En medio de la expectativa que hay en el país por el futuro de la reforma pensional y la fecha en la que se surtirá el segundo debate para esta iniciativa, esta semana se conoció un nuevo reporte que insiste en la necesidad de bajar el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones, para evitar un fuerte impacto en las finanzas del país.
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En esta oportunidad se trata del Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), que actualizó sus proyecciones frente al impacto fiscal de la pensional y el costo que tendría este proyecto en caso de ser aprobado por el legislativo, y dejó claro que la carga al Producto Interno Bruto será considerable, especialmente desde el 2065.
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Como primer punto resalta que el Pilar Solidario, considerado como un programa social y no un derecho pensional, representa un costo estimado del 0,3% del PIB en 2025.
Así mismo, Andrés Velasco, director técnico del Carf, señaló que uno de los puntos álgidos es el Pilar Semicontributivo, que podría tener un costo del 0,2% del PIB en 2025, aumentando a 0,9% en 2065. Este pilar implica la devolución de saldos a los cotizantes y subsidios a aquellos que cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, sin acceder a una pensión.
Andrés Velasco, director técnico del Carf
Carf
“Sumando lo que implican las erogaciones del pilar solidario y el pilar semicontributivo, lo que tiene, digamos, el proyecto de reforma pensional implicaría unas discusiones presupuestales para adicionar para estos programas del pilar solidario y semicontributivo entre 0.5% y 1.2% al PIB entre el corto y el largo plazo”, explicó Velasco.
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Para este experto, “estos son recursos que tendrían que ser localizados anualmente en el presupuesto general de la Nación debido a que estos recursos no tienen una característica pensional, sino que son presupuestales”.
Entre tanto, el Pilar Contributivo, que abarca a los pensionados, también se enfrenta a desafíos financieros, ya que el CARF estima que las necesidades de Colpensiones aumentarán del 3% del PIB en 2035 al 4,8% en 2065 y una vez agotado el Fondo de Ahorro, proyectado para 2065, la Nación tendría que hacer transferencias adicionales a Colpensiones, alcanzando alrededor del 3,8% del PIB en 2066.
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“Nosotros estimamos que el valor presente del proyecto de ley como está hoy en día es más o menos de 40 puntos porcentuales del PIB, si utilizamos una tasa de descuento del 3%, que es la tasa de descuento que nosotros utilizamos y que en nuestras últimas estimaciones el pilar contributivo dejaría espacio para que el Gobierno utilice una pequeña proporción de los recursos cotizados en gasto corriente”, agregó.
Adultos mayores
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Ante esto, el Comité de Regla Fiscal hizo varias recomendaciones para el proyecto, la primera fue reducir de 3 salarios mínimos a uno el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones, ya que se espera que más personas contribuyan al sistema pensional, fortaleciendo su sostenibilidad y reduciendo la carga fiscal en el futuro.
El Carf también propone una revisión significativa en la introducción de la prestación anticipada, identificando este mecanismo como el de mayor impacto fiscal en la reforma, ya que reduce el número de semanas cotizadas necesarias para acceder a la pensión. Ajustar este aspecto esencial es crucial para equilibrar el sistema pensional y contemplar ajustes paramétricos en el futuro, garantizando así la estabilidad financiera a largo plazo.
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“Tratar de mitigar aún más el esquema de prestación anticipada podría mejorar, digamos, la sostenibilidad del sistema pensional y por lo tanto mitigar los riesgos fiscales”, agregó Andrés Velasco.
En cuanto a las condiciones para que las mujeres accedan a la pensión, el CARF aboga por una revisión integral. En lugar de reducir automáticamente las semanas de cotización, sugiere explorar medidas más alineadas con la economía del cuidado que impacta a las mujeres.
“La propuesta inicial de reducir 50 semanas por cada uno de los tres primeros hijos se considera más coherente con las necesidades de las mujeres y menos onerosa desde el punto de vista fiscal, proporcionando un enfoque más equitativo y adaptado a la realidad de las trabajadoras”, dijo Andrés Velasco.
Adicionalmente, se subraya la importancia de modificar la tasa de reemplazo para que la pensión refleje de manera más consistente la historia de los aportes de los cotizantes. Ampliar el período de tiempo considerado para calcular esta tasa podría tener efectos significativos sobre el impacto fiscal de la reforma, al mismo tiempo que contribuiría a un sistema más justo y equitativo.
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