Diferentes reacciones ha tenido la decisión de la Corte Constitucional, por declarar inexequible el decreto legislativo 1085 del 2 de julio de 2023 por medio del cual declaró el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco dijo que “respetamos la decisión de la Corte y nos adecuamos. La Corte dio un año para utilizar los instrumentos que hemos planteado en los decretos de Emergencia… la Corte ha reconocido la argumentación del Gobierno Nacional cuando decimos que el fenómeno del Niño y de La Niña puede tener graves efectos en la alimentación y supervivencia de los niños de La Guajira”, enfatizó.
Por su parte, la gobernadora de La Guajira Diala Wilches dijo, “lamentablemente, se cae la emergencia económica en La Guajira. El fallo de la honorable Corte Constitucional es definitivo y debe acatarse conforme a nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado Social de Derecho”.
También señaló que, “pero hay que mirar hacia adelante, existen vías gubernamentales jurídicas y legislativas para que las acciones en pro de los guajiros se hagan realidad y se traduzcan en soluciones tangibles y permanentes. Al gobierno del presidente Petro y a las mesas directivas del Congreso, les solicito crear una estrategia de trabajo conjunto para que, en la ley de Presupuesto, se apropien los recursos necesarios que permitan incluir soluciones de agua potable, seguridad alimentaria, salud y de servicios públicos para salvar Vidas en La Guajira. Estoy presta a trabajar en pro de este propósito, La Guajira nos necesita”, enfatizó la gobernadora de los guajiros.
Hasta el 2 de julio de 2024 seguirá vigente parte del decreto de Emergencia para La Guajira en aspectos relacionados con el tema de acceso al agua y saneamiento básico, pero no tienen validez otros temas en materia de salud, agro, ambiente, educación, transporte, energía, entre otros aspectos.
La senadora de la República, María Fernanda Cabal señaló, “la honorable Corte Constitucional reafirmó lo que muchos hemos dicho sobre una emergencia económica que carece de sustento en cuanto a los derechos sobrevinientes”.
El Decreto de Emergencia Económica y Social para La Guajira va en contravía de lo establecido en la constitución política de Colombia en ciertos aspectos según la decisión tomada por la Corte Constitucional.
En la decisión de la sentencia, votaron las magistradas Natalia Ángel y Cristina Pardo y el magistrado Carlos Cortés. Por su parte el magistrado Jorge Ibañez y la magistrada Paola Meneses aclararon su voto y el magistrado Alejandro Linares reservó su aclaración de voto.
Es de recordar que la decisión fue tomada, este lunes 2 de octubre por la Corte Constitucional quien tumbó decreto de Emergencia económica Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, pero da un plazo de un año, desde la puesta en marcha del decreto 2 de julio de 2023, para que el Gobierno Nacional siga utilizando las herramientas planteadas en este; para salir de la crisis humanitaria en este sector del país.
Se indica en ese documento de la Corte que se “declara inexequible el decreto legislativo 1085 del 2 de julio de 2023 por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”.
Pero en esta decisión tomada por la Corte, se lee en el documento, “conceder unos ‘efectos diferidos’ a esta decisión por el término de (1) año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”.
En esta decisión de La Corte Constitucional, también “exhorta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la Sentencia T-302 de 2017 y con ello se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en este sector del país”.
Asimismo, para que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden.
