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Reconstrucción de Providencia: por qué hay atrasos en las obras | Gobierno | Economía

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Reconstrucción de Providencia: por qué hay atrasos en las obras | Gobierno | Economía

La semana pasada la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) anunció el inicio de la temporada de huracanes de 2021, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre en el océano Atlántico, el mar Caribe y golfo de México. Este año, San Andrés, Providencia y Santa Catalina no solo enfrentan nuevamente el riesgo de ciclones tropicales, sino que cargan consigo el retraso en su plan de reconstrucción, tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020.

“Estamos atrasados”, reconoció a Portafolio Susana Correa, la gerente para la reconstrucción del Archipiélago y directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS). El plan de reconstrucción que anunció el Gobierno para el archipiélago tenía previsto reparar 877 casas y construir 1.134 y se planteó como meta inicial intervenir la mayoría de la isla en 100 días, una estrategia denominada ‘Plan 100’ que se lanzó el 1 de enero de 2021.

Desde la gerencia para la reconstrucción se entregó un cronograma a la Contraloría General de la República en el se que tenía como objetivo tener listo para abril la totalidad de las reconstrucciones y entregar 50 viviendas terminadas y 240 en proceso de construcción, para mayo, la proyección de entrega se ubicaba en 80 viviendas terminadas, 95 en junio y a partir de julio en 100 viviendas por mes.

Sin embargo, esta semana el ente de control alertó que solo se ha culminado la construcción de 2 viviendas de las que se debían edificar desde cero, y por el lado de las casas que debían ser reconstruidas reportó que se tenían 628 viviendas con cubiertas reparadas y cuatro en ejecución. De estas, 400 viviendas registran reparaciones integrales y 146 están en proceso.

Correa aseguró que el número de viviendas nuevas ha ido variando con relación al primer análisis de daños que entregó la Ungrd y desde el cual de estructuró el plan de reconstrucción. “De esas 1.134 tenemos que 288 son viviendas que no deberían recuperarse, porque no existía una vivienda clara, habría que restar esas y otras 150 que pasaron de viviendas nuevas a reconstruirse”, indicó. De este modo, el número de viviendas nuevas a construir sería de 696, aunque la funcionaría asegura que podría seguir bajando.

El plan de reconstrucción que anunció el Gobierno para el archipiélago tenía previsto reparar 877 casas y construir 1.134 y se planteó como meta inicial intervenir la mayoría de la isla en 100 días

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Deberíamos haber tenido entre abril y mayo 130. Estamos retrasados, cuando Findeter me dijo que la contratación se hizo con un consorcio compuesto por los mejores constructores del país, eso me dio muchas garantías de que las cosas no solo se iban a hacer bien, sino que se iban a hacer a tiempo, lamentablemente en la isla no han tenido ese éxito”, aseguró la gerente para la reconstrucción.

Dicho consorcio está conformado por la constructoras Amarilo, Marval y Constructora Bolívar, y según Correa, a las complicaciones que ha tenido el proceso de reconstrucción se sumó la dificultad de las empresas, a raíz del paro, con la entrega y transporte de los materiales, provenientes de Barranquilla.

La gerente de la reconstrucción, reconoció también que este no ha sido el único contratiempo. “Entiendo y acepto algunos problemas de logística que hemos tenido en la isla, estamos a kilómetros del continente, acá no hay un puerto, sino un muelle, a pesar de que avanzamos en el calado, seguimos teniendo un poco de cuello de botella en el muelle con todos los materiales de casa nuevas, o para reparar, del aeropuerto, colegios y escenarios deportivos”, precisó.

Correa aseguró que al 30 de junio espera que se tengan entre 80 y 84 casas nuevas terminadas, para ello, confirmó que se trabajará en paralelo con varias tecnologías para lograr la construcción de manera simultánea, y que también se buscará apoyo de otros contratistas para la labor.

Sin embargo, la funcionaria destacó el progreso que se ha logrado con las reparaciones, de las que actualmente ya se tienen 673 de las 877 originales, y se tienen otras 146 en ejecución actualmente. Según Correa, en este grupo no se han presentado retrasos en general, y para mitad de julio se espera tener más de 1.100 casas antihuracanes y antisísmicas reconstruidas.

