Una crisis como ninguna otra”. Tales fueron las palabras utilizadas el viernes por Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, para describir el estado de cosas en el planeta por cuenta de la pandemia derivada del coronavirus. Al hablar en una rueda de prensa virtual, convocada por su homólogo de la Organización Mundial de la Salud, la funcionaria de origen búlgaro reconoció que nunca en la historia de la entidad a su cargo habían “visto a la economía mundial llegar a un estancamiento”. Acto seguido, entregó su dictamen: “Estamos en recesión”.
Aunque todavía hay demasiadas incógnitas sobre el tamaño del retroceso, nadie pone en duda que será significativo. A la luz de lo sucedido en las semanas recientes, da la impresión de que la caída superará la ocasionada por la crisis financiera que estalló en septiembre de 2008. El año siguiente, el producto interno bruto global registró una contracción del dos por ciento, algo que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
La razón de los ceños fruncidos ahora es la parálisis en las actividades cotidianas de países que albergan, al menos, a uno de cada dos habitantes de la Tierra. Con el fin de frenar la transmisión del coronavirus, la determinación de múltiples capitales en los cinco continentes es confinar a la ciudadanía, lo cual pasa por limitar las actividades productivas al máximo.
Los datos de aquellas sociedades más golpeadas muestran que el objetivo de aplanar la curva de contagios empieza a dar resultados. Sin embargo, el costo es inmenso. Según cálculos de la Ocde, en Alemania la afectación equivale a casi el 30 por ciento del tamaño de su economía, mientras que para Estados Unidos la cifra es de 25 por ciento en estos meses.
Algo de lo perdido se acabará recuperando cuando empiecen a levantarse las restricciones y la normalidad regrese en forma paulatina. No obstante, habrá daños irrecuperables y sectores que no saldrán adelante hasta bien entrado 2021.
El impacto de la parálisis se nota en el mercado laboral. Las peticiones de subsidios para el desempleo subieron en 10 millones en el caso estadounidense, durante las últimas dos semanas de marzo. Por su parte, cuatro millones de franceses y 800.000 españoles adicionales pidieron ayuda a sus respectivos gobiernos en el mismo lapso.
No es descabellado afirmar, entonces, que el pronóstico hecho por la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que se perderían 25 millones de plazas en el mundo debido a la emergencia sanitaria, puede quedarse corto. Todo dependerá del éxito de los programas de apoyo gubernamentales que buscan evitar el despido masivo de personal al darles una mano a las empresas y garantizarles un ingreso mínimo a los nuevos desocupados, para que la demanda de bienes y servicios no se desplome.
Sin embargo, sería ilusorio pensar que esos respaldos serán suficientes para cambiar la tendencia. En el mejor de los casos vendrá una contracción temporal y no una depresión duradera. Pero nada es seguro por ahora.
Y si esas previsiones aplican para las naciones más ricas, las inquietudes son todavía mayores en el caso de los países de ingreso medio y bajo. Aunque todavía la pandemia no deja los mismos estragos en el hemisferio sur que en el norte, las señales son muy preocupantes. Aparte de sistemas de salud más frágiles, la mayoría de economías emergentes no cuenta con el músculo para sostener a los más vulnerables por un periodo largo o evitar quiebras masivas en el sector privado.
En medio de ese panorama, América Latina se ve mal. Un estudio de la Cepal que acaba de aparecer asegura que frente a una previsión de aumento del 1,3 por ciento en el PIB regional para 2020, ahora la expectativa es un descenso del 1,8 por ciento. Peor todavía, el organismo, que depende de las Naciones Unidas, sostiene que el bajón puede llegar a ser del 4 por ciento “o incluso más”.
Argentina, Brasil y México encabezan la lista de los que se ven peor, para no hablar del desolador caso de Venezuela o el drama de Ecuador. En el otro extremo, Colombia y Perú tendrían algo más de resistencia, sin desconocer que pasarán angustias, mientras que Chile es una incógnita.
