Redacción
El paquete de reformas y proyectos legislativos que está impulsando el gobierno de Gustavo Petro continúa despertando críticas y opiniones. En los últimos días, y tras la radicación del texto de la reforma pensional, son varias las voces que han cuestionado su impacto fiscal, a pesar de que el ministerio de Hacienda ha salido a defender su impacto fiscal, varios análisis siguen alimentando la discusión.
Desde la semana pasada el centro de estudios económicos Anif lanzó su alerta sobre cómo el modelo de pilares que propone el proyecto podría incrementar el pasivo pensional, cercana a 110% del PIB, “más que se duplicaría y llegaría a representar hasta 249% del PIB estimado para 2023”, como un Valor Presente Neto (VPN) a 2070.
(‘Se está perdiendo la oportunidad de ajustar parámetros de pensión’).
A ello respondió el ministerio de Hacienda, que aseguró que, por el contrario, el proyecto “puede reducir entre 7 y 12 puntos porcentuales del PIB el valor presente de los déficits de los pilares contributivo y semicontributivo” del sistema pensional. Según la cartera, con la implementación de la reforma, el valor presente neto a 2070 de los déficits se podría reducir de 67,5% (en un escenario sin reforma), a 55,2% del PIB.
Esto por los nuevos flujos de recursos que obtendrá Colpensiones con la reforma; también por la eliminación de los subsidios a las pensiones relativamente altas y por la implementación de un fondo de ahorro que permite dar un manejo responsable a los recursos del sistema pensional.
Entre otros análisis que se han presentado Corficolombiana entregó un documento sobre el impacto macroeconómico y en el mercado de capitales del proyecto de reforma pensional.
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La entidad reconoce que la reforma corregiría “de manera parcial e incompleta” parte de los problemas de baja cobertura, ineficiencia del gasto público e inequidad del sistema pensional actual, y destaca la inclusión de elementos como la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, la reducción del umbral de aportes al componente de prima media y la moderación del tamaño del pilar solidario.
Sin embargo, Corficolombiana estima una caída en los flujos de las administradoras de fondos de ahorro individual, que pasarían de tener ingresos netos por $5,9 billones en 2024 a egresos netos de $15,9 billones a partir de 2025, cuando entraría en vigor la reforma.
(Las cuentas del Ministerio de Hacienda sobre la reforma pensional).
Este retroceso se daría, de acuerdo con el planteamiento de Corficolombiana, por una caída de $25 billones en las cotizaciones, lo que estaría parcialmente compensado por menores comisiones y seguros.
“Si bien nuestro escenario base no asume un aumento en traslados, resaltamos que este componente podría exacerbarse en función del supuesto que se haga de la cantidad de cotizantes que podrían haberse trasladado a Colpensiones y no lo hicieron”, indica el informe.
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Otra de las conclusiones que entregó Corficolombiana en su análisis es que el ahorro pensional en cuentas individuales disminuiría de 24,1% del PIB en 2022 a 14,2% del PIB en 2039. Esto, según la entidad, “motivaría liquidaciones parciales del portafolio de las administradoras de fondos pensionales”.
Si bien el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo compensaría más que proporcionalmente el efecto sobre los TES, el impacto sobre los mercados de deuda privada y acciones sería negativo, según estima Corficolombiana.
El Consejo Gremial alza la voz
Los gremios también presentaron su posición frente a los proyectos que hoy tramita el Gobierno. Desde el Consejo Gremial Nacional, precedido por Germán Arce, se emitió una carta dirigida al ministro Ocampo y al director de Planeación Nacional, Jorge Iván González.
En la misiva, los gremios solicitan al Gobierno “dar a conocer el impacto fiscal de las reformas al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Laboral y Pensional)”, y calcular sus impactos fiscales, fuentes de financiamiento y compatibilidad con el marco fiscal.
(Gremios enfrentan un ‘teléfono roto’ en su relación con el Gobierno).
Entre las consideraciones del Consejo Gremial está que la población que hoy trabaja de manera formal (42%) de los ocupados, es la que efectúa aportes a salud y pensión, y que, ante “una potencial reducción en el número de los ocupados formales a raíz de reforma laboral”, los aportes podrían verse reducidos, lo que tendría un impacto en las fuentes de financiamiento.
Además, y tal como lo ha expresado también Asofondos, asociación que representa a los cuatro fondos privados, el Consejo Gremial enfatizó en que el país enfrenta un cambio demográfico que afecta la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Por lo que hizo un llamado a tener esto presente en el planteamiento de las reformas.
(‘Bajar costos laborales no supera la informalidad ni sube el empleo’).
También se solicitó incorporar en el análisis los cambios en las dinámicas del mercado laboral, con la inclusión de nuevas actividades económicas, desarrollos tecnológicos y nuevas generaciones que optan por esquemas diferenciales de trabajo.
A partir de allí, el Consejo Gremial Nacional cuestionó al Gobierno sobre las “estimaciones del impacto fiscal de las tres reformas simultáneamente”, también si se podrían incluir inquietudes sobre el impacto fiscal del proyecto a la reforma a la salud, y se cuestionan los efectos de la reforma laboral en el crecimiento y el desarrollo económico, así como en otras variables, como es la produtividad y la competitividad del país.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista Portafolio