Estamos a tiempo en terminarlas, pero a su vez creemos que en julio estaremos terminando no solo esas 787 sino también las que pasaron de nueva a reparación”, dijo.

Hay progreso con las reparaciones, de las que actualmente ya se tienen 673 de las 877 originales.

Archivo particular

DEMORAS EN EL ‘PLAN 100’

Si bien a casi siete meses del paso del huracán Iota por el archipiélago, las islas volvieron a llamar la atención pública por su retraso, este no es el primer revés que enfrenta su plan de reconstrucción.

Originalmente se habló del ‘Plan 100′ en noviembre, y aunque Correa confirmó a Portafolio en ese entonces que la fecha inicial para el inicio del plan de reconstrucción sería el 10 de diciembre de 2020, esta estrategia no se lanzó sino hasta enero, pues la reconstrucción enfrentó contratiempos, como mayor cantidad de escombros que los estimados para remoción.

Allí, el presidente Iván Duque anunció que para antes del 10 de abril se iban a tener “construidas y reparadas alrededor de 1.266 viviendas con servicios públicos”. Posteriormente, desde el Gobierno se definió que la meta del ‘Plan 100’ sería 130 viviendas concluidas, 300 casas en proceso de construcción y más de 870 reparaciones.

Sin embargo, en abril, cuando se cumplió el plazo para este plan, este medio constató que solo se tenía registro de 20 casas nuevas en construcción, y 270 reparaciones integrales en proceso y 500 cubiertas, según confirmó en ese entonces el Ministerio de Vivienda.

Solo se tenía registro de 20 casas nuevas en construcción y 270 reparaciones integrales en proceso

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AVANCES EN LAS ISLAS

Además de la atención en vivienda, la reconstrucción del archipiélago también ha presentado avances en otras áreas como atención básica humanitaria, donde se han destinado más de $5.844 millones. En agua y saneamiento, donde se recuperó el suministro de agua potable y se contrataron obras como el dragado del embalse y la Planta de Tratamiento de Agua Potable Agua Dulce.

En materia de comercio y turismo, 37 unidades de negocio recibieron activos productivos para su reactivación, mientras que en materia educativa se avanza en la instalación de 37 aulas provisionales. Así mismo, se rehabilitó la Avenida circunvalar de Providencia y se está trabajando en rehabilitar el puente de los enamorados.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
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Presidenta de Acolgen habla sobre subasta de contratos de largo plazo | Infraestructura | Economía

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Esperamos que la subasta de contratos de largo plazo sea exitosa y permita seguir diversificando nuestra matriz, cumpliendo con los compromisos de mitigación en el lucha contra el cambio climático y esperando que nuestras empresas tengan un rol protagónico en el concurso público del Ministerio de Minas y Energía“.

La afirmación es de Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y quien en diálogo con Portafolio subrayó que la electrificación y descarbonización que la transición energética requiere, implica necesariamente la penetración cada vez mayor de fuentes de generación de bajas emisiones, para todas las tecnologías, convencionales y no convencionales, como las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH).

¿Cuál es la expectativa por la próxima subasta de contratos de largo plazo?

Esperamos que la subasta sea exitosa y permita seguir diversificando nuestra matriz, cumpliendo con los compromisos de mitigación en el lucha contra el cambio climático y esperando que nuestras empresas tengan un rol protagónico en el concurso público. Un tema prioritario que está relacionado con este tema debe seguir siendo la entrada en operación de los proyectos que ya fueron contratados tanto en la subasta del 2019, como en el Cargo por Confiabilidad, siendo así herramientas efectivas dentro de la reactivación económica.

¿Cuál es la opinión con respecto a esta subasta?

Hay que revisar, para futuras oportunidades, si este mecanismo de subastas exclusivas es el más adecuado o si se sigue garantizando, como hasta ahora, la libre competencia entre tecnologías, ya que todas se encuentran en precios de mercado competitivos, lo que se puede traducir en beneficios para el consumidor final en eficiencia y en precios.