Aparte de las decenas de miles de personas que demandarán atención médica y del aumento en la mortalidad, se prevén otros males relacionados en estas latitudes. Para comenzar, será difícil avanzar en un planeta en recesión, algo que se traducirá en menores exportaciones y un bajón en los precios de los bienes primarios que se le venden al resto del mundo.
Adicionalmente, caerán las remesas que envían los emigrantes, al igual que los ingresos que deja el turismo. No menos inquietante es la aversión al riesgo que se traducirá en flujos de inversión más bajos y en un endurecimiento de las condiciones financieras a la hora de emitir un bono o pedir un préstamo en divisas.
Sin duda lo más angustiante será el deterioro de los indicadores sociales, atribuible a un mayor desempleo y a la falta de oportunidades. La Cepal estima que el índice de pobreza podría llegar al 33,8 por ciento este año, tres puntos porcentuales y medio más que en 2019, lo cual equivale a casi 24 millones de personas adicionales en esa condición.
Peor aún es que casi dos terceras partes de ese incremento se verían en el número de gente en la miseria, que ascendería hasta 82,6 millones de individuos. Eso quiere decir que uno de cada ocho latinoamericanos no tendría cómo suplir sus necesidades básicas para subsistir. Lacras como hambre, marginalidad, violencia, atraso y desigualdad serán todavía más evidentes en una región que, mal que bien, había logrado mejoras en las pasadas dos décadas.
Para Colombia las cosas no se ven fáciles tampoco. El anhelo de superar los resultados económicos del año pasado quedó sepultado por la avalancha que acompaña al covid-19. Dependiendo de los supuestos que se utilicen, las proyecciones disponibles oscilan entre un crecimiento del dos por ciento y una contracción cercana al cuatro. No faltan las voces que se atreven a decir que la recesión de 2020 podría superar a la de 1999, cuyo negativo de 4,3 por ciento es el peor desde cuando se tienen estadísticas confiables.
El golpe será duro no solo por la emergencia creada por el coronavirus, sino por la descolgada en las cotizaciones del petróleo. Aunque la semana pasada se abrió la posibilidad de que los grandes productores de crudo lleguen a un acuerdo para limitar la oferta y el barril de la variedad Brent volvió a los 35 dólares, hay más esperanzas que certezas. Un eventual entendimiento de la Opep, Rusia y otros jugadores serviría, aunque no para volver a los 65 dólares de enero.
Los estragos que ya deja la emergencia a nivel nacional son considerables. Según la firma XM, la demanda de energía en el país cayó 13 por ciento en promedio, entre el 16 y el 29 de marzo. Cuando se mira la última semana del mes pasado, la reducción para la industria manufacturera llegó al 39 por ciento.
Por otra parte, hay que evaluar el costo social. Un documento elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes calcula que nueve millones de personas, de los más de 22 millones de ocupados que hay en el país, hoy se ven afectadas directamente por la parálisis. Los ingresos conjuntos de ese grupo ascienden a ocho billones de pesos mensuales, que no es una suma menor. “La reducción explicada por la disminución de la mano de obra es equivalente al 11 por ciento del PIB durante el periodo de restricciones”, explica Hernando Zuleta, director del Cede.
Los datos del Dane son elocuentes. Casi 1,2 millones de individuos trabaja en la calle o más de un millón lo hace de puerta a puerta. A lo anterior hay que agregarle a quienes laboran en actividades no esenciales bajo techo, que también tienen cerradas sus instalaciones.
Para Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo, las salidas son escasas. “Hay mucha gente con pocas posibilidades de adaptación, incluyendo comerciantes y vendedores de productos no alimenticios, conductores, trabajadores de la construcción, asociados a hoteles y bares, electricistas, plomeros e instaladores, peluqueros o pilotos”, señala.
