El Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Educación, desarrolló desde mayo con diferentes sectores varias mesas de diálogo de cara a la reforma a la educación superior, más específicamente, a la Ley 30 de 1992, quizá, una de las apuestas más grandes del actual gobierno del presidente Gustavo Petro.
Se trata, pues, de una iniciativa la cual ya se había dado a conocer una año atrás un borrador, el cual finalmente no fue radicado ante el Congreso de la República al tener poca a cogida. Ahora, todo parece apuntar a que en el segundo semestre de este 2024 si se radicará este proyecto.
Al ser un proyecto de suma importancia para el Gobierno Nacional, se espera que sea mirado con pinzas, pero debatido con intensidad en las sesiones, caso distinto a lo sucedido con la archivada reforma planteada en el proyecto de ley estatutaria que buscaba hacer de la educación un derecho fundamental en el país, la cual terminó hundiéndose a falta de un debate.
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Educación superior
Los temas de los que tratará este nuevo proyecto son gruesos, y pasan desde distribución y apropiación de nuevos recursos para un sector público que arrastra con un déficit billonario, el futuro de las instituciones de educación superior privadas, la forma en la que están conformados los gobiernos universitarios, entre otros.
Así las cosas, el Mineducación adelantó en los últimos meses la Mesa del Acuerdo Nacional por la Educación Superior, una serie de seis sesiones con distintos actores del sector, quienes aportaron propuestas para la estructuración del nuevo articulado.
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Tal como sucedió con las mesas para el proyecto de ley estatutaria, como el primer borrador de la reforma a la Ley 30, la mayor participación en dichos encuentros fue de sectores sociales tales como estudiantes, sindicatos y comunidades afro, indígenas, etc. No obstante, EL TIEMPO pudo conocer reclamos desde la academia que señalan poca participación de académicos y expertos en educación superior, así como del sector productivo (considerado clave ya que desde la educación superior se forma el talento que entra al mundo laboral).
EL TIEMPO, así las cosas, pudo confirmar que se identificaron cinco grandes ejes alrededor del nuevo proyecto, los mismo del primer borrador: Calidad y pertinencia, Bienestar universitario, Gobernanza, Dignificación de la labor docente y Financiación.
Educación superior.
De todos, quizá el más delicado, y el que, de hecho, motivó la discusión, es el de financiación. Y es que las instituciones de educación superior públicas arrastran un importante hueco fiscal desde hace décadas, el cual ha motivas, por ejemplo, los paros estudiantiles de 2018 y 2019.
Ese hueco se debe a la manera en que la Ley 30 vigente calcula el incremento presupuestal de las universidades públicas, el cual, según dicta la norma, se calcula según al valor de la inflación del año anterior.
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Peor el problema radica en que los costos de las instituciones incrementa cada año mucho más que el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como explicó Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba, y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), citado pro EL TIEMPO: «Esto ha sido un problema, porque los costos universitarios han subido en promedio 5,2 puntos porcentuales más que el IPC”.
Entre las razones de ello es que no se pudo prever que el número de estudiantes en instituciones de educación superior públicas creciera de manera exponencial al momento de reglamentar la Ley 30, pasando de 160.000 a 640.000 alumnos entre 1993 y 2021.
Educación superior
Esto ha requerido enormes inversiones en infraestructura, contratación de más docentes (que a su vez cada año están más preparados y cuentan con más títulos, lo cual aumenta su salario), recursos para cumplir con acreditaciones de alta calidad, entre otras cosas.
Así las cosas, la Nación, alcaldías y gobernaciones pasaron de aportar más del 90 % de los recursos de las universidades públicas a apenas el 55,25 %, según datos del SUE. El restante 44,75 por ciento lo costean las mismas universidades, muchas veces con grandes faltantes que se han venido acumulando.
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Esto se debe a que entre 2011 y 2021 el IPC creció, en promedio, el 3,7 % anual, según el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) del Dane, los gastos de funcionamiento y del personal de las universidades subieron anualmente en un promedio del 8,8 % y el 9,4 %, respectivamente.
El SUE calcula que el faltante presupuestal acumulado actualmente suma 15 billones de pesos, siendo 3,5 billones solo para funcionamiento y unos 8,2 billones para infraestructura.
Educación superior
En le tema de financiación, expertos consultados por el mismo diario sostienen que no es posible mejorar la calidad, aumentar la cobertura, la infraestructura y, en definitiva, mejorar todos los indicadores del sector.
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Frente a ello, las ideas relacionadas con la financiación en la mesa pasan por revisar la distribución de los recursos de las IES públicas, pagar lo que se ha llamado la «deuda histórica«, obligar a todas las entidades territoriales (departamentos y municipios certificados) a dar su ‘granito de arena’ mediante el, aporte de más recursos para la educación superior, aumentar la base presupuesta, cambiar la fórmula con la que calcula el incremente anual y tasarlo en el Ices y no en el IPC, revisar los puntos salariales por productividad académica (el sistema actual de pago a los profesores), garantizar recursos para subsidios y becas y reformar de manera integral al Icetex.
Al respecto, el analista educativo Raúl Esteban Perdomo señaló: “Todos estos puntos son muy necesarios, pero al mismo tiempo se enfocan mucho en la educación pública, que claro que debe ser la prioridad del Estado, pero el sistema es mixto y se pueden generar roces con los privados, que pueden verse invisibilizados, lo cual ya se evidenció como un obstáculo grave como ocurrió con el hundimiento de la estatutaria. Además, cualquier reforma al Icetex puede generar temor respecto al futuro de esta entidad que hoy financia a un número importante de estudiantes de las IES privadas”.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO
