Redacción
La Fiscalía General de la Nación en cumplimiento y desarrollo de su accionar constitucional en la protección de los derechos de los colombianos, adelantó varios operativos contra presuntos depredadores sexuales en el departamento del Vaupés y Guainía, dejando a buen recaudo al parecer, responsables del delito de violencias sexual.
Según las investigaciones, uno de los casos se presentó en la comunidad Itapinima de Mitú Vaupés, un hombre habría abusado a tres hermanos de 3, 6 y 9 años, presuntamente desde el año 2019 a la fecha sometiéndolos a todo tipo de vejámenes.
Además, se pudo establecer que aparentemente, el hoy procesado, sostenía relaciones sexuales con la progenitora de las víctimas, en presencia de uno de los menores.
La Fiscalía le imputó los delitos de Acceso carnal con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo con actos sexuales abusivos con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
Un juez de control de garantías el pasado 24 de septiembre, legalizó la captura y acogió la solicitud del ente acusador de enviarlo a prisión. El imputado aceptó los delitos endilgados en su contra.
El pasado 21 de septiembre fue capturado en el barrio 12 de octubre de Mitú un hombre, quien al parecer habría aprovechado su condición de abuelastro de una menor de 8 años, para hacerle tocamientos en sus partes íntimas.
Según se pudo establecer los abusos del abuelastro se habrían presentado entre los meses de octubre del 2018, hasta diciembre del 2019.
El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías en Mitú, quien además de legalizar su captura por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, acogió la solicitud de la fiscalía de enviarlo a un centro de reclusión. El procesado no acepto los cargos.
Además, en este mismo caso fue aprehendido un adolescente de 16 años quien vivía en la misma residencia del abuelastro y la menor, quien también habría accedido sexualmente a la niña en varias oportunidades valiéndose de su condición de familiar mayor.
El juez determinó su reclusión en un centro especial para menores por los delitos de Acceso carnal violento en concurso homogéneo y heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo agravadas ambas conductas, cargos que no aceptó.
En la redada por parte de la Fiscalía, también fue capturado Antony Roberto Cáceres Rodríguez de 30 años, señalado de ser el presunto abusador de una menor de 7 años, a quien, según las investigaciones, habría sometido a tocamientos y a vejámenes aprovechando que el agresor estaba solo con la víctima perteneciente a la comunidad indígena de Itapinima en zona rural de Mitú (Vaupés).
Por solicitud de la fiscal segunda de Mitú, un juez de control de garantías del mismo municipio, Cáceres Rodríguez fue cobijado con media de aseguramiento en centro carcelario, por el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años agravado, cargos que no aceptó.
Por último, en el municipio de Inírida Guainía, el pasado 12 de julio, una menor de 12 años quien tomó un motocarro para que la trasladara hasta el barrio Libertadores donde su progenitora, el conductor desvío su recorrido hasta un sector despoblado conocido como Guamal, donde al parecer la agredió sexualmente.
Por estos hechos el pasado 22 de septiembre Reinel Alfonso Salazar Pónare fue imputado como presunto responsable del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.
Aunque el hoy procesado no acepto los cargos, un juez de garantías le dictó medida de aseguramiento en su contra, consistente en detención en centro de reclusión.
La Fiscalía habla con resultados.
LAZL/FAGH/LFRR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
