El 5 de junio, la Comisión Primera del Senado alcanzó un acuerdo de fondo sobre el proyecto de ley
Estatutaria de Educación (PLEE) para reformar el sistema de educación superior del país, con la participación de diferentes bancadas y el Ministerio de Educación Nacional.
Pese a lo acordado, el pasado 13 de junio se radicó una propuesta alternativa al proyecto, lo que generó reacción inmediata de actores de sector educativo, como las universidades, manifestaron que este nuevo proyecto rompería dicho pacto.
(Además: Universidades rechazan ponencia alternativa de reforma al sistema educativo).
Sin embargo, también se dio a conocer la opinión de un grupo de actores que hacen parte el tejido del sistema de educación, tales como profesores, organizaciones sindicales e, incluso, varios exministros de Educación Nacional, entre estos, Alejandro Gaviria, el jefe de esta cartera en el actual mandato de Gustavo Petro. El grupo de firmantes supera las 200 personas.
Educación
«Con motivado interés ratificamos nuestra invitación al Congreso de la República y al Ministerio de Educación a respetar la esencia del acuerdo logrado, para que se consolide un adecuado proyecto de ley que integre las necesidades sociales en materia de educación, siendo incluyente y pertinente para atender la realidad educativa colombiana«, dijeron en una carta enviada al Congreso de la República y a la ministra de Educación actual, Aurora Vergara.
(Lea: Reforma laboral: estos son los artículos que se han aprobado en el Congreso).
Y agregan: «Lo acordado, incluía garantías necesarias: el respeto absoluto a la autonomía universitaria, el reconocimiento de la coexistencia de instituciones oficiales y no oficiales en un sistema mixto equilibrado, como pilar determinante para la ampliación de cobertura, el fortalecimiento permanente de la calidad y pertinencia de la educación, el reconocimiento de la educación terciaria, así como el derecho de las personas a adelantar diferentes trayectorias educativas a lo largo de la vida«.
Educación
Advierten que el rompimiento del acuerdo, que se refleja en la nueva ponencia del gobierno, presenta varios riesgos «significativos» como:
– El «desconocimiento» de la autonomía universitaria, «mediante la exigencia de modelos de gobernanza que favorecen intromisiones políticas y de gobiernos particulares, y la imposición de la elección directa de directivos como único modelo aceptable«.
– La «falta de reconocimiento» al sistema mixto, conformado por instituciones de educación oficiales y no oficiales, «reconocido por la Corte Constitucional y que ha sido determinante en la estructura, funcionamiento y cobertura de la educación superior«.
– La «invisibilización» de la educación terciaria, «eje articulador de diferentes vías de cualificación para los ciudadanos, que pueda garantizar la pluralidad y la equidad en el acceso, así como anticipar y responder, ágil y oportunamente, a los enormes retos que enfrentan nuestro país y el planeta«.
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Educación superior
Desde el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, se ha estimado que sólo la expansión de cobertura estatal para el año 2025, desde la educación inicial hasta la superior, requeriría una inversión adicional de aproximadamente $41 billones de pesos anuales. Este cálculo incluye únicamente cobertura para edades de 0 a 21 años y subestima costos asociados a mejoras de calidad, infraestructura nueva, dotaciones y formaciones adicionales para docentes, entre otros.
«Por lo tanto, estos montos representan una fracción del coste total que implicaría la implementación completa de la ley y equivalen al doble de la reforma tributaria aprobada en 2022, que tenía un recaudo estimado para cuatro años. Estas cifras deben servir como un llamado a la acción para enfocar la ley de manera estratégica«, aseguran.
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