¿Es necesaria la entrada de más proyectos renovables a la matriz?

La electrificación y descarbonización que la transición energética requieren, implica necesariamente la penetración cada vez mayor de fuentes de generación de bajas emisiones para suplir los crecientes incrementos de demanda que provendrán de la electrificación del transporte y la electrificación de los usos industriales. No obstante, la penetración de nuevas tecnologías en el sistema debe ser armónica con el marco legal y regulatorio existente, manteniendo los principios de mercado sobre los cuales el sector se ha construido.

¿Cuáles son las observaciones frente a la subasta?

Los mecanismos administrados, centralizados y diferenciados por tecnología deben ser temporales, entendiendo que distorsionan y segmentan el mercado, por un lado, y que las tecnologías renovables no convencionales han alcanzado paridad de costos con las convencionales, por el otro. Además, estas subastas deben partir de esquemas de mercado con neutralidad tecnológica y participación voluntaria, especialmente para los usuarios regulados.

¿Está garantizada la confiabilidad del sistema en generación en el 2022?

Según el balance ENFICC vs Demanda anual publicado por la UPME, el país estaría cubierto con suficiente energía firme para el 2022. Se presentó un pequeño déficit en el 2021 al compararlo con las proyecciones del 2019 las cuales fueron actualizadas debido a la pandemia y no hubo necesidad de expandir el sistema gracias a la caída de demanda que se sufrió. De todas maneras, para poder asegurar que el país cuente con energía firme hasta el 2026 se deberá dar el impulso necesario para que los proyectos que hoy en día se encuentran en desarrollo puedan cumplir con sus fechas de entrada y así el país pueda estar seguro que la energía que necesitará estará allí disponible.

¿Las PCH garantizarían la confiabilidad del sistema?

Todas las tecnologías tienen atributos que aportar en la transición energética. Las PCH se caracterizan por brindarle al sistema un servicio eléctrico de cero emisiones, dada su condición de renovable. Y el marco regulatorio que se ha construido para apoyarlas, han permitido el aprovechamiento a baja escala de una de las ventajas estratégicas más grandes de nuestro país, la abundancia del recurso hídrico para generación de electricidad.

Viene el congreso del gremio, ¿cuál será el aporte al sector?

El sector eléctrico es un conjunto de actividades que en los últimos años han estado en el centro de innovaciones, no sólo tecnológicas, sino también de nuevos modelos de negocios y servicios. Adicionalmente, por el contexto sostenible y ambiental, local e internacional, y el aporte que desde la transición energética puede hacer la industria eléctrica, estamos sujetos también a discusiones de índole política.

ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ
Periodista Portafolio

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

Una de las cartas con las que la nación se juega el futuro energético, para garantizar el autoabastecimiento de petróleo y gas, es la que busca fortalecer la reactivación de la operación hidrocarburífera del país, con la ‘Ronda Colombia 2021’.

El proceso, que es prácticamente el cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa), fue lanzado de manera oficial por el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Este proceso competitivo tiene la novedad del ofrecimiento de ocho áreas para evaluación técnica (TEA’s), de las cuales cuatro están ubicadas en el océano Pacífico, frente a las costas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño; tres más, en tierra, en el departamento del Chocó, en tanto que una más se localiza también en el mar, pero en el golfo de Urabá”, señaló Armando Zamora, presidente de la ANH.

La oferta se complementa con 20 áreas de exploración y producción (E&P), en zonas ya maduras para crudo liviano, gas natural y crudo pesado. Así del total de bloques que se pondrán en vitrina, hay 10 áreas con potencial de gas, y las 18 restantes, para petróleo.

Además, se ofrecerán otras cuatro áreas libres, las cuales serán nominadas por las empresas petroleras interesadas en desarrollarlas.

Desde agosto de 2018 a la fecha se han firmado 35 contratos de exploración y producción de hidrocarburos, luego de cinco años sin firmar un solo convenio en el país, lo que le da más impulso a esta reactivación petrolera que es importante además para la redinamización económica”, recalcó el viceministro de Minas, Miguel Lotero.

