El Ministerio de Educación Nacional conformó que no volverá a radicar el proyecto de ley estatutaria que buscaba hacer al derecho un derecho fundamental en Colombia, ni tampoco lo hará con todo el paquete de reformas educativas que había anunciado la exministra Aurora Vergara a EL TIEMPO, incluso, con un borrador ya redactado.
A cambio, solo se presentará un proyecto de reforma puntual hacia los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en el país.
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Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, después de reunirse durante varias horas con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, con quien socializó la agenda legislativa del Gobierno de cara a esta nueva legislatura.
“En el Ministerio de Educación se tomó la decisión de que esa ley estatutaria no se volvería a presentar, no tengo explicación de las razones”, explicó Cristo.
Agregó que «lo que sí me ha dicho el ministro (de Educación, Daniel Rojas) es que se va a presentar una reforma muy puntual de dos o tres artículos que tienen que ver con unas modificaciones a la Ley 30 de educación superior, para garantizar y mejorar la financiación de las universidades públicas«.
Se trata, pues, de un cambio total de enfoque por parte del Ministerio de Educación. Y es que con esta decisión, todo apuntaría a que la prioridad de la cartera liderada por Rojas ya no hará una gran reforma al sistema educativo nacional, como se había planteado en los primeros dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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En cambio, el enfoque será solo a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el cual tiene que ver con la financiación de las instituciones de educación superior (IES) públicas, una movida que puede ser más sencilla de tramitar en el Congreso de la República, al haber un consenso en la necesidad de modificarlos, aunque no lo hay en cuanto al método para hacerlo,
Y es que durante años se ha hablado del desfinanciamiento de las universidades estatales. De hecho, las distintas reformas propuestas en el programa del gobierno Petro no estaban incluías, excepto la reforma estos dos artículos. Igualmente, esto ha sido un reclamo habitual de los rectores miembro del Sistema Universitario Estatal (SUE, las universidades públicas del país), y ha motivado varios paros estudiantiles, como los que ocurrieron en 2018 y 2019.
¿Por qué estos asrtículos?
La situación financiera de las IES públicas en el país es frágil. Solo basta con observar el ejemplo de la Universidad Pedagógica, la cual el año pasado se hizo viral luego de que se conocieran imágenes de sus edificaciones en muy mal estado, con grietas en las paredes, techos a punto de caer, entre otras deficiencias.
Tampoco sobra decir lo que sucede con la principal institución de educación superior pública del país: la Universidad Nacional de Colombia, pues allí, cada vez que hay lluvia, se impera un temor en la comunidad universitaria de un colapso de la Sede de Farmacia o el edificio el Instituto de Ciencias Naturales y del Museo de Historia Natural.
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Para tener clara esta problemática, hay que conocer cómo se financian las universidades públicas. Según la mencionada Ley 30, el presupuesto que asigna el Estado a las instituciones públicas es equivalente a la inflación.
“Esto ha sido un problema, porque los costos universitarios han subido en promedio 5,2 puntos porcentuales más que el IPC”, explicó a EL TIEMPO Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), la organización que agrupa a las 34 universidades públicas del país.
Esto se explica, entre otras cosas, por el crecimiento exponencial en el número de matrículas, lo que ha requerido aumentar el personal, la planta docente y otra serie de gastos. La situación ha generado que, de cubrir casi toda la totalidad de los costos universitarios, ahora los recursos que las entidades públicas aportan es del 55,25 % del total, mientras que el 44,75 por ciento restante corre por cuenta de las mismas instituciones.
Así las cosas, según el SUE, solo del 2011 al 2021, la inflación fue, en promedio, del 3,7 %, porcentaje equivalente al aumento anual de recursos para las universidades públicas. No obstante, anualmente sus gastos de funcionamiento incrementaron un 8,8 %, y el personal, un 9,4 %, unos cinco puntos porcentuales más de lo que recibieron.
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Este incremento ha sido insuficiente para sostener el creciente número de estudiantes del sector, que requiere una fuerte inversión en infraestructura y plazas docentes, sin contar que cada vez los profesores están mejor preparados (los profesores con formación doctoral pasaron de ser el 6,2 % en 2004 a ser el 15,5 % en 2021, un aumento del 481 %), lo cual implica salarios más altos.
El aumento de estudiantes, docentes y la adecuación de infraestructura ha requerido que las universidades públicas pasen de cubrir menos del 10 % de sus gastos hace 30 años a que hoy cubran, por sus propios medios, el 44,75 % de sus gastos de manera autónoma, muchas veces con grandes dificultades, y arrastrando un faltante presupuestal que, acumulado, suma 15 billones de pesos, según cálculos del SUE, siendo 3,5 billones solo para funcionamiento y unos 8,2 para infraestructura.
Para solucionar estos problemas, todos los sectores parecen haber llegado al consenso en que es necesario que ya no se utilice el IPC para calcular los incrementos anuales de las universidades, sino el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), del Dane, que determina realmente cuánto se incrementan los gastos de las universidades cada año en términos reales.
Sin embargo, el cálculo sería más complejo que solo tomar el porcentaje de dicho índice, y para ello ya se han presentado varias propuestas tanto por el SUE, por el mismo Gobierno y por sectores independientes, como la representante a la Cámara por la Alianza Verde y exlíder estudiantil, Jennifer Pedraza.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – EDUCACIÓN