Como es conocido, existen una serie de programas gubernamentales en marcha. Sin contar la devolución del IVA, los apoyos monetarios anunciados hasta ahora suman 1,4 billones de pesos, distribuidos a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor.
Esa cantidad es bastante menor de la que aconseja los Andes, que habla de 2,67 billones de pesos mensuales para los trabajadores informales (117.600 pesos para cada miembro de una familia) y 2,5 billones, equivalentes a un salario mínimo para los formales cesantes. “Me preocupan sobre todo los independientes y los migrantes, ambos por fuera de los programas y políticas tradicionales”, agrega Alejandro Gaviria, rector de la universidad.
Girar esas cantidades obligaría a acudir a soluciones no ortodoxas, como un préstamo del Banco de la República. Por ahora, el Ministerio de Hacienda prefiere la línea de la prudencia y de respeto a las metas fiscales, a pesar de que el propio Alberto Carrasquilla reconoce que el endeudamiento sin duda va a ser mayor de lo que se pensaba.
Todo depende, claro está, de lo que ocurra en los días que vienen. Pocos analistas cuestionan que era clave impedir que se dispararan los contagios en Colombia antes de que la situación se desbordara, pero ahora el debate se concentra en lo que puede ocurrir una vez concluya la Semana Santa.
Es conocida la posición de la alcaldesa de Bogotá, en el sentido de ampliar las restricciones para seguir aplanando la curva de casos positivos. En la Casa de Nariño prevalece todavía la idea del acordeón, que consiste en permitir el flujo de personas, vehículos y mercancías a partir del 13 de abril, con la posibilidad de imponer una o más cuarentenas adicionales en los meses que vienen, dependiendo de lo que muestren los datos respecto a la propagación de la pandemia.
Si esta última acaba siendo la determinación, la idea no es volver a la realidad de antes del primero de marzo. Industria, comercio y servicios podrían operar, con limitaciones y estrictos protocolos de desinfección. Además, habría estaciones de monitoreo de temperatura en oficinas públicas y horarios diferenciados, aparte de una insistencia en seguir con el teletrabajo donde sea posible.
Por su parte, universidades y colegios estarían obligados a continuar con la enseñanza virtual, aunque todavía se discute lo que podría pasar con la enseñanza en poblaciones pequeñas y zonas rurales. Más dura sería la suerte de hoteles, cines, clubes, bares y restaurantes, que no abrirían hasta que el riesgo baje radicalmente, aparte de la cancelación de cualquier evento de tipo empresarial, cultural o deportivo.
Si ese nuevo esquema opera bien, los daños para la economía y el empleo podrían contenerse. Aun así, habría que respaldar todavía a cientos de miles de personas que acabarán en el asfalto.
Como afirma la profesora Marcela Eslava, “el impacto de la emergencia sobre la economía sigue, como la epidemia misma, una curva exponencial: si no hacemos nada para evitarlo, la pérdida de empleos y tejido empresarial empezará pronto y se multiplicará rápido”. Hernando Zuleta agrega que “falta un esfuerzo decidido para proteger a las empresas”, algo respecto a lo cual la Andi demanda mucho más compromiso del sector financiero.
La estrategia parte de un esquema de pruebas mucho más robusto, para detectar focos de contagio por el coronavirus con el fin de reaccionar de manera oportuna. El decano de Economía de los Andes, Juan Camilo Cárdenas, dice: “Me gustaría ver una estrategia gradual de recuperación de la actividad, que está condicionada a contar con mejor información que la de ahora”.
En el entretanto, más de una duda persistirá. “Poco sabemos del balance inédito entre salud pública y bienestar social”, sostiene Alejandro Gaviria. Ojalá la respuesta muestre que las pérdidas no acabaron siendo devastadoras. Ni para la vida, ni para la economía ni para la calidad de vida de los colombianos.
RICARDO ÁVILA PINTO
Analista sénior
Especial para EL TIEMPO