Por su parte, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, recalcó que, “en casi tres años el Gobierno Nacional a través del PPAA ha ofertado 67 bloques para E&P de petróleo y gas natural, lo que contribuirá al aumento de las reservas de hidrocarburos y mejorar la autosuficiencia energética de Colombia”.

Se atraerán al país inversiones adicionales y se generarán nuevas oportunidades de empleo para seguir cerrando brechas en las regiones

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Del total de los bloques que son ofertados por la ANH, cinco están en costa afuera (offshore) y 23 en áreas continentales (onshore), ubicadas en nueve cuencas: cuatro comerciales (Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, Valle Superior del Magdalena y Llanos) y cinco fronteras (Urabá, Sinú – San Jacinto, Chocó Continental, Chocó Offshore y Tumaco Offshore), es decir, que han sido poco exploradas anteriormente.

Como país gozamos de condiciones contractuales atractivas, una prospectividad prometedora y un nuevo mapa de tierras con áreas predefinidas para que las compañías nominen sus propios bloques, sumado a una gran oferta por parte de la ANH”, recalcó Zamora.

El funcionario subrayó que, “además, contamos con un moderno modelo de asignación de áreas que busca incentivar la perforación exploratoria como camino para aumentar las reservas e incrementar la producción”.

Las condiciones están dadas para que los inversionistas aprovechen este amplio portafolio de oportunidades que ofrece la Ronda Colombia 2021

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Así mismo, en el concurso público se implementará nuevamente la tecnología blockchain en las audiencias para la postulación de ofertas y contraofertas, teniendo en cuenta el éxito que tuvo en el piloto ejecutado en el tercer ciclo. “Esta herramienta brindará mayor transparencia y confiabilidad en el proceso”, dijo Zamora.

Las áreas E&P que está ofreciendo la ANH cuentan con información disponible de sísmica y aspectos técnicos, sociales y ambientales. Además, para cada una de ellas se está adelantado un Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación-Territorio con el fin de facilitar un relacionamiento claro e informado entre autoridades, comunidades y empresas operadoras.

Esperamos que en la minuta definitiva se den señales importantes que agilicen los nuevos proyectos y permitan viabilizar nuevas inversiones. Colombia tiene un potencial muy grande de gas natural que podría incluso darnos reservas por más de 100 años. Pero para lograr aprovechar esa gran prospectividad se necesita apoyar e incentivar a la industria para ampliar la frontera de hidrocarburos costa afuera, y en yacimientos convencionales y no convencionales (YNC)”, indicó Andrés Sarmiento, presidente (e) de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).

PORTAFOLIO

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Cinco aspectos principales de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat, por Juan Manuel González | Gobierno | Economía

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Cinco aspectos principales de la nueva Ley de Vivienda y Hábitat, por Juan Manuel González | Gobierno | Economía

Con la reciente expedición de la Ley 2079 de 2021, mejor conocida como Ley de Vivienda y Hábitat, Colombia reconoce la política pública de hábitat y vivienda como una política de Estado y da un salto significativo hacia la construcción de ciudades más ordenadas y la ejecución de una política habitacional que garantice el derecho a una vivienda y hábitat dignos para los colombianos tanto en el ámbito rural como urbano.

La Ley tiene cinco aspectos centrales que cabe destacar. En primer lugar, como ya se dijo, que consagra principios fundamentales al elevar a política de Estado la política pública de vivienda y hábitat. Esto va a cambiar la participación del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, distritales y municipales no solo en su reglamentación, sino en la creación de políticas de gobierno y planes de desarrollo a nivel territorial. Al convertirse en política de Estado, la vivienda deja de ser un asunto de oportunidad política para establecerse como una obligación en todo el desarrollo legislativo y administrativo que conlleva.

