Finalmente, el Ministerio de Hacienda envió al Congreso de la República, específicamente al Senado, el concepto técnico de la reforma a la salud, en el cual advierte que esta iniciativa, de aprobarse, generaría impactos considerables a las finanzas de la Nación y obligaría a buscar recortes en el Presupuesto General.
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Para que el proyecto de reforma al sistema de salud sea viable, en caso de que pase en el Legislativo, se requerirían ajustes en los gastos de funcionamiento e inversión. Por lo menos así lo deja entrever el documento que ya está en manos de la senadora ponente, Martha Peralta. Así mismo, deja ver que no hay claridad sobre lo que realmente costaría la construcción de los Centros de Atención Prioritaria (CAPS) que busca este Gobierno.
El que tal vez es el punto más importante de este concepto tiene que ver con los ingresos y gastos que se originarán en el sistema de salud por los cambios que busca el proyecto de ley. Una de las primeras conclusiones es que los datos muestran déficit en las cuentas de aquí al 2033, que fue hasta donde se hizo el cálculo.
Para poner un ejemplo, si se tiene en cuenta que los ingresos para el 2025 estimados en el sistema son de $102,8 billones y los gastos de $105,8; el déficit estimado por Hacienda para ese año es de $2,9 billones.
Es por esto que advierten que “conforme a lo expuesto en este documento, los costos fiscales mencionados podrían incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024 siempre que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) apruebe, como parte de los límites de gasto establecidos en aquel documento, en sesión previa a su radicación en el Congreso de la República el 14 de junio del año en curso, un recorte de gastos”.
Estos se realizarían en los rubros “de funcionamiento e inversión del Gobierno Nacional Central en otros rubros que sirva exactamente como fuente de financiamiento a los costos fiscales referidos”.
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Dando un vistazo a los déficits que menciona el Ministerio de Hacienda en su concepto, para el 2026 sería de $2,7 billones; para el 2027 de $0,6 billones, en 2028 llegaría hasta los $1,7 billones, en 2029 a $1,8 billones y en 2030 sería de $1,9 billones; mientras que 2031 ($1,7 billones), 2032 ($1,2 billones) y 2033 ($0,8 billones) son años que no escaparán a esta falta de recursos para suplir los gastos del sistema.
A la hora de hablar de los ajustes presupuestales, el concepto advierte que el recorte planteado, “en línea con el proceso presupuestal, deberá también hacer parte del Marco de Gasto de Mediano Plazo y del Plan Financiero incorporado en el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación de 2025”.
Dinero colombiano
Otro de los puntos que llama la atención en este reporte tiene que ver con los Centros de Atención Prioritaria (CAPS), que han sido una de las banderas del presidente Gustavo Petro, y con los que busca llevar la atención en salud a todo el país, ya que si bien hay una estimación de lo que costaría, no es un valor exacto.
El Minhacienda dice que “para la vigencia 2024 se tiene un presupuesto estimado de $1,4 billones para la ampliación o construcción de 220 sedes principales y satélites de CAPS, ampliación o construcción de 5 hospitales de nivel complementario y la construcción de infraestructura móvil – fluvial para el río Putumayo”.
Así mismo, resalta que “el Ministerio de Salud ha informado que los CAPS y la infraestructura que se requieran no son inherentes a los costos de la reforma para las vigencias futuras”.
No obstante, la parte que más llama la atención es la que dice que “es pertinente señalar que, a la fecha, el plan maestro de infraestructura se encuentra en definición por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que hasta el momento las cifras son las aportadas por esa cartera y deberán ajustarse una vez se definan las necesidades específicas de infraestructura pública”.
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El Ministerio de Hacienda agrega que los costos dependerán de los recursos disponibles para cada vigencia y de lo que reglamente el Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a la conformación, tipologías, localización, funcionamiento e integración en las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud en el año siguiente a la entrada en vigencia de la Ley, de conformidad con lo señalado en el artículo 13 del proyecto.
Por último, frente a este tema, sostiene que se deberá “establecer una metodología y estudio de suficiencia de la red territorial, sin mencionar qué ocurriría en el caso en el que el estudio de suficiencia dé como resultado la necesidad de conformar nuevos CAPS y ampliar la red. En ese caso, esto podría implicar costos adicionales para el sistema”.
Esta respuesta del Ministerio de Hacienda al Congreso dice que la reforma a la salud contempla una serie de costos indirectos que deben ser tenidos en cuenta en su implementación, como los gastos relacionados con la atención a migrantes, tanto regulares como irregulares, cuyo valor se estima con base en los promedios observados en las vigencias 2021 y 2022, entre los $260.000 millones y los $341.000 millones.
Sistema de salud
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¿Cómo avanza la reforma a la salud en el Congreso?
Este concepto del Ministerio de Hacienda se conoce luego de que se radicara una ponencia de archivo para la reforma a la salud en el Congreso, firmada por ocho legisladores, quienes argumentaron que no se tenían las cuentas claras frente a los efectos del proyecto.
Las firmas que llevaron a este hecho fueron las de los senadores: Nadia Blel del Partido Conservador, Alfredo Marín, también conservador, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres; Berenice Bedoya de ASI, Honorio Henríquez por el Centro Democrático, Alirio Barrera también por el Centro Democrático, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal y la decisoria, Norma Hurtado del partido de la ‘U’.
Si bien falta el debate donde se votará la ponencia de archivo, esta es una iniciativa que está prácticamente desahuciada. La sesión definitiva estaba propuesta para ayer, pero finalmente no se realizó, por lo que se espera su reagendamiento.
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DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Portafolio