Redacción
El grupo de más de 400 investigadores asegura tener propuestas puntuales y concretas que no se han tomado en cuenta durante el proceso de consulta. “Se puede decir que participamos en el proceso porque en efecto, sometimos nuestra propuesta de ley en la plataforma (y se envió una carta), pero es claro que nuestras iniciativas no aparecen en el documento”, dijo la doctora Alma Maldonado, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).
Por ello se están buscando espacios de participación, “la comunidad científica es tan compleja que existen demasiadas voces y opiniones, las preocupaciones de ProCienciaMx no son las únicas, pero en general estamos tratando de contribuir al debate y que se abra el dialogo en Conacyt y la Cámara de Diputados, tal como sucedió con la construcción de la Ley General de Educación Superior”.
Aseguran que hasta el momento no se les ha permitido participación directa pero “ahora es cuando, ya que tenemos un anteproyecto y que se puede empezar un proceso de consulta muy amplio e introducir las mejoras que las distintas comunidades consideran fundamentales”, agregó Gabriela Dutrénit, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Preocupaciones del colectivo
Cristina Puga, investigadora nacional y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, dijo que una de las preocupaciones tiene que ver con el objeto mismo del anteproyecto, porque con la reforma que se hizo al artículo tercero constitucional cuando se habla de la ciencia y la tecnología se refiere a la investigación, mientras que el documento habla de la legislación de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, es decir, una serie de conceptos muy amplios.
De entrada, “nosotros pensamos que la ley debería referirse a la investigación, no se puede hacer una ley que legisle todos los ámbitos», afirma Puga.
Además, hay una contradicción entre un anteproyecto que plantea desde el comienzo la libertad de investigación e inmediatamente la limita a través de una serie de artículos que hablan de una política de Estado con una agenda de Estado, “esto limita dos veces la libertad de investigación, sobre todo en el financiamiento por lo que debe aclararse el alcance de esta visión”. Puga recordó que la política de Estado está dada por un grupo muy pequeño de personas, lo que la hace una propuesta muy centralizadora que genera preocupación por la representación de las entidades de la República, la cual se percibe mínima.
De manera especial ProCienciaMx fue enfático sobre los argumentos para la gobernanza y distribución de competencias, Gabriela Dutrénit, dijo que la pretensión de que el Conacyt controle todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI) es un retroceso. “Hay un gran desbalance entre la participación del gobierno estatal y federal, habría voz de todos los secretarios de Estado, pero solo un representante por regiones del país sin aclarar cuántas son, probablemente se trate de unas cinco. Tampoco tienen votos los representantes del sector social y privado y se pierde la participación pública”.
Dijo que si bien la participación del Conacyt es muy importante, no debe ser la única instancia que tome decisiones sobre el desarrollo de la CTI. “Privilegiar una sola visión de la ciencia es muy riesgoso, sobre todo en un campo donde las decisiones deben tomarse con base en datos, argumentos, distintas perspectivas, multidisciplinarias, multirregionales y generacionales”
Aunque se proponen órganos de consulta (un consejo técnico integrado por premios nacionales y un consejo de articulación como lo era el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.) son internos y dependen de Conacyt, “es decir, Conacyt tendría todo el poder para incidir sobre los mismos; también se proponen invitados, pero el mismo Consejo definiría quienes son estos invitados. La concentración es demasiada”.
Sobre financiamiento y luego de los diferentes recortes de presupuesto y vías de adquisición, Brenda Valderrama asegura que en la respuesta oficial no se reestablece ningún mecanismo que permita recuperar las formas de inversión y por el contrario desaparece la mención en la ley de que el presupuesto para CTI debería ser de al menos el 1% del Producto Interno Bruto.
