Redacción
El Gobierno de Gustavo Petro se juega una nueva apuesta en el Congreso con el trámite de la reforma laboral. Aunque ayer se tenía prevista la radicación de la ponencia para primer debate ante la Comisión VII de la Cámara de Representantes, esta fue aplazada.
En la tarde del lunes se conoció el texto de la que sería la ponencia, y se esperaba que fuera radicada en las primeras horas del día de ayer. Sin embargo, la coordinadora ponente del proyecto, María Fernanda Carrascal (representante por el Pacto Histórico), anunció un primer aplazamiento para las 2:00 pm con el fin de seguir revisando el articulado con la ministra.
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Pero luego Carrascal informó que en la tarde se cerrarían algunos acuerdos, y finalmente se decidió que la radicación sería este miércoles.
En paralelo al corre corre que se generó en la Comisión VII de Cámara, en la Comisión III, la dedicada a los asuntos fiscales, fue citado el pasado martes el gerente del Banco de la República.
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Ante el Legislativo, el gerente del Emisor habló de los resultados de un informe publicado recientemente por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República, el cual establece que por el aumento en los costos laborales alrededor de la reforma laboral recortaría, en promedio, alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte entre tres y cuatro años.
Villar aclaró que este informe no corresponde a cálculos de la junta directiva del Banco ni es algo que se haya discutido en ella, pero también habló de cómo desde hace varios años el Banco maneja esa publicación trimestral, y como esta se enfoca en temas relevantes y coyunturales para la realidad laboral del país.
“Este impacto, con este tipo de estudios, sugiere que podría haber una reducción del empleo significativa, pero hay una gran incertidumbre, esto son estadísticas con posibilidades a futuro, no números definitivos”, dijo Villar.
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El gerente del Emisor aclaró, sin embargo, que el estudio no se centra en los beneficios específicos que traería la reforma, pero dijo que “es muy importante que la sociedad y el Congreso tengan conciencia de que estas decisiones nunca son gratuitas”.
El Banco estimó que, en el escenario de impacto intermedio, los costos salariales se incrementarían 6,73%, y si se consideran los costos por indemnización, el aumento sería 1,59% adicional. Villar también habló de los costos que tendrían los cambios en los horarios para algunos sectores, y del costo que representarían eventuales contratos para los contratistas existentes.
Uno de los cambios que tiene el texto preliminar que se conoció de la ponencia es la creación de un contrato especial para los trabajadores de plataformas de reparto o de entrega.
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“Hay contrato de trabajo en plataformas digitales tecnológicas de reparto cuando los trabajadores y trabajadoras laboran para éstas en la realización de tareas de reparto o entrega, en consecuencia son sujetos de todas las garantías individuales y colectivas, derechos y prestaciones del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas laborales”, indica el texto.
Algunas de las características que quedarían establecidas tendrían que ver con que el trabajador tiene la facultad para decidir los tiempos de conexión efectiva; que la persona trabajadora podrá celebrar contratos con varias plataformas y también se indica la libertad de estipulación salarial “en el sentido de que puede seguirse conviniendo por unidad de tiempo, por tarea, entrega o por el que se estipule por vía convencional”.
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A través de su cuenta oficial de Twitter, el director ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, hizo un llamado para analizar, con urgencia, el tema de las plataformas digitales en la reforma laboral. Según el representante del gremio, el estado es crítico.
“Aunque hay sobre la mesa una propuesta para formalizar y cubrir con seguridad social a 120.000 repartidores, el Gobierno insiste en que tienen que ser empleados. Se destruirían más de 80.000 trabajos. La idea de la laboralidad forzosa en cualquiera de sus formas es nociva”, señaló.
Andi pide preservar el empleo y proteger a las microempresas
A pocas horas de que se conozca el texto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, mostró su preocupación por la reforma. “Trabajamos varios meses en tratar de construir una reforma laboral que tuviera el mayor consenso posible, logramos acuerdos en muchos puntos que luego no fueron incluidos en el proyecto de ley”, dijo Mac Master en Twitter.
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Vale la pena recordar que la Andi es uno de los gremios que participan de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, instancia en la que tienen voz también el Gobierno y los sindicatos, y en la cual se revisó la reforma laboral.
Según el vocero de los empresarios, la versión actual genera grandes obstáculos al emprendimiento, las pymes, desincentiva la contratación y afecta el empleo en forma grave.
Mac Master hizo un llamado al Congreso para “construir una versión que proteja trabajadores y no produzca daño a los emprendimientos, las mipymes y al empleo«.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista de Portafolio
