Con su plan de reforma de la atención sanitaria atascado en el Congreso de Colombia, la administración del presidente Gustavo Petro ha encontrado otra forma de poner más parte del sector bajo control estatal.
Algunas de las mayores aseguradoras privadas de salud del país afirman que Petro está transfiriendo menos por usuario de lo requerido y no ha pagado la deuda acumulada, lo que deja a las empresas sin casi 2.200 millones de dólares. La administración dice que está cumpliendo todas sus obligaciones de pago.
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Si las empresas ceden ante las pérdidas, los usuarios serían transferidos de una aseguradora en quiebra a la siguiente hasta que todos terminen finalmente bajo el sistema público, dijo Ramón Abel Castaño, consultor de salud.
Suponiendo que el Gobierno no pueda convencer al Congreso de que apruebe una nueva ley de salud, «el plan B es bastante claro: hacer colapsar el sistema«, dijo Castaño.
Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo
Las aseguradoras, conocidas como entidades promotoras de salud (EPS), hicieron pública su queja en julio. En una carta conjunta dirigida al ministro de Salud, las EPS Sanitas, EPS Sura y Compensar (que en conjunto representan cerca de una cuarta parte de los usuarios del sistema de salud, de casi 20.000 millones de dólares al año) advirtieron que enfrentan una grave situación financiera que amenaza su viabilidad.
Sin embargo, el jefe de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostiene que, aparte de algunas transferencias pendientes de administraciones anteriores, las aseguradoras han recibido todos los fondos que se les adeudan.
«El Gobierno tiene más margen de maniobra del que se está suponiendo«, dijo Gaviria, quien fue reemplazado como ministro de Educación en febrero. El principal accionista de la EPS Sanitas, que forma parte del grupo sanitario Keralty S.A.S, es el multimillonario español Joseba Grajales. Representantes de Sanitas declinaron hacer comentarios.
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EPS Sura es una filial del holding financiero Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Los representantes de EPS Sura tampoco quisieron hacer comentarios.
En su último informe de resultados, la aseguradora registró pérdidas de 56 millones de dólares en el tercer trimestre.
EPS Sura citó la insuficiencia de las transferencias del gobierno y un aumento en los eventos asegurados como factores que contribuyen a una mayor incertidumbre que la compañía dijo que estaba creando «dudas sustanciales» sobre su capacidad para continuar como una empresa en marcha.
Sistema de salud
Sanitas, por su parte, ha estado en el punto de mira después de que un proveedor de medicamentos dijera que limitaría la medicación que dispensa a la aseguradora debido a las facturas pendientes.
Aunque pudo llegar a un acuerdo con otro proveedor, Sanitas lo calificó de solución temporal dada la escasez de liquidez a la que se enfrenta. La compañía cifra en 55.000 millones de pesos mensuales (13,8 millones de dólares) el coste del suministro de medicamentos que no forman parte del plan básico.
El Gobierno sólo cubre 32.000 millones, lo que ha generado una deuda de más de 500.000 millones. Para el sector en su conjunto, Acemi estima en 8,9 billones de pesos la deuda acumulada por las aseguradoras desde el año pasado.
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El ministro de Salud de Petro, sin embargo, dijo a finales de octubre que Sanitas no tiene razones para retrasar los pagos a sus proveedores, dado que el Gobierno ha hecho todas las transferencias requeridas y otras empresas del conglomerado Keralty están ganando dinero.
«No pagan a los proveedores, pero sus utilidades en sus clínicas donde hay integración vertical gozan de muy buena salud«, dijo Jaramillo.
El sistema sanitario es un orgullo nacional para Colombia. La cobertura es casi universal, con un 97% de la población capaz de acceder a los servicios públicos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Sistema de salud
Mientras tanto, el gasto sanitario se sitúa en torno al 8% del producto interior bruto, por debajo de la media de la OCDE y de otros países latinoamericanos como Brasil y Argentina. El gasto de bolsillo en Colombia es también uno de los más bajos del mundo.
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Pero el intento de Petro de reducir el papel del sector privado podría ponerlo en peligro, según Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg de Baltimore.
Los planes del Gobierno colombiano van en contra de lo que están haciendo otros países con sistemas públicos sólidos.
Tanto el Reino Unido como Canadá, por ejemplo, están empezando a debatir formas de profundizar en el papel del sector privado para ayudar a subsanar las deficiencias a las que se enfrentan no sólo en términos de financiación, sino también de falta de recursos humanos y físicos.
Petro se reunió el mes pasado con el expresidente Álvaro Uribe para tratar de conseguir apoyo a su impulso legislativo.
El partido de Uribe se opone al proyecto de ley y está firmemente en contra de eliminar el papel de las aseguradoras privadas, argumentando que el sector público es ineficiente. Pero los dos líderes coinciden en la necesidad de mejorar la cobertura en zonas remotas, impulsar los servicios preventivos y aumentar los salarios de los profesionales de la salud.
Sistema de salud
Expertos como Castaño y Gaviria, que fue ministro de Salud entre 2012 y 2018, también ven necesario imponer límites a la cobertura. Actualmente, casi todos los tratamientos médicos son elegibles, lo que ha hecho que el sistema existente sea financieramente insostenible.
Las aseguradoras se enfrentan a costes cada vez mayores debido a las nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de servicios médicos, dijo el Ministerio de Salud en una presentación de febrero a los legisladores.
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Esto ha provocado la acumulación de deudas y la quiebra de muchas aseguradoras en la última década.
De las 30 aseguradoras que operaban en Colombia el año pasado, 14 se enfrentaban a algún tipo de intervención gubernamental y sólo seis cumplían las normas financieras para operar con normalidad, según datos del organismo estatal de control de la sanidad.
«La crisis ya existía, pero su aceleración se debe a este Gobierno«, dijo Castaño, quien advirtió de que el posible colapso del sistema «tiene un enorme coste en vidas humanas«.
BLOOMBERG
