Riesgos en la sostenibilidad, la inversión y una desnaturalización del régimen de servicios públicos pueden ser las consecuencias de la reforma a las leyes de servicios públicos (142 y 143 de 1994). Después de que Portafolio dio a conocer en primicia las propuestas del documento, expertos sectoriales manifestaron su preocupación por algunos de los puntos presentados en este documento.
Uno de los más comentados es el referente a que el presidente sea el regulador de servicios como energías, gas y agua, para la cual hoy existen Comisiones de Regulación.
Incluso señala que el Ministerio de Minas y Energía puede presentarle al mandatario proyectos regulatorios con mensaje de trámite preferente “cuando la aplicación de las normas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas resulten contrarias a la política pública del Gobierno, perjudicial para los usuarios de servicios públicos domiciliarios; o cuando sea necesario para asegurar la confiabilidad, seguridad, abastecimiento o sostenibilidad del sistema”.
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Esto, según Camilo Sánchez, presidente de Andesco, gremio de los servicios públicos, es perjudicial e incluso afirma que se dan pasos para atrás en la construcción de este proyecto, que considera necesario. “Este es un proyecto que desconfía de la estructura regulatoria que tiene el país y prácticamente quiere abolirla”, apuntó.
Así mismo, Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, dijo que esto podría añadir incertidumbre al sector.
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Al respecto, José Fernando Prada, exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), dijo que la función de estas entidades dejaría de ser técnica e independiente y pasaría a ser subsidiaria del ejecutivo. Explicó que el sentido de una regulación con características técnicas es encontrar el equilibrio entre las medidas con efectos de corto, mediano y largo plazo. Señaló, por ejemplo, el tema de las tarifas, sobre las cuales la regulación puede generar menores precios en las facturas, incluso por debajo de su costo; sin embargo, en el mediano y largo plazo podría afectar la sostenibilidad y estabilidad financiera de las compañías que prestan este servicio.
Esto podría llevar a que las compañías prestadoras del servicio estuvieran en un gran riesgo, afectando a los usuarios en el largo plazo. “El objetivo de largo aliento y de corto podrían entrar en contradicción, por eso es que esta es una función independiente”, dijo.
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Vale la pena recordar que en el pasado, el presidente ya había intentado tomar funciones de regulación de la Creg y la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) por medio de un decreto presidencial. No obstante, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió decretar una medida cautelar y suspenderlo.
Ahora, con este borrador de reforma al régimen, el presidente buscaría tener el camino libre para establecer las reglas con las que se rigen los servicios públicos.
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Sin embargo, este no es el único punto que genera dudas y preocupación en el sector. Sánchez manifestó que el hecho de que no se incluyan los principios de libertad de entrada y el de suficiencia financiera alerta, dada su importancia para el desarrollo de la cobertura y calidad de los servicios.
Otro punto de discordia sobre lo que propone la reforma está relacionado con las funciones que se le otorgan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que según Andesco son “exorbitantes”.
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De acuerdo con Sánchez, estas incluyen “el ejercicio de funciones jurisdiccionales con un poder absoluto y sancionador incluyendo multas confiscatorias, sin criterios claros de dosimetría, que podrían desembocar en arbitrariedad e ineficiencia en el ejercicio de sus funciones en perjuicio de los usuarios”.
El documento conocido por Portafolio desglosa las causales de la toma de medidas preventivas sobre las compañías prestadoras para evitar la toma de posesión.
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Estas causales incluyen el incumplimiento de normas a las que están sujetos los prestadores, que pueda afectar en forma grave la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos o implique una indebida aplicación de la metodología tarifaria; el incumplimiento de índices de eficiencia, indicadores de gestión o las normas técnicas y de calidad o que haya un alto riesgo para su viabilidad financiera.
Algunas de las medidas que podría tomar este documento son la sujeción a vigilancia especial, por medio de la cual la Superservicios podría dar órdenes administrativas para subsanar la situación que causó esta vigilancia. Así mismo, podrá ordenar la separación temporal o permanente de representantes legales, administradores y miembros de juntas directivas, pudiendo nombrar su reemplazo.
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Una tercera medida es un ‘Esquema de Operación Transitorio’. A esto se suma que la imposición de multas que se pueden aplicar presenta un incremento significativo, pasando de los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y quedaría hasta 100.000 salarios mínimos para personas jurídicas. Así mismo, discrimina que para las personas naturales, la multa podría ser de hasta 1.500 salarios.
Otra de las preocupaciones que manifiesta es la implementación de los mínimos vitales para todos los servicios, que Sánchez explica que no tienen fuentes de financiación. Destacó, incluso, que en el tema de mínimo vital para el internet fijo residencial que considera el proyecto no se tiene en cuenta que para este servicio público no existen subsidios cruzados.
El documento explicita que este mínimo vital será temporal con una vigencia condicionada a “la subsistencia de las circunstancias que le dieron origen”.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
