“La mayoría de las universidades públicas del país se encuentran en este momento desfinanciadas. Esto si nos centramos únicamente en los recursos transferidos por la Nación o los entes municipales de las universidades locales”, afirma Laura León, economista de la U. Nacional, y magíster en economía y política de la educación de la U. Externado.
(Vea: Comfandi invertiría más de $180 millones en educación).
Y, como una solución de fondo a la falta de recursos para que en las Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales se ofrezca una educación de calidad, el Gobierno adelanta mesas técnicas para construir una reforma a la Ley 30 de 1992 que recoja las necesidades, como afirman desde el Ministerio de Educación.
De manera específica, pretenden modificar los artículos 86 y 87 de esa ley. Esto, porque en ella se estableció que el presupuesto de las universidades públicas se ajusta cada año con base en el Indice de Precios al Consumidor (IPC), pero los gastos de las instituciones crece más de 5 puntos porcentual por encima del IPC.
Es por esto que desde el Gobierno, líderes estudiantiles y sindicatos, consideran que el presupuesto que se designa para las universidades cada año solo aumenta teniendo en cuenta la inflación, pero no responde al aumento de los gastos que tienen las instituciones.
(Vea: Alumnos ‘rajados’ le costaron al país $2,8 billones en el 2021).
Laura León explicó que “la reforma a la Ley 30 es una petición constante que se ha hecho desde hace varios años en las IES públicas del país. En principio porque progresivamente ha creado dinámicas de desfinanciacion en la base presupuestal de las instituciones. El ritmo al que crece el presupuesto no es comparable con el ritmo al que crecen los costos de las universidades, teniendo en cuenta además las nuevas necesidades que han surgido en el nuevo contexto de educación”.
A raíz de esto, muchas universidades públicas cubren los gastos con recursos propios.
Así, está el ejemplo de la Universidad Nacional, que según León, financia el 49,5% de su presupuesto con recursos propios.
La solución frente a la inyección de recursos es clave, según Carlos Roberto Peña, CEO de Sapiens Research, porque en sus investigaciones han encontrado que “las IES oficiales, pese a su falta de inyección financiera, generan una productividad de más del doble que las IES privadas”.
Y el investigador agrega: De modo que si se suplen los recursos necesarios con esta reforma, muy seguramente el efecto se verá reflejado en un crecimiento de indicadores académicos, investigativos y sociales, que necesita el país con tanta urgencia”.
(Vea: Se abren inscripciones de becas para pueblos étnicos: vea cómo aplicar).
Algunos puntos que los académicos consideran claves en el proyecto que se presente es la responsabilidad con la ejecución y la inversión de recursos.
Pero, Laura León agrega que también es fundamental hacer énfasis en “garantizar la permanencia de los estudiantes”.
De hecho, es uno de los puntos en los que la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha hecho hincapié.
“Esta es una apuesta que busca fortalecer una cultura de diálogo y respeto por las diferencias. Estamos trabajando por el derecho a una educación de calidad que permita garantizar el financiamiento de las instituciones de educación superior, aumentar la cobertura y la política de gratuidad, la dignificación de la labor docente, fortalecer la infraestructura educativa y llevar oferta de educación superior pertinente a los territorios que más lo requieren”, aseguró Vergara en la instalación de la mesa de diálogo para la reforma de la Ley 30.
Aunque el Gobierno ha avanzado en las mesas de diálogo, aún no hay proyecto definitivo.
(Vea: Becas de Google para aprender de TI: requisitos y cómo inscribirse).
CLAUDIA MILENA QUINTERO RUEDA
Periodista Portafolio