La incertidumbre en torno a la reforma estructural a la salud, que presentará el Gobierno de Gustavo Petro, ha llevado a que un grupo de siete exministros y 11 exviceministros de la salud presentaran un derecho de petición a la actual ministra de la cartera, Carolina Corcho, para conocer la naturaleza del proyecto de ley y además la participación y consulta de los procesos que se llevarán a cabo en este plan.
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Durante la rueda de prensa convocada por estos actores del sistema, el exministro de salud en el gobierno de Samper, Augusto Galán Sarmiento, manifestó que el derecho de petición presentado a la cartera por el grupo de expertos, tiene el objetivo de aportar para mejorar y tener el goce del derecho fundamental de la salud de todos los colombianos, sin ningún sesgo político.
En el documento prima la necesidad de conocer y socializar los puntos de la reforma, teniendo en cuenta que “hay problemas, retos y dificultades que todavía hay que afrontar en especial en la fragmentación de la atención, la oportunidad en algunos servicios especializados, la dificultad de acceso en las zonas rurales, los regímenes de contratación de recursos humanos y la sostenibilidad financiera del sistema”.
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Adicionalmente, los exfuncionarios manifestaron que han basado el texto en 15 preguntas entre las que se destacan el cumplimiento de los mínimos constitucionales de la política pública, lugar en donde se deberían enmarcar las propuestas realizadas por el Ministerio para la modificación estructural del sistema, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional “ha decidido comunicar públicamente las líneas de la reforma, no abrir el espacio y mantener secreto su texto”, dicen.
A su vez, Aquiles Arrieta, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, manifestó que dentro de la política pública es importante tener claras las condiciones básicas que van a alterar un derecho fundamental como lo es el de la salud. “Buscamos un supuesto de razonabilidad, progresividad y prohibición de regresividad. Hay restricciones porque el sistema no se puede quedar quieto, debe avanzar con goces efectivos del derecho”, indicó.
Por otra parte, plantean la respuesta de cómo se va a avanzar en la evolución de la salud, teniendo en cuenta el punto actual en el que se encuentra en general el sistema.
También, se habla de el régimen de transición, en el cual se plantean la forma en la que se van a proteger los mecanismos de la reforma.
Una de las causas de mayor preocupación en los actores de la salud en Colombia, al no tener conocimiento del texto de la reforma, es la sostenibilidad del sistema. Los exfuncionarios se preguntan cómo se va a financiar el proyecto de ley, cuánto va a costar y cómo se va a realizar.
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Frente a esto, Eduardo Alvarado Santander, exviceministro de Salud en 1994, aseguró que esperan que el debate de la reforma dé cuenta de cuánto se tiene y hacia dónde se va.
“Estamos preocupados por la sostenibilidad de este sistema, cuánto va a costar y de dónde van a salir los recursos para ese sostenimiento futuro. Nos afana el futuro inmediato que tiene que ver con la transición, de cuáles son los mecanismos y herramientas en el proyecto que garanticen que no vaya a ser traumático, que no cueste vidas y lesionen el goce efectivo al derecho a la salud”, indicó Alvarado.
De igual forma también defienden el principio y derecho de una participación amplia e influyente en torno al proyecto de ley, teniendo en cuenta que desde la cartera y Gobierno se ha dicho que la reforma ha sido ampliamente socializada, pero el país no conoce el articulado, lo que llevó a una presentación por parte del Ministerio de la que se también se han desprendido inquietudes.
“Es muy importante que todos los colombianos podamos ejercer el derecho propio de la democracia en los espacios de socialización y debate público. El Gobierno ha anunciado que esta reforma ha sido ampliamente socializada y que incluso ha participado un grupo de la sociedad civil en la construcción de la misma. Pero lo cierto es que hoy no se conoce el articulado y el país no ha sido escuchado”, recalcó María Andrea Godoy Casadiego, exviceministra de Protección Social en el 2020.
Ahora bien, los exministros y exviceministros, están planeando un foro en el que se discutirán las respuestas que dé el Gobierno al derecho de petición y el articulado, para debatir lo dialogado sobre la reforma. Por esta razón, el exministro, Augusto Galán, manifestó que “esperamos contar con el articulado definitivo para la discusión y el debate de esta reforma”.
Además del desconocimiento del articulado, los exfuncionarios manifestaron que se necesita claridad sobre si el Gobierno propondrá dentro de la reforma al sistema de la salud la modificación de normas de carácter estatutario, y de ser asó, se preguntan cómo se sugerirá al Congreso de la República que sean tramitadas.
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Por otra parte, ante las declaraciones tanto de la ministra Carolina Corcho, como del presidente Petro, el grupo de expertos se preguntan si hay algún tipo de asociaciones o grupos que ya conozcan el proyecto de ley, y siendo así manifiestan que se identifiquen a los que han estado involucrados explicando por qué se considera razonablemente constitucional ese “trato diferenciado”.
Adicionalmente, han reiterado en diferentes ocasiones que el Gobierno dé a conocer el plan de política pública a la ciudadanía general, indicando además, el por qué y en qué momento del trámite legislativo se dará a conocer.
Las peticiones de los actores de la salud
En el marco de la rueda de prensa se aseguró que “no se pueden implementar políticas que no progresen, ni avancen en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, pero menos que conlleven al retroceso y la pérdida de niveles de protección para el goce efectivo que ya han sido alcanzados». También piden que se propicie el debate técnico, amplio y participativo, que estimule el consenso sobre lo deseable y lo posible.
Consideran que “la política en salud no debe limitarse a la atención médico hospitalaria; prevención y determinantes sociales deben ser prioritarios”.
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