Redacción
Después de que el Gobierno diera a conocer su propuesta de reforma tributaria, llamada ‘Solidaridad sostenible’, se han multiplicado las voces gremiales y legislativas que se han manifestado en contra de la iniciativa. Con esa foto, en la que ha sido difícil el consenso, la pregunta que surge es ¿hasta dónde podría el Ejecutivo recortar sus planteamientos, sin que eso signifique un riesgo para las finanzas públicas?
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Según analistas, centros de estudio y las recomendaciones de la Comisión de expertos en beneficios, rebajar el monto de la iniciativa legislativa en un rango por debajo de 1,4% o 1,5% del PIB -que oscilaría entre $13 billones y $15 billones-, podría quitarle dientes a la reforma tributaria y debilitar las cuentas nacionales.
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Y es que, cabe recordar, en días previos a la presentación de la reforma se dio a conocer una de las propuestas que más ha sonado no solo entre los empresarios, sino entre los congresistas: la de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).
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Con esta iniciativa, el gremio le apunta a peluquear la reforma tributaria y dejarla en $15,4 billones de recaudo, lo que podría subir a $29,4 billones si se avanza en la enajenación de activos de la Nación, que entrarían a las arcas del país una sola vez.
En contraste, la propuesta del Gobierno le apunta a recaudar $28 billones, lo que sin los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) quedaría en $23,4 billones. Y el grueso de los recursos de esa iniciativa provienen de los impuestos a personas naturales ($17 billones) y el IVA ($1,3 billones).
Ahora bien, tanto los gremios como los congresistas han dicho que los planteamientos de la propuesta del Gobierno pueden afectar a las clases media, pobre y vulnerable, por lo que le apuntan a alternativas como las de subir los impuestos a las personas de mayores ingresos, y aplazar algunas deducciones que tenían las empresas.
Pero ¿qué tan viable podría ser recortar las principales fuentes de recaudo de la reforma? Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “si se tienen en cuenta iniciativas como las de la Andi, se quitaría el corazón de la reforma, que es ampliar la base gravable de personas naturales y del IVA. Eso es lo que hay que proteger porque si se caen esas dos cosas, la reforma pierde su capacidad de ingresos, y no tendría sentido una reforma que no ajuste de manera importante y permanente el monto”.
En ese sentido, Mejía pone sobre la mesa que en medio de la difícil discusión que tiene el Gobierno con el Congreso, hay que recordar que el hueco fiscal del país es de $20 billones anuales. “Si la reforma no recoge neto más de $10 billones es una reforma que no va a ser bien vista por los inversionistas, no solo a nivel local, sino internacional”.
Por su parte, Mauricio Santamaría, director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), señaló que lo mínimo que el Gobierno podría apuntarle con la tributaria sería recaudar al año por lo menos el 1,5% del PIB, porque de lo contrario podría significar un grave problema para las finanzas públicas, así como el financiamiento de los programas sociales como Ingreso solidario, los subsidios a la nómina, Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en acción.
José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, también hizo cálculos y señaló que, teniendo en cuenta el gasto social que plantea el Gobierno y el déficit fiscal, la reforma tributaria no podría quedar por debajo de los $13 billones de recaudo anual.
De igual manera, en el informe de la Comisión de expertos en beneficios tributarios, subrayan que el país debe utilizar todas sus herramientas para recaudar al menos 1,5% del PIB, teniendo en cuenta el déficit fiscal del país.
Y en entrevista con este diario en días pasados, Jeffrey Owens, uno de los miembros de ese organismo dijo que con los planteamientos de ese grupo el país podría recaudar hasta 2% del PIB con la reforma.
A eso se le suma un informe reciente de JP Morgan, que dice que recortar la reforma parece inevitable por el ambiente político. “Sin embargo, si el 1,4% del PIB ingresos netos para el país cae por debajo del 1% podría ser problemático para los mercados y las agencias de calificación”.
Ante los planteamientos de recortar la reforma, como lo plantea la Andi o congresistas, fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda le confirmaron a Portafolio que, “no sería viable”, teniendo en cuenta las necesidades de recursos que tiene este momento Colombia.
Sin embargo, el presidente Iván Duque dijo en una entrevista a EL TIEMPO que está dispuesto a negociar y cambiar la reforma con el Congreso, solo si los recursos pueden solucionar el problema de finanzas públicas que tiene el país y se pueden costear los programas sociales, con los que se podría reducir en 2,8 puntos porcentuales la pobreza monetaria en 2021, como plantea la iniciativa.
Eso sí, el mandatario anunció en otra entrevista que está dispuesto a recortar medidas como el IVA a servicios funerarios, pero insiste en que el país necesita ampliar su base gravable del impuesto de renta.
Ahora, con ese panorama, desde esta semana empezarán las discusiones en las que el Congreso tiene la palabra, pues los ponentes comenzarán a armar sus contrapuestas. También se definirá hasta qué punto el Ejecutivo está dispuesto a ceder y a negociar la iniciativa que radicó hace dos semanas en el Legislativo.
¿QUÉ ES LO QUE SIGUE EN EL CONGRESO?
Cabe recordar que la reforma tributaria se va a tramitar en el Congreso de la República con unas condiciones especiales a las de otro proyecto, pues lleva mensaje de urgencia por parte de la Presidencial, por lo que el Legislativo tiene que acelerar la discusión.
En ese sentido, una vez elegidos los coordinadores del proyecto, así como los ponentes de los cambios en la reforma tributaria, el articulado será revisado y votado por las comisiones económicas del Congreso en dos debates: uno en comisiones económicas conjuntas y luego en plenarias.
Tras aprobar en los respectivos debates, la iniciativa pasará a sanción presidencial, y esta empezaría a regir desde el 2022, y en 2021 para el caso de los programas sociales, como es el caso del Apoyo al Empleo Formal, las transferencias monetarias e Ingreso Solidario.
María Camila González Olarte
En Twitter: @Camilagolarte