En segundo lugar, introduce elementos fundamentales para mejorar la financiación de vivienda urbana y establece cambios en las reglas del financiamiento hipotecario, por ejemplo, ampliando el plazo de 30 años para el pago de créditos. Lo propio ocurre con la posibilidad de vender inmuebles que hubieran sido subsidiados y con las tasas que debe cobrar el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros aspectos. Estas herramientas de financiación van a permitir armonizar la posterior reglamentación en función del anhelo principal de miles de colombianos, que es el de poder adquirir vivienda en condiciones mucho más favorables. De paso, se avanza en el objetivo de reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el país mediante el aumento de subsidios, y la financiación a la demanda y la promoción de la oferta y el suelo urbanizable.

Un tercer aspecto a destacar, es el aporte que hace en cuanto a normas para la ordenación del territorio con criterio técnico y seguridad jurídica. En este sentido, la es una ley de avanzada. Esta seguridad jurídica cobija a los servidores públicos pero también a los propietarios de la tierra, desarrolladores e inversionistas, y desde luego, a los compradores de vivienda. Brinda seguridad jurídica al definir, por ejemplo, los límites entre acción y actuación urbanística, estableciendo por fin, qué derechos se derivan de una y otra en cuanto a las potestades que se tienen para expedir las normas urbanísticas de uso y aprovechamiento del suelo (acción urbanística); y asimismo, la capacidad que tiene el Estado de otorgar permisos y licencias (actuación urbanística). Aporta enorme claridad sobre dónde están los derechos consolidados y dónde las expectativas de derecho. Los jueces que resuelvan conflictos en estas materias también tendrán esa misma claridad a la hora de proferir sus fallos.

Juan Manuel González, socio fundador de Pinilla, González & Prieto Abogados.

Archivo particular

Sumado a lo anterior, vale señalar que la nueva Ley apuesta por un ordenamiento del territorio en el que predominen los criterios técnicos y no los intereses políticos de los gobernantes de turno.

En cuarto lugar, representa un avance en cuanto a los instrumentos de financiación del desarrollo urbano. Con ella se incorpora a la legislación colombiana el anhelo de aplicar la plusvalía en la ejecución de obras de carga general al interior de los suelos que hubieren generado la participación en dicha plusvalía. Aunque la figura ya estaba en la legislación colombiana, ganó mucha más claridad. Todo esto facilitará que, a través de las herramientas de gestión y actuación, se puedan ejecutar los recursos obtenidos por plusvalía en la infraestructura matriz de servicios públicos, sistemas de transporte público masivo, infraestructura de malla vial o equipamientos, entre otros.

Aquí cabe decir que la Ley aporta reglas muy importantes para la financiación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios a través de vehículos jurídicos como el fideicomiso, que permite atraer inversión de distintos sectores. Esta inversión puede ser recuperada a través del mecanismo fiduciario según las reglas que para ello establezcan fideicomitentes, beneficiarios y promotores.

Por último, incorpora normas generales que permiten reglamentar la participación ciudadana en las acciones urbanísticas y en especial en los planes de ordenamiento territorial, POT. En este sentido, quiere dar un salto hacia un modelo mucho más leal de participación democrática en el ordenamiento del territorio, permitiendo que los ciudadanos se involucren mucho más en la formulación y adopción de los POT. Porque quien aporta en la construcción de un POT se apropia de él y se vuelve su defensor. Lo conoce y sabe lo que representa en términos de calidad de vida para su comunidad.

Asimismo, adopta elementos de espacio público que, aunque tímidos en algunos aspectos, resuelven problemas históricos del desarrollo urbanístico del país como es la no exigencia de protocolización de escritura pública de transferencia del dominio de las áreas de cesión antes del inicio de las ventas.

En suma, la nueva Ley de Vivienda y Hábitat amerita un estudio profundo que permita su adecuada reglamentación e implementación en aras del propósito fundamental de facilitar el acceso a la vivienda de más colombianos en condiciones dignas de equidad, transparencia y enfoque diferencial, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios y sus poblaciones; y por otra parte, aportar mayor seguridad jurídica y certeza técnica al ordenamiento del territorio estimulando la inversión en este importante renglón de la economía nacional.

JUAN MANUEL GONZÁLEZ
Socio fundador de Pinilla, González & Prieto Abogados

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