diversificar el aparato productivo. La aprobación de la Ley 2155 de 2021 permitirá, por otra parte, garantizar la financiación de algunos de los programas mencionados por el resto de 2022 y en otros casos hasta 2023.
Otros programas, como Ingreso Solidario y PAEF han mostrado ser importantes para enfrentar los efectos sociales de la pandemia y para cubrir las necesidades de la población más vulnerable. Sin embargo, en el caso del Ingreso Solidario, su vigencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Inversión Social, solo llega hasta el próximo mes de diciembre. Será el gobierno entrante el que decida sobre su modificación o permanencia, para lo cual deberá tramitar su viabilidad legal ante el legislativo. Mientras se asegura esta viabilidad jurídica se programan recursos para este programa en el Ministerio de Hacienda.
De cualquier manera, la propuesta de ley que ahora se presenta permitirá contar en 2023 con un instrumento poderoso para apoyar el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de las brechas de desigualdad social y regional, así como para cumplir la regla fiscal, de acuerdo con las metas establecidas en la Ley de Inversión Social, Ley 2155 de 2021.
(Sectores priorizados en el proyecto de presupuesto para Bogotá en 2022).
Es de destacar que en un ambiente de incertidumbre, como el que atraviesan las finanzas de la nación, después de cinco picos de la pandemia, el valor de las propuestas se verá sujeto a modificaciones en la medida que vaya cambiando la información en el curso de las próximas semanas. Por esta razón, el ministro aseguró que no se deben extraer conclusiones definitivas de las cifras que se presentan. Es de considerar, además, que no se conoce la decisión que adoptará el nuevo gobierno sobre el valor y contenido de este proyecto.
Por último, Restrepo expresó que es importante tener en cuenta que el próximo año será el primer año de gestión de un nuevo gobierno y que la programación presupuestal tuvo en cuenta responsablemente esta situación, con el fin de facilitar los ajustes que proponga la administración entrante, especialmente en el contexto de las iniciativas de política y las prioridades de su programa de gobierno.
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