El nuevo marco legal estipulado en la reforma pensional del Gobierno Petro introduce una modificación significativa en el tratamiento fiscal de las pensiones en Colombia. Según el artículo 84 de la reforma, las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta hasta un límite de 1.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) anuales. Para el año 2024, esta unidad se ha fijado en $47.065, lo que implica que las pensiones anuales que excedan los $47.065.000 deberán tributar.
Este cambio significa que los pensionados que reciban más de $3.620.384 al mes estarán sujetos a declarar renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Iván Camilo Jiménez, profesor del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, explicó que el impuesto se calcula anualmente, y solo se aplicará a las pensiones que, en su total anual, superen los 1.000 UVT. Así, las pensiones por debajo de este umbral no se verán afectadas.
Jiménez subrayó que la finalidad de esta medida es aumentar los ingresos fiscales del Estado. No obstante, esto reducirá el poder adquisitivo de los pensionados, quienes verán una disminución en su ingreso real al empezar a pagar impuestos sobre una renta que anteriormente estaba exenta.
El académico también destacó una distinción importante entre las pensiones y otros tipos de ingresos. Las pensiones no son utilidades sino compensaciones por los años trabajados o por situaciones de invalidez, por lo que su naturaleza es diferente a la de los ingresos provenientes del trabajo o de inversiones. Además, expresó dudas sobre la capacidad del Estado colombiano para gestionar eficientemente estos nuevos ingresos tributarios, dadas las recurrentes evidencias de corrupción en la gestión pública.
Andrés Felipe Izquierdo, abogado experto en pensiones, añadió que la idea inicial de gravar las pensiones altas se presentó como un mecanismo para corregir la carga de los subsidios en estas pensiones. Sin embargo, criticó la falta de transparencia y deliberación en el proceso de aprobación de la reforma, calificándolo como un precedente negativo para la legitimidad del sistema pensional.
Jiménez también señaló que las pensiones que superan los $47 millones anuales podrían no considerarse altas en todas las regiones del país, y que esta medida podría afectar a personas de clase media en las grandes ciudades. Además, advirtió que muchos pensionados dependen exclusivamente de su pensión, ya que no suelen tener otras fuentes de ingresos tras retirarse del mercado laboral.
Por su parte, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, concluyó que las pensiones superiores a $3,6 millones mensuales estarán sujetas a retenciones en la fuente, lo que incrementará los ingresos del Estado pero también añadirá un nuevo grupo a la lista de declarantes. Reiteró que, en su opinión, las pensiones no deberían ser afectadas por ninguna reforma debido a su carácter compensatorio.
La implementación de esta reforma fiscal ha suscitado un debate considerable sobre su equidad y eficacia. Mientras el Gobierno busca fortalecer sus ingresos fiscales, los expertos y académicos advierten sobre las posibles repercusiones negativas para los pensionados y la gestión pública, resaltando la importancia de una administración transparente y eficiente de los recursos tributarios recaudados.
