Redacción
El gobierno presentó el articulado para la segunda ponencia de la reforma tributaria. Dos de los puntos presentados han generado una serie de alarmas entre actores del sector eléctrico por su potencial para incrementar los precios de la energía.
El primero de ellos hace referencia a la sobre tasa de 3 puntos porcentuales que se le pondrá a las hidroeléctricas; el otro está relacionado con el cambio de régimen de zonas francas para las centrales de generación térmica.
(Lea: Se cayó impuesto a iglesias que se proponía en la tributaria).
Estas dos tecnologías son cerca de la gran mayoría de la generación total en la actualidad. Por ejemplo, en septiembre, la producción de energía fue 87,2% renovable, en su mayoría proveniente de la hidráulica; por su parte, la generación térmica representó cerca de 12,8%. Esto muestra que ambas son la gran mayoría de la energía eléctrica total.
El articulado propuesto por el Ministerio de Hacienda señala que para el caso de las empresas cuya actividad principal sea la generación hidroeléctrica deberán liquidar una sobretasa de 3 puntos, con lo que quedaría establecida en 38% para los años 2023, 2024, 2025 y 2026.
Anteriormente Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen, había advertido que esto podría significar alzas en precio.
“No sería coherente después de todas las acciones programadas para reducir los precios de la electricidad poner una sobretasa a las hidroeléctricas”.
Dijo que este es un mensaje que desestimula a la industria y pone en riesgo las inversiones significativas en energías renovables y que están siendo adelantadas por las empresas que generan con esta fuente.
Sin embargo el mismo texto señala que “la sobretasa establecida en el presente parágrafo no podrá ser trasladada al usuario final”. Para esto señaló que la Creg y la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios deberán realizar estas inspecciones a las compañías.
(Además: ¿A qué se destinará el impuesto al carbono incluido en la tributaria?).
Al respecto, Alejandro Lucio Chaustre, director de Óptima Consultores y experto en regulación energética, explicó que es difícil evitar que se traslade a los consumidores y además establecer si se hace o no también es complejo. Esto porque establecer los costos del agua es complejo en sí.
Ahora bien, los térmicos también levantaron una alerta por cuenta del cambio en el impuesto de renta por cuenta de la modificación en su régimen de zona franca. Con anterioridad, una serie de generadoras estaban en zonas francas, con lo que su renta era menor y no debían nacionalizar la totalidad de los equipos.
Ahora el gobierno señala que para conservar estos beneficios las compañías deben presentar un plan de internacionalización y exportar un mínimo. Sin embargo, Andeg, gremio de las térmicas, señaló que “estas constituyen un servicio público que atiende a todos los colombianos”, por lo que su operación es netamente para el mercado local.
Precisamente Alejandro Castañeda, director de Andeg, explicó que los impactos en las facturas serán considerables. Los cálculos del gremio muestran que el kilovatio podría subir en $30, lo que en términos porcentuales quiere decir un incremento de entre el 8% y el 10% para los hogares y para un usuario industrial puede llegar a ser entre un 12% y un 15%.
Cabe recordar que la proporción de energía térmica aumenta cuando el nivel de los embalses y su capacidad de generación disminuye. Con esto, el mayor impacto se daría en un fenómeno de El Ñiño.
Castañeda señala que hay otros efectos. “Se exigirá un mayor esfuerzo fiscal por parte de la Nación, del orden aproximado entre $250.000 y $300.000 millones al año respecto a la referencia actual”, explica, puesto que implicaría un mayor esfuerzo fiscal para pagar subsidios de energía.
(Vea: Persiste la inconformidad de los gremios por la reforma tributaria).
Esto a pesar de que el recaudo por las zonas francas de las térmicas no sería superior a $50.000 millones cada año, destacó el líder gremial.
Estos dos factores, de acuerdo con las voces sectoriales significarán alzas en los dos principales componentes de la generación eléctrica, con lo que debería ser uno de los factores a tenerse en cuenta durante las discusiones del articulado que pasó a las Cámaras alta y baja del Congreso.
Cabe recordar que el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Irene Vélez, adelantó una serie de modificaciones para controlar el alza en el precio de la energía. Gracias a esto y a que las empresas generadoras renegociaron sus contratos de venta a los comercializadores se espera que haya una reducción de entre 4% y 8% en los últimos dos meses de este año.
Sin embargo, teniendo en cuenta estos factores que ha señalado la industria, los impactos podrían revertirse con lo que los precios continuarían altos en el servicio público.
Los cambios “significarían un retroceso en los avances que ya se han dado en materia de reducción de precios, gracias al Pacto por la Justicia Tarifaria”, concluyó Castañeda. Un riesgo que también ha advertido anteriormente Gutiérrez de Acolgen.
Daniela Morales Soler
